Los anuncios luego de las PASO sólo implicaron más beneficios para los monopolios.
Los realineamientos dentro del peronismo y los cambios ministeriales luego de la derrota electoral, no son simples cambios de nombres. Aun en el medio del desbarajuste político que afronta el gobierno y todas sus corrientes internas cada cambio y cada individuo trae detrás de sí (o representa a, que es lo mismo) facciones de la burguesía monopolista que aprovechan la situación para desmarañar el camino de los negocios que tales facciones persiguen.
Un día después de las elecciones el titular de Toyota en Argentina y presidente de ADEFA (Asociación de Fabricantes de Automotores), Daniel Herrero, se sentó en la primera fila de un acto en la Casa Rosada dando una clara señal de que su sector se mantenía al lado de un gobierno en plena crisis. Claro está que esas demostraciones tienen como contrapartida medidas que el Estado de los monopolios, a través del gobierno, decidió pocas semanas después. Nos referimos a la eliminación de retenciones a las exportaciones de la industria automotriz; mediante esta medida se dispone que en el año 2022 las empresas continuarán tributando con las alícuotas actuales hasta un monto equivalente a las exportaciones del año 2020 (año de la pandemia plena en el que el nivel de exportaciones cayó abruptamente) y, por las exportaciones adicionales, dejan de tributar derechos de exportación.
Como beneficio particular para su empresa, Guerrero consiguió que la semana pasada se “votara en una asamblea” en la planta de Toyota la obligatoriedad de trabajar los días sábados con la complicidad de la traidora dirigencia del SMATA, en un avance concreto de aplicación de la flexibilidad laboral. Como se aprecia, el gobierno de los Fernández no pierde el tiempo presentando leyes en el Congreso sino que impulsa medidas de reforma laboral que atacan los derechos y conquistas obreras allí mismo en las empresas. Valga este comentario para los ilusos que vociferan contra “la derecha” que vendría a realizar esa tarea mientras la misma es llevada a cabo por el gobierno “popular”.
Otra de las medidas tomadas en las semanas pasadas es el levantamiento de las restricciones a la exportación de la llamada “vaca conserva”, que representa el 89% de la producción ganadera, y el anuncio de créditos a tasa preferencial para criadores ganaderos y feedlots, medidas que fueron aplaudidas por el consorcio ABC que nuclea a los principales monopolios exportadores de la industria de la carne que, además, ya habían sido beneficiados con el otorgamiento de la “Cuota Hilton”.
A ello se suma el anuncio de la ley que beneficia con exenciones impositivas y subsidios al complejo agroindustrial, ley que el Consejo Agroindustrial Argentino venía impulsando desde mediados del año pasado, y que con la llegada del ministro Julián Domínguez a Agricultura, Ganadería y Pesca, fue sacada de los cajones del parlamento burgués en tiempo récord. Este proyecto contempla beneficios impositivos, exenciones y subsidios para un sector que encabezan las grandes cerealeras y que reúne a monopolios que entrelazan intereses en la producción agropecuaria industrial de distintas ramas como así también sectores de las finanzas y los servicios. De hecho, uno de los referentes de ese Consejo es José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, quien tiene más de 40 años de trayectoria en Cargill; o su presidente, Gustavo Idígoras, ex ejecutivo de Monsanto y que fue agregado agrícola en Bruselas durante 2004 y 2009. Valga aclarar, gobierno de Néstor Kirchner.
Como se puede apreciar, el entrelazamiento entre monopolios y Estado es un hecho irrefutable. Cada medida de las anunciadas beneficia a ciertos grupos en desmedro de otros y consagra la profundización de la centralización y concentración de capitales que se hacen de las herramientas del Estado monopolista para su exclusivo beneficio. Con el discurso de siempre: que traerán nuevas inversiones como condición para superar la crisis. Discurso degradado por la propia realidad que indica que los beneficios para los monopolios son inversamente proporcionales a los beneficios para la clase obrera y el pueblo.
La comprobación está a la vista; las medidas pos electorales que se anunciaban como medidas para “poner plata en el bolsillo de la población” derivan en realidad en seguir poniendo plata en los bolsillos de los monopolios que tienen al Estado y al gobierno del color que sea siempre a favor de sus intereses de clase.