El 29 de enero pasado hemos escrito una nota en nuestra página web, referida al “retorno a las clases presenciales” propuesto de manera efusiva por los Gobiernos de turno (Nacional, Provinciales, Gobierno de la Ciudad). Ahí se señaló con claridad cómo la burguesía, utilizando a estos gobiernos cómplices y serviles, se valió de la pandemia para tratar de mantener a los trabajadores estatales en sus casas, evitando la protesta social en las calles, y de ese modo llevar adelante el descomunal retroceso en el salario que alcanza proporciones alarmantes. También se señaló cómo el conjunto de la comunidad educativa (entramos de lleno ahora a la cuestión de la educación) padeció los efectos de un encierro histórico, promovido por el Gobierno en el contexto del “cuidado de la salud”. Sin embargo, las “inversiones” en salud no existieron, y en educación tampoco: las condiciones para sostener la educación a distancia fueron deplorables (falta de conexión a internet, dificultad de acceso a la tecnología por parte de las familias) y perturbadoras, además, para la salud mental de toda la comunidad de estudiantes, familias y docentes.
Hoy, que las administraciones burguesas promueven la “vuelta a las clases presenciales” como si hubieran descubierto la pólvora (se dieron cuenta de la necesidad de la presencialidad, pero nos mantuvieron un año encerrados) y habiendo pasado todo este tiempo, la verdad es que las condiciones en muchas escuelas del país no son las mejores: no hicieron nada, como se dijo en la nota citada, para mejorar la situación de las escuelas. Particularmente, en lo que hace a la infraestructura.
Pongamos como ejemplo la situación en la Ciudad de Buenos Aires: la ministra Acuña, cuya gestión se ha caracterizado por su inutilidad, agita el retorno a las aulas y todo lo que se hizo fue repartir botellas de alcohol en gel y termómetros (en el mejor de los casos). Bajan las resoluciones y las indicaciones, pretendiendo imponer a la comunidad “los mejores criterios” para el mentado retorno a clases presenciales, a partir del 17 de febrero. Burbujas por grado (“la burbuja es el grado”, dijo alegremente en una entrevista) pero hay grados y cursos de diferentes niveles de 30 alumnos en muchos casos.
De un gobierno que no hizo nada por la educación, que bajó (en términos comparativos por efecto de la inflación) el presupuesto para un área que, según Larreta y sus secuaces, siempre fue una prioridad, no se puede esperar nada.
Y tampoco se puede permitir que pretendan imponer condiciones. Nadie discute que la vuelta a las clases presenciales es una necesidad para toda la comunidad educativa: pero no se puede volver con los “lineamientos” que pretende imponer el Ministerio de Educación de la Ciudad, completamente alejado de la realidad y de las necesidades de estudiantes, y docentes. Eso es inadmisible.
Ahora bien: ¿qué dice el “progresismo de izquierda”, ¿qué dicen los sindicatos docentes? La consigna es, básicamente, en pandemia no volvemos, y repiten sin mayores matices que no están dadas las condiciones para el retorno: porque faltan recursos e insumos, porque no se hicieron modificaciones en infraestructura, porque no está garantizado el transporte para ir a las escuelas, etc, etc.
Todo eso está muy bien, pero no hay ninguna propuesta concreta: las cúpulas sindicales deciden la posición política sin que exista ninguna participación de parte de los verdaderos protagonistas, que son los docentes, los alumnos y las familias. En realidad, los partidos de izquierda, el progresismo y los sindicatos sólo tienen como punto de mira la oposición al Gobierno de Larreta para llevar agua a sus respectivos molinos.
De hecho, el principal sindicato de la Ciudad (UTE) ni siquiera promueve asambleas por escuela. Y la verdad es que avalaron durante todo el año 2020 condiciones de trabajo francamente no deseadas, y salarios por el suelo. Y si algún sindicato cooptado por el activismo “de izquierda” se llena la boca promoviendo las asambleas por escuela, vienen realizando “asambleas abiertas” para la comunidad educativa, completamente controladas por los aparatos partidarios, más allá, del discurso que promueve la libre expresión y la decisión por el voto de las mayorías. Nada de eso ocurre.
Las verdaderas asambleas que han sostenido algunos establecimientos educativos (es decir, asambleas de base, con trabajadores docentes, asistentes y auxiliares escolares, y estudiantes) han sido boicoteadas por los sindicatos toda vez que pudieron hacerlo, con la única intención de seguir construyendo el aparato e imponer los criterios afines a sus posiciones políticas.
Por eso, el “no volvemos en pandemia”, el rechazo a la presencialidad en las clases, es un ropaje discursivo alejado de la realidad cotidiana de la comunidad educativa: no porque sea cierto que estén dadas todas las condiciones para el retorno a las aulas, sino por el hecho de que esas consignas no representan necesariamente el punto de vista de los verdaderos protagonistas, que son los estudiantes, los docentes y las familias.
Por ello, debemos promover asambleas de base, por establecimiento educativo, para que, desde la realidad concreta de cada lugar de trabajo, se discuta, se analice y se voten iniciativas en el contexto del ejercicio de una democracia directa que represente los intereses de las mayorías.
La posición del Gobierno de la Ciudad es inadmisible: plantea protocolos incumplibles, “burbujas” que no se pueden sostener sin serio riesgo de contagio, no proporciona los recursos necesarios para garantizar condiciones sanitarias básicas, sostuvo desde la palabra vacía la “educación como prioridad” pero paga salarios miserables y reduce el presupuesto. Pero la respuesta no puede ser una negativa al regreso a clases que sólo se plantea en términos de oposición política, sin siquiera conocer la realidad de cada institución.
Los sindicatos no representan a los trabajadores docentes, sólo persiguen su propio interés. Detestan la construcción de poder local y la unidad de las luchas, porque saben muy bien que las asambleas participativas y masivas autoconvocadas constituyen un serio peligro para su existencia de aparato burocrático. Por todo ello, volvemos a insistir en el planteo de fondo: asambleas autoconvocadas por escuela, para que sea la comunidad educativa la que tome las decisiones que marquen el camino a seguir.