Tras las elecciones legislativas el gobierno nacional retomó algunas iniciativas que tenía paradas porque no le cuajaban en el discurso electoral. Hablamos particularmente de la política extractivista.
A la iniciativa megaminera llevada a cabo en Chubut le sigue ahora la explotación petrolera mar adentro (explotación offshore). El primer caso fue ampliamente repudiado por el pueblo trabajador chubutense, que dio muestras de un elevado grado de combatividad, con el aditamento especial que tuvo la irrupción del proletariado portuario con su huelga por tiempo indeterminado, elemento central para la superación del conflicto.
El caso de la costa bonaerense también viene mostrando un rechazo generalizado. Sin embargo, los niveles de movilización, todavía no han alcanzado la intensidad necesaria.
Cabe aclarar que las petroleras no se instalan a explotar petróleo de una, sino que primero desarrollan tareas de exploración. Por eso todavía existe la expectativa de que en realidad los proyectos no avancen.
Lo cierto es que en el caso Chubut el progresismo en general se llamó al silencio absoluto, por tal motivo no hubo un gran debate al respecto. La contundencia de las masas resolvió las discusiones. Con el caso del petróleo la cosa es diferente, pero no solo porque el conflicto todavía no escaló, sino porque los intereses en juego son otros.
En primer lugar, los capitales que se disputan la concesión de esas áreas están más instalados en los resortes estatales que la minera Pan American Silver (Chubut). En el caso petrolero la adjudicación es por tres áreas: CAN 100, CAN 108 y CAN 114, todas adjudicadas a EQUINOR, empresa “estatal” noruega que trabaja en alianza estratégica con Shell y Microsoft. Puntualmente en CAN 100 EQUINOR opera en sociedad con YPF y Shell, y en CAN 114 con YPF.
Por su parte el fuerte de Shell en Argentina es el refino, con su planta de Dock Sud forma parte de las tres grandes refinadoras junto con YPF y Pan American Energy.
En downstream (extracción) ha iniciado una campaña para recuperar posiciones. Así, durante el gobierno de Macri concretó tres UTE’s con YPF –una forma particular de transferencia de recursos desde YPF hacia las privadas-. La primera en Bajada de Añelo; otra en Bandurria Sur, al comprarle a Schlumberberg su participación en la UTE; y por último CAN 100, que se firma a fines del 2019, con la salida de Macri, y se aprueba su constitución en abril del 2020, con el gobierno de Fernández.
Desde este punto de vista no hay ningún conflicto de intereses entre el gobierno saliente (Macri) y el entrante (Fernández). La participación de Shell en todo el segmento de upstream (refino, transporte y expendio de combustible), su política de retomar posiciones en el downstream, la histórica injerencia que ha tenido en altos puestos del Estado –como el reciente ex presidente de la Shell en Argentina y ex Ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren- le dan un peso específico que se distancia mucho de la situación de Pan American Silver en Chubut.
UN POCO DE PERSPECTIVA HISTÓRICA
Tras la privatización de YPF las reservas hidrocarburíferas fueron rápidamente agotadas. La privatización no fue solo una transferencia de activos de YPF sino también la entrega de áreas de explotación que habían sido exploradas por el Estado y rápidamente explotadas por los capitales privados que salieron ganando con las privatizaciones.
Estas empresas no invertían en exploración, es decir, en buscar nuevas reservas, sino que se dedicaron a secar pozos lo más rápido posible para exportar petróleo en un contexto internacional histórico de precios alcistas.
La reducción de las reservas ponía en peligro a otros sectores industriales, puesto que los hidrocarburos constituyen nuestra principal fuente de energía.
Así desde el Estado se tomaron nuevas iniciativas para darle cierto marco regulatorio a la explotación petrolera: sacaron el Plan Petróleo Plus y el Refinación Plus, que consistieron en subsidios al sector para retener los barriles en el mercado local.
En el 2006 se firma un acuerdo con las provincias y más tarde se promulga la “Ley federal de hidrocarburos” cuyo objetivo era terminar con las disputas por el cobro de regalías entre nación y las provincias. Así se determinó que las provincias perciben todo el monto de regalías por la explotación tierra adentro (onshore) y el Estado nacional las regalías mar adentro (offshore). Este elemento es importante, porque implica que la explotación de CAN 100 pasaría a brindar ingresos por regalías directamente hacia el Estado Nacional. En el marco de la crisis de deuda externa, se entiende el porqué de este tipo de iniciativas.
