Changuinola es la capital de la provincia atlántica de Bocas del Toro fronteriza con Costa Rica y centro de la región del banano. Aquí se encuentran las principales plantaciones y las oficinas de Bocas Fruit Company – a principios del siglo XX fue la primera casa matriz de la United Fruit Company, compañía de capitales estadounidenses que con el favoritismo de todos los gobiernos latinoamericanos explotó los cultivos frutícolas y a sus trabajadores-. La población de esta región panameña esta compuesta por etnias indígenas – ngobe y naso teribes– jamaiquinos, chinos, árabes, estadounidenses y latinos.
Desde principios de este mes el gobierno panameño impulsa una reforma laboral (la Ley 30 del 2010) que incluye una norma que quita la obligación a las empresas de pagar la cuota sindical, permite a los empresarios sustituir a los trabajadores en caso de huelga y utilizar a la policía para la protección de la empresa, garantizando así su operatividad.
Los trabajadores bananeros, en su mayoría indígenas, rechazaron de plano esta reforma y se declararon en huelga tomando también las plantaciones como parte de su plan de lucha. La población de Panamá en su conjunto se sumó desde diferentes lugares a la lucha de los trabajadores mostrando su apoyo organizando jornadas de protesta, huelgas y manifestaciones.
El sector empresarial, Bocas Fruit Company aseguró que, debido a este conflicto, tiene pérdidas económicas de 20 millones de dólares. La empresa retuvo los salarios de los trabajadores.
La policía siempre obediente reprimió a los trabajadores para desalojar la plantación y el puente, único acceso terrestre a la ciudad, dejando un saldo de dos muertos y más de cien heridos.
Los sindicalistas del sector están negociando desesperadamente porque aprobada la reforma se reduciría de manera drástica la cuota sindical ya que pasaría a ser voluntaria, sin embargo y como no es de extrañar trasladaron las negociaciones a la ciudad capital, lejos de los trabajadores y sus familias quienes defienden sin retroceder ni un paso sus derechos. El gobierno exige la liberación de las calles para continuar las conversaciones pero la respuesta fue inmediata y todos los sectores sociales decretaron una huelga general para este martes 13 de julio.
Ante el descontrol de la situación, el presidente dio marcha atrás y ordenó a su ministra de trabajo que elevara un proyecto a la Asamblea Nacional mediante el cual se suspendía por 90 días los artículos 12, 13 y 14 de la Ley 30 ya aludida. Estos artículos son los que se refieren a la cuestión de la huelga y la cuota sindical que deben pagar las empresas. Asimismo, el gobierno se comprometió a discutir una política bananera y generar un clima de diálogo en la región.
Tratando de ocultar la debilidad de su gobierno y de la misma empresa Bananera quienes no pudieron imponer sus condiciones por la decidida lucha de todo un pueblo, el presidente Martinelli, comentó que se cometieron “errores” (se refería a los muertos y heridos) y culpó a la prensa por haber difundido las imágenes de la represión.
Además, el presidente, removió al gobernador de Bocas del Toro y puso un reemplazante que asumió ayer jueves.
Sin embargo, en Boca del Toro se estima que la suspensión equivale a “mantener el fuego ardiendo”, pues los trabajadores evalúan continuar con la paralización y las propuestas a pesar del acuerdo.
Un día después de haber sido abucheado por la multitud en un estadio y un día antes de su visita a la caribeña provincia de Bocas del Toro, el presidente panameño Ricardo Martinelli fue declarado “persona no grata” por los obreros de su país.
Otra vez la clase trabajadora y el pueblo se unen y se defienden de aquellos que intentan disfrazar sus intereses y beneficiar a los grandes monopolios y sus gobiernos.