Reproducimos una denuncia publicada esta semana en TeleSISA, medio de comunicación alternativo, sobre la situación que se está viviendo en Salta.
“Mientras el Gobierno nacional refuerza el control territorial en el norte salteño con operativos de Gendarmería, las comunidades Wichí denuncian el recorte de pensiones no contributivas y el abandono total de derechos básicos como salud y alimentación. La militarización avanza, pero la asistencia social no llega.
Comunidades Wichí del norte salteño han iniciado una serie de asambleas y movilizaciones ante la suspensión arbitraria de pensiones no contributivas que afectan a personas con discapacidad y enfermedades crónicas. La medida, ejecutada con exigencias burocráticas imposibles de cumplir, afecta a Pueblos Originarios de las zonas de La Pacho 3, Lucero, Sarmiento, Conglaje y Kilómetro 6, entre otras.
«Nos están haciendo ir con cartas donde dicen que hay que presentar documentación médica, pero cuando llegamos a la clínica Divina Misericordia o a Lance, nos dicen que no hay turnos, que no está autorizado», denunció Monica Calermo. Y agregó: “Están jugando con nosotros”.
La situación se agrava porque el tiempo para cumplir con los trámites es extremadamente corto y las distancias que deben recorrer las familias originarias son largas, con poco acceso a transporte y atención médica. “Nos mandan con fecha exacta y cuando vamos, nos dicen que no es esa fecha. ¿Entonces para qué mandan esa carta?”, cuestionó Monica.
Racismo estructural y represión como respuesta.
La problemática no es nueva. Los Pueblos Originarios han denunciado históricamente la violencia institucional que niega derechos básicos como salud, alimentación y seguridad social. Sin embargo, en el contexto actual de ajuste económico y políticas represivas, la situación se vuelve crítica.
“Solo de las pensiones podemos alimentar a nuestros hijos”, remarcó desde la manifestación, visibilizando la dependencia forzada de un Estado que primero empobrece y luego abandona.
Mientras tanto, el Gobierno Nacional avanza con el Plan Güemes, que militariza aún más la región norte como una estrategia de seguridad y control territorial con foco en el combate del “crimen organizado y narcotrafico”, pero que para las comunidades Indígenas, representa más represión que protección. El pasado 14 de abril, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezó un acto en el Escuadrón 52 de Gendarmería en Tartagal, donde anunció la incorporación de nuevas zonas al plan, incluyendo Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza.
Este despliegue de fuerzas federales contrasta con la falta total de respuestas frente a las demandas urgentes de las comunidades Wichí. Mientras se refuerza la presencia estatal con lógica represiva, se siguen vulnerando derechos sociales elementales. Mandan gendarmes, pero no mandan médicos ni alimentos.
Ante la falta de respuestas, las comunidades han decidido cortar la ruta 34. “Va a ser total, no vamos a dejar circular a nadie hasta que nos atiendan”, anunciaron.
Esto no es solo un reclamo administrativo: es una lucha por la vida. Las pensiones no son privilegios, sino parte de un derecho colectivo que garantiza sostén, salud, dignidad y continuidad cultural”.