El tema del día en los medios de la burguesía es la “novedad” que el presidente y la vice van a volver a aparecer juntos hoy en un escenario (esta vez en Tecnópolis) por el aniversario Nº100 de YPF. Todo un “hecho político” según esta prensa, especialista en hablar de cualquier cosa menos de lo verdaderamente importante.
Nosotros te vamos a contar otras cosas y a propósito de esto, presentarte un nuevo material.
Hace algunos días en un acto que contó con la presencia de Alberto Fernández, el ministro de Economía Martín Guzmán, el secretario de energía Darío Martínez, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, se anunció la próxima firma de un decreto para incentivar la exportación de hidrocarburos.
La medida en cuestión plantea la libre disposición de divisas para aquellas empresas que incrementen un 20% la producción de petróleo y 30% la de gas respecto a los valores de 2021.
Cabe destacar que el 2021 contó con cifras algo menores de producción respecto a años anteriores, de manera tal que, si comparamos el primer trimestre de 2021 con el de 2022, la producción de gas aumentó un 11% y la de petróleo un 15%.
La medida llega entonces en el marco de un crecimiento de la producción.
El libre giro de divisas, o la quita de impuestos a la exportación, no son medidas nuevas en la historia petrolera nacional. El Plan Olivos I, implementado durante el gobierno de Raúl Alfonsín, consistió justamente en una forma de subsidiar empresas privadas (con fondos de YPF) para aquellas que consiguieran elevar la extracción de petróleo.
Ya durante el gobierno de Cristina Kirchner se impulsaron los planes Petróleo Plus, que dotaba de incentivos fiscales sobre derechos de exportación de hasta un 12% para empresas que consigan un incremento tanto en producción como en reservas, y el plan Refinación Plus, con un incentivo equivalente al 50% de los derechos de exportación para aquellas refinerías que conseguían incrementar su capacidad de producción de naftas y gasoil.
El Plan Gas III -continuador de sus homónimos I y II correspondientes a la gestión kirchnerista –impulsado por el gobierno de Macri en 2016, además de contar con un subsidio para la producción de gas debía contar con un esquema de inversiones previamente aprobado.
El subsidio al capital privado implementado por los planes gas I, II y III, encontró continuidad con el gobierno de Alberto Fernández.
El Plan Gas IV mantuvo la política subsidiaria, fijando valores un 30% por encima de la tarifa domiciliaria (tomando precios previos a la guerra), y estableciendo garantías mínimas para la exportación.
El gobierno nacional viene queriendo impulsar la famosa “Ley de inversiones hidrocarburíferas”, que implicaría libre disponibilidad de divisas para el equivalente al 50% de las exportaciones, exportación garantizada del 50% de la producción incremental, eximición impositiva para la inversión petrolera, y reducción en un 40% de aranceles de importación para insumos.
Con esta ley estancada, han buscado otras formas de beneficiar al sector petrolero. El Decreto 722/2021, emitido silenciosamente en plena campaña electoral luego de la derrota de las PASO, otorgaba certificados de crédito fiscal transferibles a los derechos de exportación para aquellas empresas que lograsen incrementar su producción.
El decreto que ahora impulsan no es otra cosa más que una profundización en esta línea, donde para ellos la situación ideal sería tratar la ley en el Congreso, pero como las contradicciones internas de la burguesía, así como el ruido político que suscita –es más barato sancionar un decreto en silencio, que tratar una ley en el Congreso-, los lleva a avanzar lentamente en este tipo de medidas, que no implican otra cosa más que un pasito sobre la política de beneficios al gran capital que el gobierno ya viene implementando.
Que quede claro: si hacemos un raconto de este tipo de medidas de “beneficios a la producción incremental” es para reafirmar que se trata de políticas de Estado, que no cambian con los gobiernos de turno más que en nimios detalles.
En otras palabras, la política de Raúl Alfonsín (Plan Olivos I), de Cristina Kirchner (Petróleo Plus, Refinación Plus y Plan Gas), Mauricio Macri (Plan Gas III) y Alberto Fernández (Plan Gas IV, Decreto 722/2021 y el nuevo decreto con número aún no asignado), constituyen una línea de continuidad en la política petrolera, y por lo tanto, energética.
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