El gobierno del ajuste y el despojo, el gobierno títere de la clase dominante, avanza con el plan de ajuste y achique del Estado y la reducción de los empleados públicos.
A los casi ya 60.000 despidos en el Estado nacional, se proyecta el despido, o la no renovación de contratos que vencen en diciembre, de un 10 % de la planta.
Los organismos en la mira son, entre otros: el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el Inta, el Inti y el Enacom.
Se trata, entonces, de unos 28.000 trabajadores. A esto, se le suma el personal que quedaría sin trabajo y que pertenece a las empresas en proceso de privatización, entre las que se encuentra AySA.
Cabe señalar al respecto que, en julio, gracias a la modificación de un centenar de artículos del decreto 493/2025 referidos al régimen regulatorio, se habilita el corte de suministro a usuarios residenciales por falta de pago. En suma, el derecho al agua (sí, algo tan elemental como el agua) pasa completamente a la esfera de la mercantilización, sentando un precedente calificado de “seguridad jurídica” para los capitales que se hagan cargo de la compañía. Por supuesto, se autorizan aumentos siderales en el servicio.
Este anuncio es parte de la guerra declarada por parte de la oligarquía financiera y su Estado contra los trabajadores y el pueblo.
No sólo se trata de una medida económica ( el presupuesto representado por las y los trabajadores contratados en el Estado y que se proponen dejar en la calle es de menos de 0,5 %) sino política: lo que buscan es propinar una derrota política al proletariado, en este caso en el ámbito público.
Así como la reforma laboral que buscan legalizar y viene sucediendo de facto también persigue en términos políticos e ideológicos, no solo económicos, asestar un duro golpe al conjunto de los trabajadores.
Se trata de un movimiento que apunta a disciplinar a la clase obrera, desalentar la lucha colectiva y organizada y profundizar un ajuste sobre las ya de por sí degradantes condiciones de vida de miles y miles de familias de nuestro pueblo. Reducción salarial y súper explotación: he ahí la “fórmula” de la clase dominante para sostener su tasa de ganancia.
Debemos presentar batalla. Organizar la resistencia y la lucha activa desde cada puesto de trabajo, en las fábricas, en las dependencias del Estado. Debatir, discutir con nuestros compañeros, instalar el tema al que muchos esquivan por miedo y falta de referencia política.
Nuestros intereses son incompatibles con los intereses del gran capital. Por eso lo venimos señalando: estamos en una guerra de clase contra clase, en una lucha desigual es cierto, pero no debemos olvidar que nosotros (las y los trabajadores) producimos toda la riqueza, la misma que ellos, sin trabajar, se apropian.
No alcanza con paros intrascendentes ni declamaciones de las centrales obreras (CGT, ATE) que, lejos de representar los intereses de nuestra clase, colaboran por acción u omisión con el enemigo mortal e histórico de los trabajadores y el pueblo.