A los pocos días que el presidente de YPF, Miguel Galuccio, anunciara un plan de esa empresa para desarrollar la explotación del gas natural, la empresa Pan American Energy (PAE) sociedad en la que participan British Petroleum, CNOOC de China y la familia Bulgueroni pidió la quiebra de la empresa Metrogas, distribuidora que es la mayor de América Latina y es propiedad, precisamente, de YPF.
En una nota enviada a los medios de comunicación, la distribuidora de gas denuncia que la actitud de PAE es “irracional” y persigue motivos que no son los de una reestructuración de deuda. Está más que claro que cuando se pide una quiebra por una deuda de 135 millones de pesos, lo que se persigue es quedarse con la empresa.
Pero esta pelea entre monopolios tiene como telón de fondo otra pelea que se viene desarrollando hace tiempo.
El plan anunciado por Galuccio persigue el objetivo de dejar de importar GNL (gas natural licuado) y reemplazar esas importaciones por gas natural producido en el país. Para ello anuncia el Plan YPF 2030 y lo relaciona con el desarrollo de otras industrias como la petroquímica.
La importación de gas fue manejada por años por el ministro Julio De Vido; a través de la consultora DYSAN, propiedad de Roberto Dromi otrora cerebro de las privatizaciones de la década menemista. Este personaje operaba para Gas Natural Fenosa, con sede en España, que era la empresa que vendía el gas. Cuando Kicillof le quita el «control» de este negocio a De Vido, la importación de gas pasa a manos de YPF y Enarsa, con Galuccio a la cabeza. Éste, a su vez, es funcionario de Schlumberger que es a su vez socia mundial de Chevron, socia estratégica de YPF en la explotación de Vaca Muerta.
Hoy Dromi patrocina una demanda presentada en la justicia por el cobro de sobreprecios en la importación de GNL por 900 millones de dólares, en la que acusa a YPF y Enarsa.
Los nombres de empresas, funcionarios, ex funcionarios, empresarios del sector “privado” que se pasan al sector “público” y viceversa, se entremezclan y desnudan el carácter del capitalismo monopolista de Estado en el que los aparatos estatales son disputados por las distintas facciones del capital financiero en una guerra abierta por los negocios aquí y en el mundo. El negocio de la energía presagia cambios profundos en el escenario planetario y todos pelean por su mayor tajada.
La soberanía energética cacareada cuando la “reestatización” de YPF es una fantochada más de los llamados gobiernos progresistas, como está ocurriendo en Brasil, Bolivia y Ecuador. En todos lados se cuecen habas y los gobiernos muestran su subordinación a los monopolios mundiales. Un claro ejemplo de esto es el subsidio de más de 15 mil millones de dólares anuales que el Estado argentino otorga a las trasnacionales petroleras para cubrir la baja del precio del petróleo en el mercado mundial.
Utilizando y medrando con los recursos y los fondos que son expropiados a los pueblos los capitales “invierten” el dinero que nos roban a la clase obrera y al pueblo, todo garantizado por los Estados a su servicio.