En ese contexto, un par de años antes del acuerdo federal se crea ENARSA (renombrada IEASA durante la gestión de Macri) cuyo objetivo era explorar y explotar la plataforma submarina. Si bien concretó algunos acuerdos con ENAP-Sipetrol, Repsol y PDVSA, su papel fue marginal.
Cuando el horizonte de reservas llegaba a niveles alarmantes en 2011, y los combustibles pasaron a representar el 13,25% de las importaciones nacionales (lo que equivalía al valor excedente de la balanza comercial de dicho año) la situación se tensionó. Sin embargo, el precio del petróleo continuaba en un alza histórica, lo que abría la posibilidad de explotar formaciones más costosas.
Ahí es donde aparecen dos vías de posible desarrollo petrolero: Vaca Muerta y la plataforma submarina. Ambos proyectos cuentan con costos de producción más elevados que la explotación onshore tradicional, pero el precio del crudo, más el abaratamiento del capital constante por el propio desarrollo del capitalismo, permitían abordar este tipo de producción con márgenes de ganancia. Además, ahí aparece el Estado argentino con YPF como herramienta para subsidiar al sector privado y garantizar la tasa de ganancia.
La discusión en ese momento era a qué apostar: todo el financiamiento de YPF a Vaca Muerta, o diversificarlo y destinar una partida a la producción mar adentro. La posición triunfante fue el desarrollo intensivo de Vaca Muerta, con el antecedente de que la actividad exploratoria previa en la plataforma submarina nunca había arrojado resultados muy promisorios.
La historia siguiente es conocida: YPF se endeudó, transfirió recursos y garantizó su cuota de ganancia al capital trasnacional, con algunos cambios de beneficiarios de acuerdo a los gobiernos de turno.
En la década subsiguiente el precio del crudo se desmoronó a nivel internacional, al tiempo que se iba desarrollando Vaca Muerta y vaciando de fondos a YPF. Con la explotación no convencional ya desarrollada, las áreas de explotación bien repartidas, y una clara política de gobierno que da incentivos a la exportación petrolera, reaparecen los proyectos para afrontar inversiones mar adentro.
Que éstos son los objetivos del gobierno no es ningún secreto ni tampoco especulación, basta tan solo escuchar al Secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, en un acto organizado por el Instituto Argentino de Gas y Petróleo (IAPG) donde afirmaba que los objetivos del Plan Gas.Ar son justamente “el aumento de la producción, y de la exportación, con los objetivos de abastecimiento de la demanda interna, el incremento del Valor Agregado Nacional, el incremento de los recursos provinciales, el fortalecimiento del ingreso de Divisas y de las reservas del BCRA.”[1]
Y a continuación decía: “Es por ello que sería razonable que todos los actores del sector, Y LAS (sic!) Empresas en particular, respalden con firmeza este proyecto, con mensajes claros que seguramente recibirán los Legisladores, y así, ayudar a transformar este proyecto en la Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas. Cuanto antes esto ocurra, antes habrá nuevo impulso a la actividad”.
¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES HIDROCARBURÍFERAS?
En dar vía libre a la producción de petróleo para la exportación, es decir, plena depredación, acompañada de un paquete de exenciones impositivas, muy lejana por cierto al tan consabido discurso de la “soberanía energética”.
Al contrario, se trata de secar rápidamente las reservas de crudo aprovechando los precios internacionales actuales y la crisis energética global.
La rapiña de la burguesía en este tema es tan grande que los efectos ambientales no entran siquiera en el cálculo. En el mismo discurso el Secretario de Energía declaraba que: «Algo estaremos haciendo bien los argentinos. Digo esto, porque la producción de Gas y de Petróleo está manteniendo un ritmo creciente que lleva a saturar gasoductos y oleoductos, alcanzando permanentemente récords de producción total y de no convencional, récords de fracturas, de actividad, y de exportaciones.» (las negritas son nuestras)
Decía esto días antes que se produjera el derrame producido por la fisura de un oleoducto de Oldelval en la provincia de Rio Negro, estimado en una cantidad de 20.000 barriles de crudo que pretendían ser contenidos en una pileta Pelopincho colocada debajo de la tubería.
