El pasado 2020 cierra una década donde los pueblos del mundo se han lanzado a las calles en lucha por los más elementales derechos políticos, económicos y sociales arrebatados sistemáticamente por la oligarquía financiera y su capitalismo globalizado.
Esto en el marco de la recesión global del capitalismo ha generado la mayor crisis política de las últimas décadas y llevado a las distintas facciones imperialistas a una confrontación que pone en riesgo la paz en el mundo y la vida de millones de seres humanos.
Nuestra América es testigo vivo de esto. Millones a lo largo y ancho del continente se han alzado en rechazo a la situación de pobreza, de explotación y opresión en que se vive.
Frente a la agudización de la lucha de clases el poder burgués se unifica contra su enemigo común – el pueblo trabajador- lanzando una feroz e irracional represión sobre todo aquel que insinúe cuestionar su poder, el régimen capitalista y la democracia representativa.
Hoy nos ocupa Perú donde en los últimos meses las masas movilizadas cuestionan el actual “orden de cosas” exigiendo una Asamblea Constituyente que garantice las más amplias libertades políticas y sepulte para siempre con el “huevo de la serpiente” herencia del régimen corrupto y genocida de Fujimorì.
La respuesta del poder ha sido lanzar los perros de su policía política sobre todo aquel que piense distinto con el llamado operativo “Olimpo”, deteniendo a 72 miembros de MOVADEF (Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales).
Exigimos la inmediata libertad de los detenidos de dicho operativo, así como también la de todos los presos políticos y sociales del régimen. A continuación, publicamos el comunicado del “Comité de familiares de los detenidos del operativo Olimpo”:
A la opinión pública nacional e internacional
A los medios de comunicación, prensa escrita, radio y televisión del Perú y del mundo.
Nosotros, los familiares de más de 74 detenidos del llamado operativo “Olimpo”, expresamos nuestro rechazo y repudio contundente a este ilegal, arbitrario y abusivo operativo dirigido por la policía política del Perú (DIRCOTE) efectuado en horas de la madrugada del día 2 de diciembre, allanando 94 casas, de las cuales han roto puertas y ventanas, levantando en peso a menores de edad que se encontraban pernoctando junto a sus padres, golpeando a madres de familia por exigir la orden judicial de tal atropello, deteniendo a una madre lactante junto a su bebé, hostigándola con llevar al menor al INABIF, resquebrajando la salud de los adultos mayores, apresando a los abogados para negar todo tipo de defensa legal y maltratando física y psicológicamente a todos los detenidos y sus familiares.
Este hecho execrable se desenvuelve en medio de la más grande crisis generalizada de la sociedad peruana, en que las pugnas y componendas de quienes mandan en nuestro país centran en su afán de tener el control del Estado, en tanto remueven altos cargos de generales en la policía y donde hasta el momento ya tenemos 2 ex ministros del interior y uno nuevo dentro del gobierno de Francisco Sagasti; mientras que el pueblo peruano en norte, centro y sur expresa contundentemente su rechazo a este sistema de explotación y opresión capitalista y lucha por nueva constitución mediante asamblea constituyente, hecho que a toda costa quieren contener con la zozobra levantando un posible «rebrote» del llamado «terrorismo», ejerciendo imputaciones y difamaciones contra nuestros familiares que son madres de familia, madre lactante, abogados, jóvenes estudiantes, obreros, maestros, trabajadores, artistas, adultos mayores con enfermedades preexistentes, manchando honras y estigmatizándolos por ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, amparados en la Constitución Política del Perú en el capítulo 1 Derechos fundamentales de la persona, artículo 3 que detalla lo siguiente:
“A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público”
Como familiares nos preguntamos ¿Qué moral y qué orden público han ofendido nuestros familiares detenidos? Si quienes gobiernan nuestro país han centrado en peleas y componendas durante toda esta pandemia, incrementando la deuda externa con los organismos económicos internacionales hasta 100 años, generando desempleo masivo con la suspensión perfecta de labores y beneficiando con millones de soles a los grandes capitalistas en el Perú, además de los gravísimos actos de corrupción. ¡3 presidentes en una semana! ¿Quién altera el orden público? No son nuestros familiares, es el Estado peruano y su clase dominante. ¿Quién ha cometido asesinato, represión con perdigones y persecución política? No son nuestros familiares, son las Fuerzas armadas, la policía nacional y su grupo especial Terna, institución que representa y defiende toda esta podredumbre. ¿Quién asesinó a Inti, Bryan y Jorge? No son nuestros familiares, fue el Estado y su institución policial.
Nuestros familiares no han cometido delito alguno, han ejercido sus derechos fundamentales como la libertad de expresión, opinión, reunión y organización que la propia constitución asiste a todos los peruanos. Y han planteado consecuentemente luchar por una nueva constitución con el pueblo y para el pueblo mediante asamblea constituyente.
Denunciamos además que luego de 36 horas de detenidos y por exigencia de nosotros los familiares recién pudieron ingresar sus abogados, así como el ingreso de alimentos no perecibles y ropa de cambio, sin embargo hasta hoy no tenemos información del total de detenidos, por lo que exigimos que todas las organizaciones de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Cruz Roja intervengan para ingresar a este centro de tortura y verificar la situación de salud física y emocional de nuestros familiares en calidad de detenidos preliminarmente. Así también, queremos mencionar que todos estos hechos ponen a la palestra la ejecución del derecho penal del enemigo contra nuestros familiares, aduciendo “inminente peligrosidad” vulnerando sus derechos fundamentales, así como un debido proceso, derecho a la defensa y a la presunción de inocencia.
Exigimos también el cese de la campaña de estigmatización y persecución por parte del Estado y la Dircote contra nuestros familiares por razón de ideas, ya que en el último fin de semana hemos presenciado reportajes tendenciosos y fantasmagóricos en el que sólo se expresa el representante de la Policía Nacional del Perú, Gral. Oscar Arriola, jefe de la DIRCOTE, manifestando lo siguiente:
“No podemos darnos el lujo de ingresar al bicentenario con personas que todavía TIENEN EN SU MENTE el marxismo, leninismo, maoísmo pensamiento gonzalo bajo ningún punto de vista».
Así, lo que queda demostrado de boca del mismo jefe de la policía política es que se trata de persecución por ideas, prescribiendo, así, la libertad de pensamiento ad-portas al bicentenario, pretendiendo encarcelar a nuestros familiares cuando no han cometido ningún delito. Rechazamos tajantemente estas imputaciones y decimos:
¡NUESTROS FAMILIARES NO SON TERRORISTAS!
Además, los medios periodísticos sólo han dado espacio a los directivos de la DIRCOTE y seudo analistas ¿Y dónde queda el testimonio de nosotros los familiares? Bien sabemos que el ejercicio de veracidad periodística recae en la rigurosidad de la participación de todos los mencionados en dichos reportajes, y hasta hoy ningún medio recepciona nuestro derecho a réplica, tenemos derecho a ser entrevistados y defender a nuestros familiares.
Por todo lo expuesto, los familiares de los detenidos del llamado operativo olimpo exigimos la libertad inmediata de nuestros familiares.
PD: Adjuntamos la relación de detenidos y detenidas que se encuentran con enfermedades preexistentes.
¡Libertad inmediata de los detenidos del operativo olimpo!
¡Nuestros familiares no son terroristas!
¡Luchar por Nueva Constitución no es delito!
¡Pensar diferente no es delito, organizarse y reunirse tampoco!
Diciembre, 2020
Comité de familiares de los detenidos del operativo Olimpo