Cuando hace 20 años atrás el pueblo en las calles derrocó al gobierno de la Alianza, y a cuatro presidentes más en una semana, se expresó algo más que la caída de un gobierno.
En esas jornadas se condensaron miles de jornadas de lucha a lo largo y ancho del país contra las políticas que en la década del 90 impuso la burguesía monopolista; políticas que significaron una profunda reestructuración de la economía argentina y que dejaron como consecuencia altos porcentajes de desocupación y de pobreza, junto con la pauperización permanente de amplios sectores populares que ya nunca saldrían de esa situación. De hecho, el propio gobierno de la Alianza, apenas asumido, debió enfrentar la sublevación del pueblo correntino, que cortó durante días el estratégico puente que une esa provincia con la provincia del Chaco.
Pero como decíamos, el llamado “Correntinazo” de diciembre de 1999 estuvo precedido por las sublevaciones en Tartagal y Gral. Mosconi (Salta) a principio de los 90; el “Santiagueñazo” en 1993; Cutral Có y Plaza Huincul (Neuquén) entre los años 96/97, sólo para nombrar los más destacados ejemplos. Por ello afirmamos que la caída del gobierno de la Alianza fue más que eso; fue la derrota de un programa político y económico de la burguesía monopolista aplicado durante toda una década, con una resistencia que fue creciendo con los años y que culminaría con la sublevación de diciembre de 2001, que obligó a la clase dominante a reconfigurar y determinar cambios en las formas y contenidos de sus políticas para garantizar la continuidad de su dominación.
Es así entonces que los gobiernos asumidos luego de los hechos de diciembre de 2001 (primero el de Duhalde y luego el de Néstor Kirchner), lo hicieron condicionados por esa expresión del pueblo argentino.
Y, además hay que recalcarlo, que como en todo proceso en el que se generan profundos cambios, aun sin haber estado en disputa la dominación de la burguesía como clase poseedora, el pueblo puso más de una treintena de muertes en todo el país.
Es decir, que las políticas que luego vinieron no fueron producto de la bondad de la burguesía y sus gobiernos sino de la conquista de la lucha popular en las calles, con sus mártires incluidos.
Durante aquellos años 90 se desató una andanada política e ideológica que significó al interno del país un alto grado de consenso social a las políticas de liberación económica, de facilitación para la radicación de capitales, de privatizaciones y de desarme aun más pronunciado de la capacidad política de los sectores obreros, todo ello acompañado por una profunda reconversión tecnológica en la base productiva que arrojaron como resultado llegar a niveles de desocupación de más del 20% a finales de esa década.
Esto significó que en toda esa década la acción de la clase obrera se viera altamente condicionada. De allí que los sucesos de 2001 no encontraron a la clase de vanguardia en un papel activo como clase organizada; los sectores predominantes en las movilizaciones de aquellos días fueron, fundamentalmente, los desplazados de la producción junto con los sectores medios de la pequeña burguesía y grupos de trabajadores ligados a los servicios. Así y todo, el carácter masivo y combativo de esas jornadas tuvo la contundencia que determinó la caída del gobierno y los planes de un sector de la burguesía monopolista.
Como decíamos más arriba, el alzamiento popular fue condicionante de las políticas que la clase dominante debió poner en marcha. Ello en el marco que, ante la inexistencia de una alternativa revolucionaria de la clase obrera y sus organizaciones políticas, la clase en el poder tuvo ante sí la posibilidad de encauzar el rumbo del barco de la burguesía y recomponer su situación.
Precisamente, si alguna lección hemos sacado los revolucionarios de aquella gesta es la necesidad que la clase obrera cuente con un proyecto y organización política propios que la ponga en condiciones de atraer bajo su dirección al resto de los sectores populares, en disputa abierta contra el enemigo de clase.
Las condiciones económicas, políticas y sociales en las que se encuentra nuestro país, veinte años después, son tan malas o peores tal vez que las de aquel momento, con altísimos niveles de explotación y de opresión a la clase obrera y conjunto de los sectores populares.
Dichas condiciones, y la tozudez de la lucha de clase como topo de la Historia, pueden augurar levantamientos similares a los de diciembre de 2001. De hecho, los sucesos de estos días en la provincia de Chubut son una muestra palpable de lo que decimos.
Pero reiteramos, es indispensable que los revolucionarios no cejemos en las tareas políticas, ideológicas y organizativas para que la clase obrera construya el proyecto político revolucionario y juegue el papel de clase de vanguardia de todo el pueblo, desplegando una intervención política en la lucha de clases que se vislumbre como la alternativa de cambio revolucionario que se disponga a la lucha por el poder.
A diferencia de 2001, la clase obrera se ha echado a andar y ha sido protagonista de las principales luchas a partir de marzo/abril de 2020 y ese escenario marca todavía con más énfasis hacia dónde dirigir las tareas de los destacamentos de la revolución, con la convicción de que sin esas condiciones y sin esa intervención clasista no pondremos en jaque real la dominación de la burguesía.