La Knesset (parlamento unilateral de Israel, autoridad superior del Estado, aprobó la ley de pena de muerte para los palestinos.
La iniciativa fue tomada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, un extremista de derecha quien, durante la campaña electoral, se colocaba pines con insignias en forma de horcas; y que festejó con champagne en la sesión del Parlamento.
De hecho, la pena que se promueve contra los palestinos es de ahorcamiento, y se va a aplicar en especial en la Cisjordania ocupada.
La misma va a ser aplicada contra quienes atenten contra el Estado de Israel, sus ciudadanos y los soldados que ocupan el territorio.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Palestina sostiene, con justa razón, que semejante ley “constituye una decisión de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales institucionalizadas, según criterios racistas”.
De hecho, Israel no tiene soberanía sobre el territorio palestino (la franja de Gaza y Cisjordania ocupada), siendo que, por lo tanto, es claro que las leyes israelíes no pueden aplicar sobre el pueblo palestino.
La medida, que va a aplicarse para aquellos casos que el Estado de Israel considere a discreción, se llevará adelante a los 90 días de cometido el supuesto delito.
Transcribimos parte de la declaración del Partido Comunista de Israel al respecto, una denuncia clara e inequívoca:
“La ley que impone la pena de muerte a los árabes es una legislación racista que afianza el apartheid legal contra los palestinos”… “Esta ley no es simplemente una medida punitiva, sino una declaración oficial de la institucionalización del apartheid y el racismo, y la transformación del sistema legal en otra herramienta más para la violenta represión política del pueblo palestino”. “Basándose en el principio de la santidad de la vida, Hadash-Ta’al se opone a la pena de muerte bajo cualquier circunstancia y contra cualquier persona, pero aún más cuando se trata de legislación selectiva y racista que contradice las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional”.
Y continúa la declaración, en otro apartado:
“Al aprobar este proyecto de ley, el gobierno admite que el Estado de Israel opera dos sistemas jurídicos separados basados en la nacionalidad y la raza: uno que permite la ejecución de árabes y otro que brinda protección e inmunidad a los delincuentes judíos; esto es apartheid en su máxima expresión”.
Compartimos plenamente las expresiones de esta declaración y condenamos esta medida de carácter racista, discriminatoria y genocida que alimenta la política genocida que se viene aplicando sistemáticamente contra el pueblo palestino.