El fenómeno Milei (utilizando una de las acepciones del término “fenómeno”, que lo define como cosa extraordinaria y sorprendente) es el emergente de la severa crisis política que transcurre en el seno de la burguesía monopolista y sus representaciones políticas.
No es producto de la casualidad, o un milagro divino, que el individuo haya pasado en unos pocos años de panelista televisivo a presidente. Más allá de los intereses que operaron detrás de su figura, como siempre pasa, su irrupción en la política está íntimamente asociada a las causas y efectos que se fueron produciendo a partir de la actuación de los partidos llamados tradicionales. El discurso de “la casta” utilizado por Milei apuntaba (y apunta, aunque ya no con tanta eficacia) a esas representaciones que, una tras otra, causaron decepciones y hartazgos en una porción muy importante de la población.
Valga recordar que no sólo Milei fue manifestación de esa crisis; también en las últimas elecciones presidenciales se produjeron porcentajes de abstencionismo históricos para comicios de esa categoría.
El actual gobierno es entonces producto de la crisis política y, al mismo tiempo, receptor de la misma. Si bien es aplaudido por la clase dominante de ningún modo se han resuelto las contradicciones y disputas en el seno de la misma. Por el contrario, se podría decir que el ejercicio efectivo del gobierno afecta tanto a la fuerza política de Milei como a las otras fuerzas del sistema. Las renuncias y despidos de casi un centenar de funcionarios en diez meses de gobierno (también algo inédito), es cabal ejemplo de lo que afirmamos.
El carácter monopolista de Estado en el que derivó el capitalismo en el mundo y en nuestro país, adopta diversas fisonomías en la estructuración del poder y en el resultado de dicha estructuración.
En efecto, las facciones monopolistas pelean por los negocios y los mercados utilizando al Estado y a los gobiernos (que son su representación política) configurando bloques o alianzas que son cada vez más efímeras e inestables.
Con esto queremos decir que, a diferencia de otras épocas, las facciones de la oligarquía financiera logran hegemonías momentáneas, perecederas, ya que van al ritmo de la competencia feroz entre los capitales. Una competencia que se exacerba en el marco de la crisis capitalista mundial que tiene su correlato en los países, y el nuestro no es ninguna excepción.
Como ejemplo de lo que afirmamos es indudable que el grupo Techint es uno de los representantes de una facción del capital que ha desembarcado con cuadros políticos y técnicos en el gobierno de Milei. Dicho grupo, junto con otros como PAE (del grupo Bulgheroni), Pampa Energía (del grupo Mindlin), por nombrar a algunos, se están viendo beneficiados en el reparto de los negocios en ese rubro a partir de la explotación de los yacimientos de Vaca Muerta en Neuquén y la producción de petróleo y gas. Sobre todo, el GNL, gas natural licuado, que hoy es un producto altamente demandado en el mundo.
Se podría decir que esos sectores hoy hegemonizan el bloque monopolista burgués. Sin embargo, los anuncios de importación de acero o de la libre exportación de chatarra afecta directamente otro de los negocios del grupo comandado por los Rocca.
Al mismo tiempo, hay otros sectores monopolistas que no son tan favorecidos por las medidas del Estado y pugnan por imponer sus intereses. Podríamos mencionar a los laboratorios farmacéuticos ante la libre importación de medicamentos; los grupos del agronegocio que reclaman un tipo de cambio más favorable para exportar; las automotrices que se impacientan ante la tardanza en reglamentar el RIGI con beneficios para el sector, o que están en desacuerdo que en la llamada “ley hojarasca” se anule la exclusividad de compra por parte de las reparticiones del Estado de vehículos de fabricación nacional; o las empresas de medios que se ven obligadas a tributar el IVA del que estaban exentas.
Cada sector monopolista sabe y conoce que para verse beneficiado por las medidas concretas que toma el gobierno debe imponerlas a través del manejo de algún resorte estatal, lo que implica desplazar de ese lugar a algún funcionario o funcionaria que defienda negocios de otra facción.
Esta puja entre beneficiados y desplazados es permanente y determina la inestabilidad, también permanente, de los acuerdos, las alianzas, las representaciones políticas, los beneficios y las pérdidas según quien tenga más fuerza para imponerse en lo que, en definitiva, es el arrebato desmadrado de una clase parasitaria y que, a través del Estado, se apropia de la riqueza que el conjunto social produce.