La provincia del Chaco finaliza la quinta semana de conflicto entre los trabajadores de la educación y el gobierno de Jorge Capitanich.
En ese tiempo hubo varias instancias de negociación y masivas movilizaciones en todas las localidades. El viernes 26 de marzo se produjo un episodio que todos temían pero a pocos sorprendió: un coro de sindicalistas firmó un acuerdo con el poder ejecutivo, aceptando la última oferta que la patronal había presentado el martes 22.
Solo los docentes de base, autoconvocados y en un par de entidades sindicales, sostuvimos la decisión de rechazar por insuficiente el ofrecimiento oficial.
Capitanich y sus lugartenientes Santiago Perez Pons (Economía) y Daniela Torrente (Educación) pretenden recargar en los hombros de los maestros el peso de los desmanejos en las cuentas provinciales.
Aunque las transferencias por coparticipación y la recaudación provincial vienen en aumento y superan el crecimiento de la inflación, argumentan que el Estado local está en rojo. Se trata de un ajuste en toda regla: reducir los gastos en el rubro salarial en proporción a los ingresos generales, para continuar desviando fondos de educación a fines distintos.
En el marco de un paro sin asistencia a las escuelas y con movilizaciones incesantes, maestras y maestros elaboramos una consulta por instituciones impulsada por uno de los sindicatos. Fueron 800 planillas donde quedó refrendada la voluntad mayoritaria: continuar con la lucha.
Los sindicatos que dieron su respaldo al oficialismo lo hicieron a sabiendas del amplio rechazo que habíamos expresado desde el cuerpo docente en todas las plazas, calles y rutas de la provincia. Fue una muestra más de la distancia entre las dirigencias sindicales y quienes estamos en el aula, que supimos llamar por su nombre: traición.
La bronca que acumulábamos por el manoseo que sufrimos estalló al conocer la claudicación de los burócratas, y se tradujo en un repudio a las organizaciones y sus cabezones. Hubo escraches en los locales sindicales y los titulares de las entidades tuvieron que andar a escondidas para escapar del reproche de los docentes movilizados.
En concreto, desde marzo el salario inicial de un docente chaqueño será de $26.197 y el que esté al final de su carrera llegará a $39.512, todo eso cuando pueden alcanzar la designación en un cargo, porque hay miles sin trabajo. Estos sueldos siquiera alcanzan a la canasta básica (que mide el nivel de pobreza, según el INDEC), que en febrero estuvo en $57.997. Eso es lo que aceptaron los sindicatos y rechazamos maestras y maestros.
Las penurias que padecemos incluyen desplazarnos de una escuela a otra, muchas veces en localidades distintas, y durante la cuarentena debimos sostener con nuestros recursos la implementación de la educación a distancia.
Junto a las exigencias de recomposición salarial, nos oponemos al regreso a las clases presenciales por falta de garantías de bioseguridad en el marco de pandemia. Dejamos a la vista el terrible estado de la infraestructura escolar en las instituciones de toda la provincia: falta agua, energía eléctrica, mobiliario, material didáctico, y sobre todo elementos de prevención para el coronavirus y el dengue, las pestes que nos asolan.
Además, exigimos un sistema de designaciones transparente, que permita acceder a los cargos vacantes en el sistema educativo.
Ahora se abre un nuevo capítulo, con el protagonismo de las y los docentes de base en el centro de la cuestión. Nos queda sostener el reclamo escuela por escuela y localidad por localidad, para que el gobierno atienda las necesidades de la comunidad educativa provincial.
Hemos construido herramientas de debate, toma de decisión y coordinación de actividades con alto grado de participación democrática. Confluimos con otros sectores en la decisión de enfrentar el ajuste, como el personal de salud, judiciales, de la administración central y de la empresa Sameep.
Queda demostrado el lema que hemos levantado desde el principio: ¡La lucha está en nuestras manos!
#DocentesEnLucha
#ClaseContraClase