Vivimos tiempos políticos y económicos muy oscuros e inestables.
El día lunes las acciones de empresas argentinas tuvieron un fuerte rebote en Wall Street –mientras, contradictoriamente, las bolsas estadounidenses presentaban una caída general-. Los bonos se dispararon por las nubes.
Es difícil decir en este momento si se trata de expectativas por el triunfo del ultra “liberal” Javier Milei o bien si forma parte de un rulo de especulación financiera que busca refugio en activos.
Por ejemplo: el bono AL30 al momento de escribir este artículo está cotizando un 19% más que el día viernes ¿Valorización de los bonos argentinos por confianza en el futuro o especulación para girar al MEP? Lo que se diga a estas horas puede tener tanto de verdad como de especulación.
Lo que sin dudas hay es una disputa interburguesa muy grande, que abarca todos los planos de la economía, y por lo tanto, de la política. Para intentar aclarar un poco la situación actual, y comprender el telón de fondo, vamos a hablar un poco de precios, disputa por puestos de gobierno y liquidación de activos públicos.
PRECIOS Y COMPETENCIA
No es ninguna novedad que la inflación genera un desorden de los precios relativos. ¿Qué quiere decir esto? Que la relación entre el precio de una mercancía y otra se distorsiona por la volatilidad de los aumentos de precios. Hoy, con un kilo de papas te podés comprar medio kilo de manzanas, y mañana, pueden tranquilamente valer lo mismo.
Si esto lo hacemos extensivo al conjunto de la economía, lo que observamos es una competencia capitalista en la cual los precios buscan “posicionarse” mejor sobre su competencia, competencia que no necesariamente se limita a mercancías del mismo tipo (manzanas con manzanas) sino que, como al capitalismo no le interesan las mercancías en sí, este plano de la competencia también se expresa entre distintas mercancías (peras y manzanas).
Esta distorsión es lo que vemos como fenómeno a diario presentándose como el cambio permanente de precios relativos entre las distintas mercancías porque los aumentos de cada mercancía que constituyen insumos o materias primas para la producción de otras mercancías son trasladados a los costos de éstas y, entonces, la carrera de precios se agita crecientemente dando lugar a especulaciones e intensificación de aumentos generados por la voracidad de ganar en río revuelto en el cual los mayores capitales salen favorecidos sobre el resto.
Está clarísimo que esta competencia de precios relativos opera sobre una base común, que es la caída del salario. Si todas las mercancías modifican sus precios en forma creciente, a excepción del salario, tanto la petrolera como la metalúrgica aumentan su porción de ganancias sobre la caída salarial, lo que no quiere decir que, además de esta competencia capital-trabajo, que es la fundamental, también se opera una competencia de mercado dentro del propio capital.
La escalada incontrolable de precios que lleva a una hiperinflación es el mecanismo de mercado mediante el cual se “reordenan” estos precios relativos en una economía quebrada financieramente, donde la competencia capitalista se acelera a ritmos descontrolados.
En otras palabras, la inflación es un mecanismo por excelencia para disminuir salarios, pero cuando los niveles saltan a niveles hiperinflacionarios, también representa la competencia de capitales que buscan imponerse unos sobre otros, asentados, por supuesto, sobre la base de la licuación del salario.
PUESTOS DE GOBIERNO Y COMPETENCIA
El día lunes 20 de noviembre Javier Milei dio a conocer alguno de los puestos que serían ocupados por su nuevo gobierno. Sin embargo, horas más tarde compartió una reunión con su flamante socio, Mauricio Macri, y tuvo que desdecir todo lo que había dicho. En su lugar informó que no daría a conocer la formación del nuevo gobierno hasta el día de la asunción.
¿Qué hay detrás de ello? La distribución de cargos es la distribución de negocios: negocios de la obra pública, negocios de acomodo de favores políticos, y, sobre todo, de reglamentaciones para empresas amigas. Así, al que le toca la hoy Secretaría de Transporte, como le sucedió a Sergio Massa en el gobierno de Alberto Fernández, no solo cuenta con estructura para poner militantes como empleados, o para comprar nuevos militantes, sino también para meter empresas contratistas de transporte e implementar reglamentaciones que favorezcan a los capitales amigos –por ejemplo, la importación de unidades y repuestos a precios preferenciales, etc.-.
Por estas horas la burguesía se está matando por el reparto de cargos para poder hacer estos negocios, frente a un candidato que triunfa electoralmente con un aparato prestado. En otras palabras, a la fórmula de unidad burguesa que encarnaba Sergio Massa, se le contrapone una coalición que no tenía repartidos ni los ministerios principales, lo que anuncia hacia adelante una falta de centralización política muy grande. Aquí, también resuelve la propia competencia de mercado.
Hasta ahora, esa centralidad la asumió –a los malabares e impuesto por las circunstancias- Sergio Massa, quien comenzó a repartir subsidios a todos los sectores de exportación: y es que por eso “faltan dólares”, porque se han eliminado los impuestos a la exportación y se ha garantizado una enorme fuga de divisas mediante mecanismos de dólares diferenciales que permiten un “importar barato para exportar caro”.
El nuevo gobierno se verá obligado a revisar esos mecanismos de superganancias, frente a una creciente crisis de liquidez. Pero revisarlos implica que “algunos ministerios” puedan otorgar mayores beneficios que otros. De ahí que la competencia por los puestos de gobierno esté muy lejos de ser la “formación de un equipo”, como dice Mauricio Macri, sino más bien, el reparto de los feudos.
