Con bonitos tecnicismos, la flamante ministra de economía, Silvina Batakis, anunció un nuevo ajuste sobre el pueblo trabajador en general, y sobre las y los trabajadores estatales en particular. Veamos qué hay detrás de cada punto del anuncio.
Bajo el lema de “garantizar el equilibrio fiscal” arranca diciendo que no está en contra de la generación de déficit fiscal en período de crisis, pero “una vez pasadas esas situaciones de crisis extraordinarias, tenemos que retomar el sendero de equilibrio”.
Esta declaración resulta bastante contradictoria, puesto que todas las medidas de ajuste las justifica con la excusa de la crisis internacional y la guerra en Ucrania. Parece ser entonces que la crisis existe según la conveniencia de las medidas a justificar.
Luego se refiere al ajuste sobre los salarios estatales:
“En ese sentido la primera medida que nosotros vamos a adoptar es que las cuotas presupuestarias mensuales que el Ministerio de Economía otorga a toda la administración pública nacional para poder hacer la asignación y la ejecución de sus propias erogaciones va a ser solamente acorde con la proyección de caja real. Es decir que nosotros no vamos a gastar más de lo que tenemos. Se mantienen las metas acordadas con el FMI.”
En otras palabras, se está refiriendo a congelar los salarios reales de las y los trabajadores estatales. Esto reviste bastante gravedad. En primer lugar, porque la evolución del índice inflacionario (IPC) siempre corre por detrás de la Canasta Familiar (línea de pobreza), puesto que los mayores incrementos de precios se dan sobre alimentos y bienes de consumo popular.
Por este motivo, si las actualizaciones salariales se realizan en función del IPC y no de la Canasta Básica, el salario sale perdiendo. En segundo lugar, porque anula cualquier recuperación salarial. Solo desde diciembre el salario real estatal ha caído 9% respecto a la canasta básica. Ni hablar la pérdida salarial registrada a largo plazo, que suma un 30% desde diciembre del 2016.
La otra medida que atenta directamente contra las y los estatales es el “congelamiento de personal”, que hoy rige solo para la administración centralizada y se extendería a todo el Estado Nacional. En la práctica esto implica que no habrá pases a planta permanente de personal contratado –dado que estos puestos no aparecen en el presupuesto nacional, sino como costos de sus dependencias específicas- así como cualquier tentativa de regularizar la situación de monotributistas y becarios.
Hasta aquí las medidas que atacan directamente al empleo estatal. Veamos ahora que “soluciones” proponen para controlar la inflación y disminuir el déficit fiscal.
En primer lugar, plantean una modificación de la Ley de Administración Financiera de manera tal que se unifiquen las cajas de todos los organismos del sector público nacional. Esto “nos va a dar a lo largo del año con $ 600.000 millones que es con lo que ya cuentan todos los organismos. Entonces, vamos a hacer un sistema de cuentas únicas, básicamente”.
En otras palabras, se trata de generar mecanismos contables que permitan sacar plata de unos organismos para destinarla a otros –por ejemplo, quitar plata de Ciencia y Técnica para destinarla a subsidios para el capital privado-.
La ministra continúa anunciando la implementación de la segmentación tarifaria en energía, algo que como ya sabemos significa más ajuste sobre el pueblo trabajador, dado que una cosa son los contratos de consumo industrial, y otra muy diferente la tarifa doméstica.
Sigue con el anuncio de la “elevación de la tasa de interés, con nuevos instrumentos, salvaguardando los movimientos del tipo de cambio”. Esto, en otras palabras, es garantizar mayores ganancias al sector financiero mediante la generación de más deuda en pesos. Cabe destacar que el actual gobierno emitió deuda en moneda local equivalente casi a US$ 50.000 millones. Es que la deuda, sea en pesos o en dólares, es un mecanismo de transferencia de recursos al gran capital.
O sea que el “gasto público” para la estabilidad laboral o para que nuestros salarios superen la línea de pobreza no se puede ¡Pero para elevar las ganancias del sector financiero, sí!
La única medida para “controlar” la inflación que no sea de recorte salarial es la “creación de un tribunal de control de competencia”, que no se la cree nadie.
Hasta aquí los anuncios. Claro que estará por verse su implementación, algo que de por sí ya es cuestionado por estas horas por todo el arco político burgués: desde los más progres estatistas hasta los más acérrimos liberales.
Por lo pronto así lo demuestra el valor de las acciones argentinas en Wall Street, que hoy presentaron una caída del 5,1%, al igual que el Merval (Bolsa de Buenos Aires), que mostró caídas del 2,92%.
De cualquier manera, para las y los trabajadores, las medidas anunciadas son de más ajuste.
La salida de Guzmán, lejos de traer “vientos progresistas”, solo trae mayores tensiones sobre la lucha de clases.
Es nuestra tarea incrementar la resistencia obrera desde cada puesto de trabajo, frente a un plan económico que solo tiene para ofrecernos miseria y explotación.