A través de la Resolución 17/2024, que se publicó este jueves 26 de diciembre en el Boletín Oficial, se determinó que el salario mínimo vital y móvil (SMVM) para el mes de diciembre de 2024 queda en $ 279.718 mensuales para trabajadores con jornada completa.
Recordamos a los lectores que el SMVM es la base de cálculo directa o indirecta para todos los salarios del país y que menos del 45% de trabajadores están registrados, dado lo cual, la mayoría, es decir más de 12 millones de trabajadores, jubilados y pensionados están cobrando esa miserable cantidad.
La decisión sobre el SMVM es netamente política y, en ese sentido, es obvio que hubo acuerdo escrito o tácito entre las cámaras empresariales y el gobierno para que la reunión con la CGT, convocada para decidir sobre el mismo, cayera por falta de acuerdo para que, finalmente, la decisión se tomara vía decreto del poder ejecutivo.
En definitiva, resultó, como toda resolución gubernamental no obligada por la lucha de clases, una decisión de toda la burguesía. Y no es que la cúpula de la CGT pertenezca al proletariado, sino que ellos defienden su negocio propio (aportes patronales, ingresos de obras sociales, etc. que abultan sus bolsillos y capitales de sus empresas) lo que, en ese aspecto, contradice el interés del resto de los capitalistas.
De tal forma, se afirma el ancla que inmoviliza los ingresos de los trabajadores, las “negociaciones” paritarias, y se condiciona claramente el techo salarial nacional que, no sólo influye en la baja de ingresos de los trabajadores, sino que, además, genera peores condiciones de vida, aumentando la pobreza y ampliando la relación entre las ganancias monopolistas y de capitales en general haciendo más injusta la distribución de la riqueza.
No tardaron en manifestarse parte de los dirigentes sindicoempresariales de la CTA prometiendo un paro para el próximo mes de marzo. ¡Caraduras reaccionarios!
Lo mismo de siempre… Gritar como el tero lejos del nido para confundir a los que se consideran peligrosos: Los trabajadores.
El verso esgrimido y generalizado ante cada evento o falsa medida de lucha de estos señores y de todo el arco político y gremial burgués, que termina siendo perjudicial para obreros y sectores populares es que el conflicto únicamente se “visibilice”.
La exclusiva visibilización de los conflictos complementada con marchas o desfiles hacia las instituciones gubernamentales, legislativas o judiciales, sin más, es la pistola de cebita que utilizan los dirigentes gremiales, los partidos políticos del amplio espectro comprendido entre los que se presentan como los más conservadores y los que se autodenominan de izquierda.
Esa táctica artera si se realiza sin desbordes, en el marco del orden impuesto, respetando protocolos o diseño propio del itinerario de la manifestación, y en consonancia con el mandato de las instituciones, no lleva a nada y siempre deja en manos de las instituciones del sistema la última palabra.
Ejemplos como los paros acordados con la patronal con recuperación del tiempo perdido, paros domingueros de 24, 48 ó 72 horas de docentes y otros servicios que terminan complicando a los sectores populares, movilizaciones de aparatos gremiales sin participación de la masa de trabajadores o parte de los mismos obligados por la amenaza de despidos, etc.
En cambio, la lucha, que bien puede comenzar con una visibilización del conflicto, que puede incluir marchas y manifestaciones comprende otros ingredientes y medidas con un protagonismo de las masas motivadas por la aspiración de conquista de sus aspiraciones.
La práctica histórica ha demostrado que la acción, la unidad y la contundencia de la lucha tienen su escenario adecuado en el terreno propio del sector que la emprende en donde éste se mueve como pez en el agua. No se limita sólo al conocimiento del terreno, sino que allí se entrelaza con sus relaciones naturales diarias, y la unidad en la práctica se ejerce no sólo con la solidaridad de otros sectores, sino que actúan también las masas de los mismos reconociendo una comunidad de intereses comunes.
En este contexto de resistencia a las medidas antipopulares del actual gobierno que profundiza a niveles no alcanzados por los gobiernos burgueses anteriores, se han dado picos, en los últimos meses y semanas, tales como en Fate, Praixair, la pueblada de Salta , que han provocado mayores crisis políticas en los distintos estamentos institucionales, obligándolos a movimientos erráticos, exponiendo sus mentiras, chanchullos y negociados, forzando renuncias varias, pase de facturas entre ellos, mellando la herramienta de la gobernabilidad y desprestigiando aún más a las instituciones del sistema incluidos su sindicalismo afín.
Esto que puede darse, y se ha dado, en los hechos en cientos y miles de ocasiones, en hechos de carácter e involucramiento nacional o local que marcaron hitos imborrables y lograron libertades políticas y/o conquistas económicas y sociales, como por ejemplo lo ocurrido recientemente con los casos mencionados en el párrafo anterior, se desarrollan con un plan previo y la elección del momento del golpe a su oponente, la contundencia del mismo de acuerdo a la correlación de fuerzas, la extensión del movimiento, etc., si hay una organización que elabore esa inteligencia.
Estamos hablando del partido revolucionario del proletariado, que impulsa la acción y protagonismo de las masas. Que las mismas tomen sus decisiones en forma democrática con asambleas soberanas y que sus decisiones –consensuadas o votadas por las mayorías del sector en conflicto- sean de cumplimiento efectivo para todos.
En suma, la lucha por la elevación del piso salarial general y por rama, por mejoras en las condiciones de vida y otras reivindicaciones, dada la situación actual del enfrentamiento entre las clases antagónicas, burguesía y proletariado, que influye en las amplias mayorías populares oprimidas, nos llevan indefectiblemente al plano político, es decir al plano de la cosa pública, pues el plan de gobierno, tal como queda expuesto, consiste en enseñorear los intereses de clase no sólo respecto a los ingresos de los trabajadores sino también al achicamiento de recursos destinados a la salud, educación, vivienda y demás prestaciones para los sectores populares.