LIQUIDACIÓN DE ACTIVOS PÚBLICOS Y COMPETENCIA
En el año 1989 Argentina no era el único país con crisis de deuda –adquirida, por cierto, por el gobierno militar, y reconocida por la asumida “democracia”-. Era un contexto general de deuda en países latinoamericanos. El entonces Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Nicholas Brady, propuso un plan (conocido como Plan Brady) para arribar a una solución “integral”, que consistía en permitir una refinanciación de deuda a cambio de la implementación de un plan de ajuste de diez puntos postulados por el Consenso de Washington.
El problema central era que para implementar ese ajuste fiscal era necesario no solo recortar “gasto social”, sino sobre todo subsidios y beneficios impositivos a las grandes empresas, lo cual aparecía como una competencia interburguesa: o se les pagaba a los acreedores financieros y perdían los grandes capitales que operaban en los países latinoamericanos, o bien se mantenía el esquema de beneficios, pero se defaulteaba la deuda.
En el caso del petróleo, por ejemplo, si se recortaba el esquema de subsidios, contratistas de YPF como Pan American Energy (entonces Grupo Bridas) o PECOM, pasaban a ver reducidas sus ganancias. Lo mismo sucedía con Shell y Exxon, que verían disminuidos los subsidios que percibían sus refinerías, que adquirían petróleo por debajo del precio de mercado.
El Plan Brady proponía la liquidación de activos estatales para entregarle por un lado negocios a estas empresas, y por otro lado, obtener liquidez para los acreedores financieros. Así, los activos de YPF fueron entregados primero a estas empresas –que ya se beneficiaban mediante sistemas de subsidio-, que compraron un jugoso negocio a muy bajo precio. Con el dinero obtenido, el Estado saneaba deuda financiera y accedía a la refinanciación propuesta por Brady.
En esa repartija de negocios también hubo ganadores y perdedores, pero, sobre todo, se contaba con una base de activos estatales muy jugosa: YPF, Aerolíneas Argentinas, la red ferroviaria, los servicios de luz, gas, agua teléfono, y una larga lista de etcéteras.
El Plan Brady fue un gran rescate al capital privado, basado en negocios que, en otro momento de la historia, solo era posible ser encarados por el Estado, ya sea debido al monto del capital inicial que precisaba ser desembolsado, o bien a que en sus orígenes no rendían ganancias, pero eran necesarios para el desarrollo del mercado, y por lo tanto, para sostener otros negocios del capital.
El gran problema hoy es que esos activos no existen o están muy lejos de ser suficientes para “sanear la deuda” –es decir, para ejecutar este reparto de la liquidación estatal, de manera tal que todos los capitalistas queden contentos-.
Por eso a Javier Milei se le llena la boca de baba cuando habla de YPF o Aerolíneas Argentinas, ambas empresas que no son puramente estatales, sino que tienen una porción enorme de participación privada de capital. Es más, la componente estatal de estas empresas constituye un reaseguro jurídico mediante el cual el Estado pone el capital, y el sector privado se lleva las ganancias.
Es el caso de YPF, en el cual el Estado puso el capital para el desarrollo de infraestructura para la producción de Shale, y luego concertó contratos con el capital privado bajo la forma de Unión Transitoria de Empresas, muchas veces, con contratos secretos. En los papeles, YPF aparece como operadora de los yacimientos, pero en la práctica, son las empresas privadas quienes operan la extracción. O bien, como sucede con el acuerdo Chevron-YPF, la estatal gira las ganancias a Chevron a través de paraísos fiscales…
En otras palabras, la privatización, o mejor dicho, la venta de los paquetes accionarios que retiene el Estado en estas empresas, no pareciera ser un buen negocio para sus socios privados. Al menos, para quienes hoy ofician de beneficiarios.
De todas maneras, el montículo de empresas estatales en estas condiciones es muy limitado en comparación a aquél año 1989, por lo que aquí conviven varias contradicciones adicionales.
El activo que resta es el de los sectores improductivos –aunque necesarios- administrados por el Estado: hospitales, escuelas, universidades. Sectores que en otro momento del capitalismo no rendían ganancia, y que hoy sí pueden hacerlo. Por eso, quizás, el discurso se centra tanto en aspectos como cuestionar la educación gratuita, aunque nuevamente cabe la pregunta ¿Alcanza la liquidación de esos activos para saciar la disputa intermonopolista?
En el medio de todo esto, aparece el problema obvio: la lucha de clases.
Un problema que atraviesa tanto el problema de los precios como el de los activos estatales (ya que las privatizaciones vienen de la mano con recortes salariales y en la plantilla laboral, además de las condiciones de trabajo: en este sentido la experiencia manda).
En aquel año 1989 el mundo era muy distinto, y nuestro país también.
La clase obrera estaba en pleno proceso de retroceso; se depositaban expectativas en la nueva experiencia de la democracia burguesa; el andamiaje institucional en su conjunto aparecía muchísimo más sólido frente a las masas; y la propia burguesía a nivel internacional había adquirido grados de centralización política muchísimo, infinitamente más importantes de los que tiene hoy, que se encuentra profundamente fragmentada en una competencia global sin precedentes en los últimos 100 años.
La situación hoy es muy diferente, tanto desde el punto de vista estructural del capitalismo como desde el punto de vista del factor subjetivo de las masas.
La historia se repite dos veces, una como tragedia, y la otra como comedia.
La crisis actual tiene más pinta de comedia que de tragedia, aunque todo dependerá del papel que juguemos como clase trabajadora en esta nueva espiral de la historia… si es que la comedia llama a la historia, y no es que queda simplemente en eso: en una comedia más de este reality show que los medios llaman política.