Alrededor de 35.000 despidos en el Estado desde el comienzo de la gestión libertaria.
Decenas de organismos suprimidos, fusionados, reestructurados.
El Ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, avanza con el plan Motosierra 2.0 (así lo llaman) de la mano del DNU 70/2025 que, si bien era anunciado con bombos y platillos haciendo alarde del cierre de más de 50 organismos estatales, solo arremetió (por ahora) con la reestructuración del Ministerio de Economía, que incluye, entre otras cosas no menores, la eliminación de la Secretaría de la Vivienda.
Estas modificaciones implican la desactivación de programas como el Procrear, Casa Propia y el Fondo Nacional de la Vivienda, implementados para la construcción de viviendas.
La idea es sostener un “Estado pequeño” que deje la vía reggia para el crédito privado…
Claro que la publicación de este DNU no supone ni mucho menos que el cierre de los 50 organismos de los que hablaban el Presidente y su entorno haya sido suspendido ni mucho menos. Aunque siguen caracterizándose por sus idas y venidas: de hecho, según los trascendidos, la mayor fusión iba a ser la creación de un nuevo organismo que podría fusionar el INTI (tecnología industrial) con el INTA (tecnología agropecuaria) y la CONAE. Dicha fusión, que sería la nave insignia del nuevo Decreto, quedó excluida momentáneamente tras el pronunciamiento de los trabajadores de la CONAE y las internas que produjo la declaración entre distintos sectores de la burguesía.
Ahora bien, en el campo de las empresas a “privatizar” el gobierno ha dado un paso en el Belgrano Cargas (que en realidad sus operaciones rentables ya están concesionadas). Las otras dos naves insignias de las privatizaciones que busca el gobierno son Aerolíneas Argentinas y AySA. Veamos el caso de esta última, poco difundida.
AySA fue una de las primeras empresas elegidas para privatizar. Estaba junto con otras (Intercargo, Correo Argentino, Enarsa, Sosfe, Belgrano Cargas, Corredores Viales) en el listado de “privatizables” de la Ley Bases. Sin embargo, todo se fue demorando y de hecho, llegado ya el 2025, el proceso se demora y se habla en varios medios que se anunciaría y se iniciaría el mismo a partir del segundo semestre (a pesar de los rumores que hablaban de marzo, y después, de junio).
¿El motivo? Muy posiblemente, la necesidad de dólares frescos sumado a las elecciones de medio término, anuncio con el cual se busca sin duda un impacto electoral. La idea es poner a la venta el 90 % de las acciones de la empresa. El 10 % restante seguiría bajo la órbita del Programa de Participación Accionaria, lo cual garantiza la presencia del sindicato en el Directorio, garantizando el negocio para la burocracia sindical.
La realidad es que, hasta el momento, se han tomado algunas medidas que preparan el terreno de la privatización: aumento significativo de tarifas (331% durante 2024), eliminación de subsidios por tarifa social, reducción de la cantidad de empleados en un 20 % mediante el sistema de retiro voluntario, lo cual implicó que el plantel pase de 7.700 a 6.300 trabajadores.
También se han cerrado varias delegaciones en el Gran Buenos Aires. El tema del retiro voluntario es preocupante. En este más que seguro proceso de privatización, hay fuertes rumores que hablan de la idea de entregar la empresa con una dotación de 5.000 trabajadores. Es decir, despedir, a través del sistema de “retiro voluntario”, a 1.000 trabajadores más, aproximadamente.
Las comillas no son casuales. Además de que la oferta económica es significativamente menor a la etapa anterior, si él o la trabajadora no quiere adecuarse a la oferta del retiro, la alternativa es un traslado a destinos irrisorios e inviables, como ya ocurrió con algunos compañeros. Si uno trabaja y vive por ejemplo en CABA y le ofrecen un destino laboral en otra provincia o a decenas de kilómetros del domicilio, en realidad no hay alternativa, y se tiene que ir con migajas en el bolsillo. Mecanismo que no es inusual en las Empresas del Estado.
AySA, junto con Aerolíneas Argentinas, parecen encaminarse a ser la nave insignia de las próximas privatizaciones, de cara a las elecciones de medio término.
Además, ante la falta de dólares, salarios devaluados y en un contexto económico internacional que promete agudizar la lucha de clases, es más que posible que estos procesos formen parte de las “garantías” que ofrece el gobierno libertario para obtener fondos frescos del FMI, para hacer lo que se hace siempre: favorecer a los grupos económicos y empresarios amigos que pueden así comprar dólares baratos y beneficiarse de la timba financiera.
Es decir, ganar plata sin trabajar, gracias a esta fenomenal transferencia de recursos que financia todo el pueblo trabajador para beneficio de unos pocos que viven del trabajo ajeno.
Frente a esta realidad, resulta necesario que las y los trabajadores de AySA estén más alerta que nunca, y debatan estas cuestiones para enfrentar lo que se viene.
Queda más que claro que no se puede confiar en el sindicato, que hasta ahora, nada ha dicho sobre lo que ha venido pasando y lo que seguramente vendrá.
Para enfrentar el plan del gobierno, la mejor herramienta es la organización propia de las y los trabajadores, desde las bases.