En agosto (https://prtarg.com.ar/2022/08/05/conflicto-en-la-terminal-puerto-rosario/) dio inicio una lucha de trabajadores portuarios (obreros estibadores), que continúa hasta hoy, con la tardía y muy parcial participación del SUPA (Sindicato Unido Portuarios Argentinos), el gremio en el que están agrupados. Frente a esto, entidades industriales reclaman que la paralización de las terminales está interrumpiendo los procesos productivos.
El conflicto se inicia por reclamo de salarios atrasados y posterior pedido de reapertura de paritarias para actualizar los haberes degradados por la inflación. Desde aquel momento, no ha habido resolución al reclamo de los trabajadores lo cual generó el incremento del descontento que incluyó paros con ocupación de las instalaciones, cortes de la avenida de circunvalación en el acceso sur de Rosario, y marchas, con ocupación, al Concejo deliberante, a la municipalidad, y por último a la sede rosarina del gobierno provincial.
Como respuesta, la empresa despidió a 25 trabajadores.
En medio hubo negociaciones entre el sindicato, el gobierno y la concesionaria TPR (Terminal Puerto Rosario). El gobierno decretó la conciliación obligatoria que obligaba a llevar el conflicto a la situación que presentaba antes de los paros. Es decir, con la reincorporación de los 25 trabajadores despedidos. Pero la empresa no acató lo dispuesto por ley y los trabajadores no fueron reincorporados.
Durante el acampe que se inició este jueves en el ingreso al Puerto, uno de los operarios que encabeza a ese grupo de trabajadores, sostuvo que se sienten solos, que no están al tanto de lo que sucede en las negociaciones (entre TPR, gremio y gobierno) y que no cuentan con la debida representación del gremio. Al respecto, cabe acotar que una de las empresas que participa de la concesión del Puerto, es Vicentín. La misma que está en situación de quebranto, habiendo estafado al Banco Nación, con deudas astronómicas a clientes, y sus obreros en situación incierta, desde hace tres años.
La semana pasada, por la presión de los trabajadores, la empresa aceptó otorgar aumentos de salarios y reincorporar a 20 de los despedidos, quedando 5 obreros afuera (acusados por irrumpir en el edificio del Concejo y en la municipalidad, más otros cargos que se les imputan como destrozos en el puerto y amenazas a funcionarios de la empresa).
Para destrabar el conflicto, una de las alternativas que manejaba la ministra Olmos era declarar al puerto rosarino como de “actividad esencial”, para poder avanzar en una tregua y reiniciar las actividades. Pero desde TPR rechazaron esa alternativa, ya que demandaría la incorporación de los cinco trabajadores en cuestión. Mientras tanto, la extensión del conflicto sigue entorpeciendo la cadena productiva en la región, interrumpiendo procesos productivos, incrementando costos logísticos y perjudicando planes de comercialización (las cargas inmovilizadas se estiman en más de 1.000 contenedores, y tienen en su interior insumos perecederos y críticos, sin contar los cientos de kilos de cocaína que se contrabandean periódicamente). Los medios hegemónicos (loros al servicio del gran capital) azuzan el temor a la pérdida de «inversiones extranjeras» ante la persistencia del conflicto, aunque no han dado la cobertura que merece a una lucha tan significativa: muy poca gente sabe de esta pelea, y del coraje y la sólida decisión de este puñado de compañeros, que ha conseguido poner en jaque no sólo a empresarios, sino también a los traidores del gremio y al gobierno de los monopolios.