El proceso de llamado a una audiencia pública, con el carácter de no vinculante, es una farsa mas de este sistema, que quiere teñir de “democrático” todo acto de la dictadura de la burguesía monopolista .
En nuestro país y en la provincia hemos sido ampliamente afectados por los ajustes tarifarios en servicios esenciales por decisiones políticas de los gobiernos, de la Alianza PRO-UCR, como de los popular y nacional actuales de los Fernandez – Fenandez y en lo local Peppo y ahora Capitanich. Desde siempre se aumento todos los servicios, el gobierno de Domingo Peppo rápidamente se subió el carro de los tarifazos seriales, célebre es su discurso de asunción donde anunció ajustes tarifarios antes que el propio Macri, y rápidamente replicó con creces los ajustes sucesivos sin siquiera definir un esquema de resistencia política que podría/debería haber tejido con el arco político opositor al gobierno nacional de aquel momento.
Las consecuencias de la decisión tomada por el ex gobernador entre diciembre del 2015 y 2019, fueron por un lado un brutal ajuste de las tarifas y por otro el endeudamiento de SECHEEP en más de 5.000 millones de pesos, siendo la Empresa Provincial la principal deudora de Cammesa. Ni hablar de SAMEEP, que fue una “zona liberada” para que el hoy intendente de Resistencia, Gustavo Martinez, construya su “caja” con la anuencia de los organismos de control.
Los chaqueños fuimos así víctimas de incrementos tarifarios, en todos los servicios, la energía, la telefonía celular, gas envasado, también al transporte y al agua potable que no guardaron ninguna relación con la variación de los ingresos. Ahora eso continua, por un lado la baja cada vez mayor de los salarios y por otro lado el aumento desmesurado de el combustible y os elementos esenciales para vivir.
Esto pone en evidencia como funciona el gobiernos de los monopolios, donde es una política de estado la explotación, la expoliación de los magros recursos del pueblo, siempre el que tiene que pagar todas las crisis es el pueblo y la clase trabajadora.
No puede haber ningún ajuste tarifario, especialmente teniendo en cuenta que estamos hablando del acceso al agua y a la energía, no solo como servicios que el Estado debe garantizar, sino también como Derechos Humanos fundamentales para el desarrollo de las personas y la sociedad, de la sociedad que soñamos, en donde todos vivamos bien y dignamente, donde el ser humano sea el centro de todo, y no el lucro, no la ganancia, no el capital.
La salida que tenemos como trabajadores, como pueblo es la gran audiencia popular, que nos movilicemos e impidamos el aumento tarifario de ningún tipo, desde cada barrio, desde cada escuela, lugar de trabajo o fabrica, desde cada expresarnos de la forma que nos podamos organizar para impedir este aumento. Vamos que lo vamos a conseguir y este aumento ¡no va a pasar!