Esta situación parece que al Secretario de Energía le hace gracia y la interpreta como un buen indicio de lo bien que viene la producción.
De la misma manera, la Resolución 436/2021 que habilita la exploración en el área CAN 100 de la costa atlántica aclara que el análisis de impacto ambiental está todavía incompleto: en el artículo 5 menciona que falta el informe final de monitoreo de fauna marina, y en el artículo 6 hace referencia a la ausencia del plan de contingencias. Aspectos que, para este gobierno del capital, son evidentemente menores.
Volviendo al tema económico, otra de las cosas que hace ruido, mucho ruido, es la rebaja impositiva que se establece en el Decreto 900/2021, firmado por Alberto Fernández, Martín Guzmán y Juan Manzur. Es que, de acuerdo a la ley de hidrocarburos y sus modificaciones ulteriores, la explotación offshore cuenta con determinados beneficios por sobre la explotación tradicional. Entre ellos la posibilidad de solicitar rebajas importantes en las regalías. Pero en este caso, considerando que todavía ni siquiera se ha probado la existencia de hidrocarburos y, por lo tanto, tampoco las condiciones de explotación –como ser profundidad de pozos, etc.- adjudicar semejante rebaja impositiva resulta, cuanto menos, escandaloso.
Estamos hablando que durante los primeros 10 años de explotación, en el caso de hallarse petróleo, las regalías serán solo del 6%, y del 9% durante los 10 años siguientes. Esta sola señal del gobierno implica que políticamente están dispuestos a habilitar áreas de explotación independientemente de las condiciones de explotación que requieran.
Por último, debemos aclarar una cuestión. El permiso otorgado es por exploración, es decir, van a “buscar” petróleo. No quiere decir que ya se vaya a instalar una plataforma.
Sin embargo, de acuerdo a la ley de hidrocarburos (17.319) el descubrimiento de un yacimiento por una concesión de exploración puede convertirse en concesión de explotación rápidamente. Habiendo “pasado” los tramites exploratorios, pasar los trámites de explotación no constituye un impedimento.
ALGUNAS CONSIDERACIONES POLÍTICAS
En primer lugar, el progresismo vuelve a la carga con la tan afamada “soberanía energética”, un discurso que se cae tras el desarrollo de Vaca Muerta, que, si bien todavía no garantiza el autoabastecimiento, ello es cuestión de tiempo y maduración de pozos.
Por otro lado, tampoco se encaran inversiones energéticas que tengan impacto a gran escala, como energía hidroeléctrica, por ejemplo.
Estos aspectos, sumado a las declaraciones del Secretario de Energía, al contexto del mercado internacional y a los planes recaudatorios del gobierno, dejan en evidencia que la preocupación no es el autoabastecimiento energético.
De hecho, funcionarios de gobierno y analistas en el tema recurrentemente afirman que es deseable explotar el petróleo argentino lo más rápidamente posible, previendo una posible caída de precios a futuro por la reconversión energética, al menos, de los medios de transporte urbano a escala planetaria.
Otra parte del arco progresista, un ala “critica” a la gestión de Fernández, dice que la “soberanía energética” se pierde porque se le entrega la exploración de petróleo al capital trasnacional, a empresas como Shell.
En el fondo ese tipo de posición no está en contra de la explotación de la plataforma submarina, sino que los problemas económicos y ambientales serían responsabilidad del capital privado.
Este argumento se desarma por si solo con las declaraciones citadas, o con el simple hecho de que YPF, el “baluarte nacional y popular” es en realidad una sociedad anónima regida por la ley estadounidense, y que es utilizada como palanca financiera para transferir recursos sobre el capital privado. El detalle de este mecanismo lo expondremos en un trabajo de fondo al respecto.
Por otro lado, hablar de “soberanía energética” cuando el capital hoy es trasnacional, y por lo tanto el Estado, como herramienta al servicio del capital, responde a intereses de la burguesía mundial, que no tienen nada que ver con “particularidades nacionales”; hablar de soberanía energética en el marco del Capitalismo Monopolista de Estado que vivimos es, sencillamente, ridículo.
