Es tristemente conocida la situación de hacinamiento carcelario en Argentina. La sobrepoblación es un problema que no para de crecer de manera sostenida durante los últimos años. De acuerdo a los datos oficiales de junio de 2020, hay unas 104.000 personas privadas de la libertad en cárceles y comisarías de todo el país, con una tasa de hacinamiento de 22,1 % a nivel federal, pero que se incrementa en los centros de detención provinciales. Hay que decir que más de la mitad de la población carcelaria no tiene condena firme, es decir, hay un uso sistemático de la prisión preventiva. Por supuesto, no se trata de un fenómeno local: la situación regional es muy grave, y forma parte de una política que engloba al aparato represivo de los Estados en su conjunto. En nuestro país, este problema que supone una grave violación de los derechos humanos, no parece tener relevancia para las diferentes administraciones que lanzan pomposas declaraciones que apuntarían a modificar la situación, que en definitiva se agrava con el paso del tiempo, de manera alarmante. Celdas con capacidad para dos personas están ocupadas muchas veces por 4, 5 o 6. Faltan medicamentos y atención médica en general. En Tucumán, y solo para tomar un ejemplo, ya desde el año pasado se viene denunciando que les dan de comer a los presos un sándwich por día: en diferentes centros de detención federales y provinciales tanto los internos como sus familiares han denunciado escasa alimentación y, muchas veces, en mal estado. Golpes y torturas ejecutadas por los esbirros del Servicio Penitenciario (Federal y Provinciales) son denunciados también de modo permanente, sin que haya ningún tipo de respuesta de la justicia que debería intervenir. La enorme mayoría de los presos son argentinos y argentinas pobres que conviven en condiciones miserables. Consideremos, en relación a lo que venimos desarrollando, el siguiente dato ilustrativo: en las cárceles de la Provincia de Buenos Aires hay aproximadamente unas 50.000 personas encerradas, cuando el cupo límite es de 25.000. Lo cual no requiere de gran sagacidad para deducir las consecuencias en términos de crisis humanitaria. Podríamos extendernos en la descripción de las condiciones de vida en estos centros de detención, que atentan contra toda dignidad humana: estar en una cárcel argentina es hoy, literalmente, una posible condena a muerte. Este oscuro panorama acerca de las condiciones de vida en las cárceles se agravó desde el comienzo de la pandemia. Es claro que las cárceles son focos de contagio dadas esas condiciones de hacinamiento a las que hacemos referencia. Ya durante los comienzos de la cuarentena decretada por el gobierno nacional, se sucedieron las protestas de los internos, siendo la de mayor envergadura la del penal federal del barrio porteño de Devoto, que derivó en serios incidentes, en la jornada de protesta en reclamo de excarcelaciones debido al temor al contagio de Covid-19. Reclamo que agravó, dicho sea de paso, la crisis política del gobierno de la burguesía. “Pedimos hisopado para toda la población. No nos condenaron a muerte, nos condenaron a las penas que estamos pagando. No pedimos escaparnos, no queremos que nos maten, pedimos salud y el derecho a la vida. No queremos que nos encierren para morir como ratas, no queremos morir”, reveló uno de los detenidos en el penal. La respuesta del gobierno, por supuesto, fue la de siempre: balas de goma, golpes, represión, heridos. Como ocurre cada vez que sucede una protesta o s levanta un reclamo contra tanta inhumanidad. El fin de semana pasado también se sucedieron revueltas y protestas, en este caso en cárceles bonaerenses: todo comenzó porque el Estado había dado marcha atrás con la autorización para que se reanudaran las visitas, suspendidas desde el 12 de marzo debido a la pandemia del coronavirus. El Ministerio de Salud consideró que no se podía aprobar el protocolo sanitario. Se parte, como siempre, de un contrasentido: se suspendieron las visitas para evitar la propagación de los contagios, lo cual implica reconocer las indisimulables condiciones de hacinamiento que convierten a las cárceles en campos de concentración. Con