La resolución del juez Alejandro Patricio Maraniello —denunciado por nueve delitos— que prohíbe “exponer públicamente audios grabados en Casa de Gobierno, pertenecientes a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei”, sienta un precedente profundamente reaccionario. No sólo atenta contra la llamada libertad de prensa, sino que vulnera el derecho a la opinión y expresión de cualquier persona física o jurídica en la sociedad.
El carácter preventivo de esta medida opera como una mordaza generalizada, revelando con nitidez la derivación autoritaria que acompaña al proceso de concentración del capital. Este avance ininterrumpido exacerba las contradicciones estructurales de un sistema en descomposición, incapaz de responder a las demandas sociales más elementales.
Según declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, todo el gobierno participó en la presentación judicial. Sin embargo, en su torpeza, dejaron rastros de un “copy-paste” que incluyó el número de otro expediente judicial sin relación alguna con el caso. Esta desprolijidad expone la desesperación del elenco presidencial por resolver mediante resoluciones judiciales su crisis política, mientras la corrupción —propia y de sus allegados— ya no puede ser encubierta.
Cada olla que se destapa revela pus y pestilencia, erosionando no sólo el respaldo de las masas oprimidas, sino también la confianza de la propia burguesía en la conducción del país. La mordaza judicial terminará naufragando en las aguas de la propia legislación constitucional.
La debacle es tal que los raídos jirones de legitimidad que aún conserva el gobierno lo exponen ante su clase: la burguesía ve con claridad la impotencia para sostener el funcionamiento de un sistema capitalista que tambalea en Argentina, y que no escapa a las reglas generales del orden mundial.
La “libertad” que Milei y su entorno cacarean bajo el manto del autoritarismo y la represión es tan contradictoria como la justicia social del “fifty-fifty”. La primera, tan falsa como un billete de tres dólares; la segunda, una zanahoria inalcanzable que, además, es injusta en su propia concepción.
El intento de imponer el disciplinamiento social por la fuerza —como ha pretendido este gobierno desde sus inicios— choca de frente con las crecientes aspiraciones democráticas de las amplias masas.
La resistencia a las políticas de ajuste y saqueo sobre los derechos conquistados por trabajadores y sectores oprimidos se expresa con claridad en cada lucha. Sólo en el último mes, más de 350 conflictos laborales lo evidencian, destacándose el paro de más de una semana impuesto por los obreros de Ternium en Ramallo. Desde las bases, mediante asambleas arrancadas a la burocracia entreguista, lograron paralizar la planta más grande del país.
Este proceso representa la expresión más nítida de las aspiraciones democráticas que la clase obrera comienza a imponer, tiñendo el escenario político con el color de la confrontación antagónica frente a las pretensiones de la burguesía y su gobierno de turno.
La democracia proletaria es la verdadera libertad, conquistada mediante el protagonismo colectivo de las grandes mayorías.
La burguesía, su gobierno y su aparato sindical seguirán intentando disciplinar a través de medidas coercitivas, judiciales y engaños. Buscan avanzar con la flexibilización laboral, la reducción del llamado gasto social y el recorte de ingresos populares para maximizar sus ganancias. Pero seguirán chocando, una y otra vez, con la resistencia activa de la clase obrera y los sectores populares, que no sólo defenderán sus conquistas, sino que profundizarán su lucha por derechos más amplios y profundos.