Por otro lado, hay expresiones que consideran el desarrollo de la producción, por más contaminante que sea, como parte del desarrollo de las fuerzas productivas. Eso es una verdad a medias.
Por un lado, la producción contaminante sobre determinado territorio puede desarrollar fuerzas productivas en un sentido (petróleo, por ejemplo) pero destruirlas en otro (pesca, agricultura, etc.).
Forma parte de las contradicciones del sistema, y la determinación de qué tipo de desarrollo conviene depende de las circunstancias históricas y sociales particulares. Más si el desarrollo de una u otra se opone a la voluntad del pueblo trabajador, la “conveniencia” se mide desde el punto de vista del interés de clase. Y el interés de clase está determinado por la posibilidad de enfrentamiento a la superestructura estatal y a los planes de la burguesía.
Por tanto, partir del principio de que toda producción equivale a desarrollo de fuerzas productivas es errado, cuando no concibe dialécticamente que la relación de esa producción con la naturaleza puede a su vez destruir otras fuerzas productivas, de otras ramas de producción.
Un hilo común entre esta interpretación y la formulación de la “soberanía energética” consiste en desear un cada vez mayor número de inversiones en el país, para que la economía crezca o para «que haya más trabajo».
Este razonamiento contiene dos errores. El primero, asociar “crecimiento económico” con “beneficio para la clase”, generando expectativas en que la correcta administración del Estado (es decir, los gobiernos) pueda llegar a resolver o mitigar algunos problemas como el desempleo.
El segundo se trata de una concepción, en el fondo, nacionalista: la aspiración de que el país tenga un peso económico más importante en la economía mundial. El problema es que la era de los nacionalismos terminó, y en este mundo trasnacionalizado las economías nacionales cumplen un simple papel como parte de una división internacional del trabajo cada vez más segmentada, cuyo principal móvil de desarrollo de inversiones es la búsqueda de los menores salarios.
Y aquí es donde se unifican los dos puntos anteriores: el crecimiento económico actual, en términos capitalistas, está directamente asociado a la disminución del salario y las libertades para explotar de manera contaminante.
Finalmente, hay que decirlo: en Argentina existen 36 pozos de explotación offshore operativos, todos en la Cuenca Austral. Si bien no han presentado reportes de daños climáticos, al menos de conocimiento público, la actitud de determinados sectores populares en su negativa frente a las plataformas petroleras debe ser entendido también en el marco de los antecedentes ambientales de proyectos como el de Vaca Muerta, sumado a que cualquier catástrofe ambiental pasa a perjudicar directamente la fuente de ingresos de esos sectores de trabajadores, centralmente, turismo y pesca.
Y aquí es donde llegamos al punto que, a nuestro entender, es neurálgico en el tema: el problema del Estado.
El Estado es una herramienta de dominación en manos del gran capital. Toda su política pivotea en torno a maximizar las ganancias de los grupos económicos que representa. Ahí se acaban todos los discursos: soberanía energética, desarrollo industrial, cuidado del medioambiente, etc.
Esto es importante aclararlo, porque el propio progresismo nos quiere meter en una discusión: si está bien o mal explotar petróleo en el Mar Argentino, y puesta de esa manera, se trata de un falso debate porque no contempla el papel de clase del Estado.
Con el Estado burgués, toda explotación de recursos naturales se va a desarrollar de manera parasitaria. Allí donde sectores del pueblo trabajador se opongan a su desarrollo, porque objetivamente implicaría la destrucción, o potencial destrucción de su entorno –es decir, de su unidad con la naturaleza- la defensa de sus intereses de clase pasa a ser bien concreta, objetiva, y tremendamente justa.
Porque hoy, la explotación de determinados recursos se da en un contexto de destrucción ambiental para maximizar ganancias del capital, y no como una decisión consciente de los pueblos para avanzar en tareas comunes, como ser, garantizar el abastecimiento eléctrico a base de hidrocarburos mientras se avanza en la implementación de otras fuentes de energía.
Y, ante toda imposición del sistema sobre los pueblos, la rebelión no solo es justa, sino extremadamente necesaria.
[1] https://www.argentina.gob.ar/noticias/mensaje-del-secretario-de-energia-de-la-nacion-dario-martinez-en-el-acto-por-el-dia-del