La tan mentada gratuidad de la educación superior en Chile es todavía un objetivo por cumplir. El gobierno de Bachelet presentó a fin de 2015 un proyecto de reformas, que modificaron algo para que nada cambie. El lucro en las universidades, la mercantilización de los estudios, el alto costo que deben afrontar las familias para formar a sus hijos, siguen intactos. Los estudiantes comienzan a perfilar un año movido, de enfrentamiento a estas políticas.
El terreno de la educación viene mostrando grietas desde hace varios años en Chile. Las movilizaciones estudiantiles y docentes pusieron en jaque un sistema que fue impuesto por el gobierno de Pinochet. Los principios rectores del modelo privilegian las ganancias de los empresarios que abren instituciones escolares o universitarias. El resultado es que las grandes mayorías del pueblo chileno consiguen una formación cara, que deben costear de su bolsillo (en general a través del endeudamiento), y además de muy mala calidad. Los hijos de los pobres reciben una educación pobre, o directamente ninguna. Desde 2011 está en desarrollo un ciclo de luchas que constituye un inmenso movimiento por la educación pública. Se trata de millones de chilenos que reclaman por el futuro de sus hijos. Rechazan el concepto de educación de mercado, basada en el lucro de unos pocos y la exclusión de las mayorías, que entiende el acceso al conocimiento como un bien de consumo. Tienen claro que no es posible corregir algunos aspectos solamente, sino que es necesario sustituirlo por otro que garantice ingreso irrestricto de calidad para todos. Insisten con definir a la educación como un derecho social, que debe ser garantizado por el estado. Frente a este panorama, Michele Bachelet levantó algunos de los grandes objetivos de las protestas juveniles y prometió una reforma al sistema universitario que llevara a la gratuidad, mejorara su calidad y democratizara su funcionamiento. Palabras vanas. Más allá de las campañas mediáticas y los fuegos de artificio discursivos, poco ha cambiado en sus dos años de gobierno.
Mucho ruido y pocas nueces
A fines del año pasado pareció que daba un paso interesante con una ley que atendía a las condiciones de matriculación de los estudiantes universitarios, en especial los ingresantes. La intención era eximir de pago a los jóvenes que provinieran de las familias más pobres de la sociedad. En definitiva, el proyecto favoreció a unos 120.000 universitarios, que representan menos del 10% del total de estudiantes del país. Lejos quedó la idea de gratuidad. Se trata de un sistema de subsidios que asegura a las universidades el pago de los aranceles de los estudiantes que cumplan con los requisitos de admisión del plan. Los beneficiarios siguen siendo en definitiva los responsables de las instituciones educativas, que reciben sumas millonarias y negocian recursos con el gobierno como contrapartida a la inscripción de estos jóvenes. El tema son los negocios, no la educación. Una mirada más profunda muestra cuánto hace falta un cambio completo en el sistema. Los estudiantes secundarios acceden al nivel superior luego de pasar por una prueba estandarizada, que todos deben rendir. El puntaje que obtienen les permite optar por las carreras y las instituciones donde desean inscribirse. Este año quedó fuera del sistema más de la mitad de los aspirantes. Casualmente se trata de quienes provienen de las escuelas públicas, de los sectores más vulnerables, es decir los hijos de los trabajadores. Las diferencias sociales se sostienen y profundizan con este modelo educativo.
¿Hacia dónde va el movimiento?
El reclamo social comienza a elevar su presión con el regreso a clases. La politización de los estudiantes señala un camino que contagia a toda la sociedad chilena. Hoy en día ocupan un lugar destacado en el escenario político del país. Su creatividad y sobre todo la disposición a confrontar en todos los ámbitos al poder constituido ponen un sello particular a sus acciones. La fuerza social que re- presentan comienza a articular acciones con los trabajadores de distintos sectores, en principio los docentes y luego otros gremios. Por supuesto el gobierno no puede tomar medidas sin tener en cuenta sus exigencias. Los estudiantes insisten con reclamar la gratuidad para todos los universitarios. Que los recursos que la sociedad destina a la formación de las nuevas generaciones garanticen una mejor calidad en la enseñanza y no queden en los bolsillos de unos pocos. Exigen una mayor democracia al interior de los claustros, con participación de docentes, trabajadores y estudiantes en la toma de decisiones y el gobierno de las universidades. Demandan un mayor compromiso de sus docentes y defienden sus condiciones laborales, de estabilidad y de salario. Los jóvenes dieron muestra claras que sus críticas al modelo educacional distan mucho de ser sólo quejas de inconformistas. Se trata de un verdadero plan de refundación de la sociedad y el estado chileno. Han indicado con maestría que la situación educativa está íntimamente vinculada al sistema económico y a la estructura del estado. Proponen soluciones de fondo a los males de todo el país y están dispuestos a luchar por ellas.
Publicado en El Combatiente Nº 1021, 25 DE MARZO 2016