Los incendios forestales que actualmente devastan la cordillera Patagónica, con más de 20 mil hectáreas de bosque nativo consumidas, no son solo una tragedia ambiental, sino también una consecuencia directa de un sistema capitalista que prioriza el lucro sobre la vida. En el Parque Nacional Lanín, en Neuquén, más de 400 familias han sido evacuadas, mientras que, en la comarca de El Bolsón, Río Negro, el fuego lleva más de una semana sin tregua, amenazando incluso con llegar a zonas urbanas. Lo que debería ser una emergencia que convoca a la solidaridad, y la acción coordinada del Estado, se ha convertido en un escenario de desidia, persecución y sospechas que revelan los intereses económicos que operan detrás de las llamas.
En lugar de movilizar recursos y apoyo para combatir los incendios, el gobierno ha optado por generar una caza de brujas. Brigadistas, quienes arriesgan sus vidas para apagar el fuego, han sido señalados como presuntos responsables de iniciar los incendios. El sábado 8 de febrero, en una audiencia en Bariloche, seis personas fueron liberadas después de ser falsamente acusadas de provocar los incendios intencionales. Esta persecución no solo desvía la atención de las verdaderas causas del desastre, sino que también desmoraliza a quienes están en la primera línea de combate contra el fuego. Mientras tanto, el gobierno nacional, a través del presidente Javier Milei, anunció el envío de 5 mil millones de pesos al gobierno de Alberto Weretilneck en Río Negro, supuestamente para «la reconstrucción». Sin embargo, esta ayuda llega tarde y mal: en lugar de destinarse a la emergencia actual, se plantea como una solución a futuro, una vez que el fuego haya consumido todo. Esta actitud refleja una clara desconexión con la urgencia del momento y con las necesidades de los miles de personas autoconvocadas que, con recursos limitados, están enfrentando las llamas.
Frente a la inacción estatal, ha sido la comunidad organizada la que ha tomado las riendas de la situación. Centenares de voluntarios, brigadistas y vecinos trabajan incansablemente para controlar los incendios, mientras que miles de donaciones provenientes de todo el país llegan para apoyar a las familias afectadas. Esta solidaridad contrasta con la falta de compromiso de las autoridades, quienes parecen más interesadas en perseguir a los propios pobladores que en brindar soluciones concretas.
Pero, ¿por qué se incendia la Patagonia? La respuesta no puede desvincularse de la lógica del capitalismo, un sistema que ve en la naturaleza y en los territorios un recurso explotable, y en las crisis, una oportunidad para acumular más riqueza.
En El Bolsón, la teoría más extendida entre los pobladores apunta a intereses inmobiliarios y económicos. Con la implementación del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), se teme que las inmobiliarias puedan adquirir tierras a bajo costo una vez que estas hayan sido devastadas por el fuego. Además, existen denuncias sobre terratenientes como Joe Lewis, quienes históricamente han buscado desplazar a las comunidades locales para apropiarse de territorios de alto valor ecológico y turístico. También se especula con la posibilidad de que empresas turísticas de otros sectores estén interesadas en apropiarse del mercado en El Bolsón, desplazando a los pequeños empresarios locales y monopolizando la actividad. Estas hipótesis no son descabelladas en un contexto donde el fuego parece ser una herramienta política para reconfigurar el uso del suelo y concentrar la riqueza en manos de unos pocos.
Lo que está claro es que el fuego en la Patagonia no es un fenómeno natural aislado, sino un evento profundamente político y económico. Detrás de las llamas hay intereses económicos que buscan beneficiarse de la devastación, ya sea a través de la especulación inmobiliaria, el desplazamiento de comunidades o la monopolización del turismo. Mientras tanto, el gobierno, en lugar de proteger a la población y el medio ambiente, persigue a los brigadistas y retrasa la ayuda, dejando en evidencia su complicidad. El capitalismo, con su lógica de acumulación y explotación, es el principal responsable de esta tragedia, que no solo destruye bosques, sino que también arrasa con la vida de miles de personas.
En este contexto, la lucha contra los incendios no es solo una batalla contra el fuego, sino también una defensa del territorio, la comunidad y los recursos naturales frente a la avaricia de un sistema que todo lo convierte en mercancía. La solidaridad y la organización popular son, por ahora, la única respuesta efectiva a la crisis ambiental y humanitaria que se vive en el sur.
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