Vuelve a ponerse sobre la mesa una falsa dicotomía.
Cuando Milei afirma que el ajuste se hará en el sector estatal y no en el privado, intenta marcar una línea divisoria ficticia. Lo que está en desarrollo es qué clases sociales serán las que paguen y las que se beneficien con sus políticas.
Efectivamente, el ajuste emprendido por su gobierno, y el que intenta profundizar, ataca directamente los ingresos de las familias trabajadoras.
Con la devaluación del peso, sea que los salarios de esas familias sean pagados por el Estado o por una empresa privada, el ajuste recae sobre una clase mientras beneficia a otra.
Con los impuestos pasa lo mismo. Por ejemplo: la anunciada reinstalación del impuesto al salario (mal llamado impuesto a las ganancias) afecta directamente a la clase productora, mientras a las empresas monopolistas se les promete una baja de la carga impositiva.
Algún lector desprevenido puede observar que aumentar o mantener retenciones a actividades productivas afecta a las empresas privadas. Y es verdad. Pero la ventaja que tienen las mismas es que a través de la inflación, que va a seguir en alza, podrán recuperar parte de lo que se les saca por otra ventanilla.
Al mismo tiempo, las retenciones en realidad afectan a los sectores de la burguesía menos concentrada (por ejemplo, los pequeños productores agrarios que comercializan vendiendo su producción a las grandes cerealeras) mientras que éstas esquivan el sablazo mediante maniobras de sub o sobre facturación, como lo vienen realizando desde la imposición de ese impuesto.
Porque, en definitiva, de lo que se trata es quién tiene el manejo de los resortes estatales.
Es decir, qué sector de la oligarquía financiera logra imponer, aunque sea temporalmente, las políticas a implementar en función de sus intereses materiales.
Es el Estado al servicio de los monopolios.
El Estado que -por una y mil maniobras- tiene el objetivo y la capacidad de recortar sus gastos, cobrar más impuestos, promover leyes o decretos para apropiarse del producto social en beneficio de un puñado de burgueses monopolistas. Incluso, afectando y desplazando a otros sectores de su propia clase.
De tal manera que todo recorte que se realice en el área estatal o toda decisión que afecte al sector privado, en realidad apunta a atacar a la clase proletaria en beneficio de la clase poseedora. Poseedora de los medios de producción y del Estado a su servicio.
La falsa división entre lo estatal y lo privado esconde (como siempre hace la burguesía) la división clasista de la sociedad capitalista, al igual que el carácter de clase del Estado. El que en esta etapa ya ni siquiera le pertenece a toda la clase burguesa, sino que es instrumento del sector monopolista más concentrado, la oligarquía financiera.