protocolos adecuados, se podría haber sostenido un sistema de visitas que, en medio de tanta desolación y abandono redundan en un bálsamo para quienes están privados de su libertad en semejantes condiciones. La visitas, algo tan importante para el detenido privado de todo, redundan en un alivio emocional para personas sometidas a la máxima tensión de tener todo el tiempo “el cuchillo en la garganta”, en condiciones de convivencia francamente demenciales. La suspensión del retorno de las visitas, programado para ese fin de semana, derivó en una serie de motines en diferentes penales de la Provincia. La fuerzas del Servicio Penitenciario Bonaerense respondieron con dureza a los motines: hubo gran cantidad de heridos y destrucción de las instalaciones habitacionales, ya de por sí más que precarias. Cabe destacar y para ilustrar la barbarie de los “agentes del orden” lo ocurrido en la Unidad 48 del penal de José León Suárez, donde el ensañamiento represivo llegó a límites insospechados. A tal punto que, estando ya “controlada la situación” como resultado de la brutal represión, los agentes del Servicio Penitenciario destruyeron el CUSAM (Centro Universitario de San Martín) construido con el esfuerzo de docentes y estudiantes, símbolo de la lucha por la dignidad en medio de un espacio tan indigno. Lo cual manifiesta a las claras el odio del Estado y su aparato represivo que, en las cárceles argentinas, tiene vía libre para dejar campear su violencia criminal.
Las cárceles, como lugares de detención para cumplir una condena, nacen con el sistema capitalista de producción. Forman parte del entramado institucional represivo del que se sirve la burguesía para tratar de mantener a raya a la población, entramado que está conformado por todas las fuerzas de seguridad (incluido por supuesto el Servicio Penitenciario), el sistema de justicia, y las instituciones físicas, como por ejemplo las comisarías y las cárceles. Todo este sistema jurídico-administrativo-policial posee derivaciones alarmantes. La cárcel forma parte de este sistema de control y dominación que la clase explotadora busca sostener, contra la clase obrera y el pueblo. Es una institución creada a la medida de sus intereses de clase. Por un lado, la prisión es un eslabón más del sistema represivo, y cumple una función social al servicio de la clase dominante en términos generales. No por nada la abrumadora mayoría de los detenidos son hombres y mujeres pobres y jóvenes, así como en Estados Unidos, por ejemplo, además de pobres y jóvenes, son afroamericanos. Por otro lado, la corrupción del sistema hace que los presos sean utilizados para “tareas” al servicio de las mafias enquistadas en el poder (tráfico de drogas, de armas, trata de personas, toda una serie de delitos en los que los “agentes del orden”, policías, penitenciarios y funcionarios tienen importante participación). Además, y sin intención de extendernos demasiado en el tema, los presos son también usados como “fuerzas de choque” para políticos y sindicalistas en calidad de patotas y barra bravas. Una nota aparte requeriría denunciar la situación de los detenidos en las comisarías, de manera ilegal ya que exceden en la gran mayoría de los casos los tiempos estipulados: sabemos que en las comisarías las torturas y hasta los asesinatos son moneda corriente, aún en los sistemas llamados “democráticos”. Y por razones de espacio es que también deberíamos dedicarle otra nota a la situación de extrema gravedad que se vive en los institutos de menores.
En suma, la cárcel es una institución corrupta, indigna, propia de un sistema decadente. Otra institución de la burguesía que ya no puede sostenerse y que, como todo en el capitalismo, se encuentra en estado terminal. Nunca fueron “centros de rehabilitación y resocialización” sino lugares de castigo que cumplen una función en todo este entramado demencial e inhumano conformado por el sistema capitalista de producción. Hace años que resulta tema de debate y se constituye en tarea urgente, para los protagonistas (y víctimas) de este sistema atroz, es decir detenidos y familiares, profundizar en las acciones que tiendan a modificar esta realidad.