El verano chaqueño está caldeado, pero alcanzó más altas temperaturas sociales que metereológicas. El gobierno de Jorge Capitanich se encontró con un gran escollo en la implementación de su plan de ajuste disfrazado bajo el engañoso concepto de «saneamiento de cuentas» en las finanzas estatales. Movilizaciones a lo largo de toda la provincia, principalmente de docentes, agitan las aguas en exigencia de una mejoría en las condiciones de vida de los trabajadores.
Luego de 14 meses de gobierno, Capitanich dejó en evidencia que el objetivo principal de su tercer mandato es hacer caja para los negocios propios y de sus socios. Desde que asumió en diciembre de 2019, las transferencias por coparticipación y la recaudación propia fueron en aumento y siempre superaron a la inflación. El contexto de pandemia permitió congelar los salarios estatales y obligó a frenar muchos de los proyectos de obra pública, por lo que durante este tiempo los gastos corrientes fueron impactando cada vez menos en las finanzas del estado provincial. Y el proyecto era continuar con esta práctica, con vistas a la campaña electoral de mediados del año en curso. Pero la burguesía y el gobierno proponen, y la lucha de clases dispone.
Los mecanismos de engaño, con sus discursos llenos de números y palabrerío de gestión y el coro de medios oficialistas o ganados por la pauta, chocaron con la realidad: la sociedad chaqueña tiene los peores índices de pobreza y de calidad de vida del país, y los números de la pandemia sólo agregan un plus a la situación general.
Capitanich está acostumbrado a los negociados con los sindicalistas, que siempre fueron sus cómplices, pero esta vez no pudo. A pesar de lograr un «acuerdo» con los dirigentes de los sellos que representan a los empleados de la administración central (10% de aumento y $2.000 en negro), la bronca se esparce por abajo. El sector de salud es uno de los más descontentos, luego del inmenso sacrificio que significó estar en la primera línea de la lucha contra el coronavirus y el dengue, entre otras pestes. Existe un estado deliberativo que pone en cuestión la legitimidad de los representantes sindicales y la necesidad de un aumento que verdaderamente recomponga la pérdida del salario en el último tiempo.
Entre medio de todo eso, aparecieron los docentes y patearon el tablero. La experiencia de organización y movilización del año 2019 hizo que en plenas vacaciones comenzara una demanda de mejoras salariales y de infraestructura, de cara a la vuelta a clases presenciales en contexto de pandemia. Las redes fueron preparando el terreno y en los primeros días de febrero comenzaron a darse reuniones y asambleas en las plazas de varias localidades. Es notable cómo fueron debatiendo el panorama y coordinando acciones escuela por escuela, que se expresaron en movilizaciones cada vez más concurridas.
Con ese marco, el ejecutivo chaqueño convocó a las reuniones paritarias el martes 16 de febrero. La oferta fue la misma que habían planteado a los demás empleados públicos. Pero en este caso los dirigentes sindicales no pudieron acatar el mandato del gobierno, porque las bases estaban rebeladas. El ministro de Economía Santiago Perez Pons y su par de Educación Daniela Torrente, en una nueva reunión una semana más tarde, presentaron su máximo esfuerzo: 12% al básico y $2.500 en una figura «gris» (hoy el básico de un maestro de grado es de $12.174 y el salario inicial es de $20.479). La respuesta fue una movilización de varios miles en la capital y otras localidades, y cortes de ruta en algunos puntos del interior.
El camino de la confrontación está definido. Desde el gobierno han lanzado medidas de represión y amedrentamiento para frenar la movilización y la denuncia de las condiciones laborales de la docencia chaqueña, pero no hizo más que hechar nafta al fuego. En la base docente está clara la decisión de sostener las medidas de fuerza durante la semana que viene, cuando deberían comenzar las clases.
Vamos tejiendo una unidad amplia que le da otra calidad a las demandas y afianza la movilización autoconvocada. Las asambleas por escuela y por localidad, con maestros, padres, estudiantes y trabajadores de otros sectores, son la garantía para conseguir la fuerza que necesitamos para torcer el brazo del poder. Con firmeza, en nuestro propio terreno, porque la educación pública es un problema de todos los chaqueños.
Los trabajadores de la educación ya no aceptamos a burócratas que hace décadas no pisan un salón de clase como mediadores o «negociadores». Ejercemos la democracia directa, elegimos nuestros propios delegados de base y reclamamos que sean ellos los encargados de recibir y transmitir cualquier oferta de la patronal (como hicieron en Salta, en 2019). Estamos forjando un gran movimiento de base que pueda sostener la lucha hasta ganar lo que nos corresponde.
El lunes 1 de marzo las escuelas permanecerán cerradas y se está preparando una movilización a la sede del ministerio de Educación, que seguramente será más masiva que la del jueves 25 de febrero. El conflicto dista mucho de resolverse, mientras no surjan las respuestas que todo el pueblo exige. Aparece una fuerza verdaderamente democrática, bien de abajo, que planta cara al ajuste de los de arriba.