El tinte restrictivo del ultimo DNU presidencial (que lleva el número 641) y que entra en vigencia a partir de hoy hasta el 16 de agosto, hace «tabla rasa» en todo el país y promueve niveles de proscripción verdaderamente descabellados. En dicho decreto además del conjunto de prohibiciones que están implícitas en los anteriores DNU se afirma taxativamente: “A partir de la entrada en vigencia del presente decreto queda prohibido, en todos los ámbitos de trabajo, la reunión de personas para momentos de descanso, esparcimiento, comidas, o cualquier otro tipo de actividad, que se realice en espacios cerrados sin el estricto cumplimiento de la distancia social de DOS (2) metros entre los y las concurrentes y sin ventilación adecuada del ambiente. La parte empleadora deberá adecuar los turnos de descanso, los espacios y los controles necesarios para dar cumplimiento a lo aquí establecido. Luego agrega: “Quedan prohibidos los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente. La infracción a esta norma deberá ser denunciada por la autoridad interviniente a fin de que la autoridad competente determine si se cometieron los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación”.
Nótese que además de prohibir las relaciones familiares, y las actividades sociales de más de 10 personas, llama al mismo tiempo a denunciarlas tal como en oscuras épocas de nuestro país cuando se llamaba a “denunciar a los barbudos”.
En el decreto se hace hincapié que las actividades sociales son la mayor fuente de contagios. Inclusive se afirma que en el ámbito de la cena o de los almuerzos familiares crecen los descuidos y por lo tanto son un medio para la transmisión de la enfermedad. Cabría pensar entonces de acuerdo con esta lógica que en los próximos decretos estarán prohibidas la cena o el almuerzo en familia ya que producto de ellas las personas se contagiarán el COVID 19.
Ya que el presidente y su séquito con sus DNU a cuestas se toman muy a pecho la prohibición de los eventos o actividades sociales, es de suponer entonces que el trabajo asalariado cualquiera sea la disciplina laboral, ya sea en fábricas, en hospitales, en centros de distribución, en transportes, en bancos, en la minería y en el petróleo, en la producción de bebidas, en grandes centros comerciales y supermercados, en la producción de alimentos o neumáticos, o vehículos etc… también son fuente de contagios.
Ya que toda actividad laboral es una actividad social. Pero no, para estos casos la burguesía monopolista tiene unas palabrejas mágicas llamadas actividades esenciales y con ellas borra de un plumazo que estos eventos son también “actividades sociales”. Por lo tanto, estos DNU no solo buscan preservar todas las actividades convenientes a la producción de ganancias sino también al mismo tiempo limitar a los trabajadores a estas condiciones de disciplinamiento extorsivo sumamente reaccionario y facistoide.
Semejantes prohibiciones se asemejan a un estado de sitio, donde la burguesía se sentiría a sus anchas. La pretensión de obligar a la amplia mayoría de los trabajadores y el pueblo a someterse a estas condiciones de autoritarismo y cercenamiento de las libertades políticas que afectan inclusive a las propias familias y sus relaciones, no solo buscan preservar que la fuerza de trabajo esté garantizada para la producción, sino que en el seno mismo de las familias de los obreros sean los responsables de ello.
La perorata sobre los derechos humanos que el DNU se atreve a mencionar es otra afrenta a la realidad que se vive. Las condiciones de producción son una fuente muy real de contagios y es tan real que los trabajadores contagiados de Covid 19 han crecido exponencialmente en las diversas actividades laborales. Porque las condiciones de trabajo no garantizan derechos humanos de ninguna índole, porque a la burguesa monopolista y a su gobierno de turno -con Fernández a la cabeza-, todo ello le representa un costo que no quiere pagar y que lamentablemente pagan los trabajadores y el pueblo.
Por ello apela de forma generalizada a condicionar toda actividad social fuera de la actividad laboral o sea toda actividad que represente un riesgo para sus ganancias. Junto con ello, claro está, no cabe duda que se busca condicionar toda actividad que los trabajadores emprendan por la defensa de su derechos laborales, políticos y económicos. Es decir, se busca limitar y reducir a la nada todas esas actividades de lucha de los trabajadores y del pueblo por sus necesidades.
Ya que es cada día más evidente que toda la presión de los monopolios por reducir salarios y atacar convenios laborales promoviendo mas explotación y flexibilidad laboral está asociada a la intención de frenar la resistencia activa que impide a la burguesa monopolista imponer de forma abierta sus planes de opresión.
Las políticas burguesas multiplican los eventos sociales o actividades sociales que promueven la pobreza, la miseria y las condiciones de vida paupérrimas de millones de personas. ¿Acaso la concentración de las ganancias, la destrucción de fuerzas productivas, las mismísimas medidas económicas del poder como el pago de una deuda fraudulenta o la inflación desmedida no son actividades sociales impulsadas por una clase social que vive del trabajo ajeno y del empobrecimiento de millones?
Este decreto que se presenta en un escenario de crisis como el actual, donde el hartazgo generalizado salta a la vista y se expresa de muy diversas formas en fábricas y barriadas, tiene todos los visos de un manotazo de ahogado que intenta conformar a la clase a la que representa pero que la misma iniciativa de las bases impide. Este decreto no hace más que agudizar la crisis política lejos de poder apaciguarla. Como contrapartida se encuentra encorsetada por la lucha de clases en un plano de resistencia activa que no cede, sino que promueve más acción.