Mediante el decreto 493/2025, el Poder Ejecutivo Nacional modificó el régimen de propiedad de la empresa AySA (Agua y Saneamientos Argentinos) para proceder a la privatización del 90% del capital accionario de la misma que hoy está en manos del Estado, dejando el 10% restante sin cambios, es decir, en manos del sindicato que encabeza José Luis Lingieri desde el año 1984. Por supuesto que este personaje ya manifestó su acuerdo con el mencionado decreto.
AySA presta servicios de agua y cloacas a la ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano, que abarca una población de más de 16 millones de habitantes.
La llamada Ley Bases, aprobada el año pasado, estableció en su artículo 7 que la empresa estaba sujeta a privatización. Durante ese período, el gobierno de Milei avanzó en eliminar los subsidios a los usuarios, lo que significó aumentos tarifarios de hasta un 1500%.
Junto a esas medidas, en simultáneo con la firma del decreto, el gobierno dispuso la autorización para que la empresa pueda realizar el corte de suministro ante la falta de pago. La privatización también anula la obligación de la empresa de expandir las áreas de servicio a zonas que no cuentan con agua y saneamiento, habilita a actualizar la tarifa todos los meses y extiende de dos a cinco años la prescripción de las deudas.
Si bien en nuestro país el agua no está considerada legalmente como un servicio esencial, sí es considerada como un derecho humano, tal como lo estableció la ONU en 2010, criterio que fue adoptado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2014.
Más allá de las leyes, un mínimo de raciocinio basta para entender que el acceso al agua potable es un servicio esencial para la vida. Pero en este caso, el gobierno de los monopolios muestra estar plenamente al servicio de los mismos; en efecto, se consideran servicios esenciales a la educación y la salud y, por lo tanto, se impide virtualmente ejercer el derecho a huelga, pero no así el acceso al agua. Una supuesta contradicción que, en realidad, esconde una nueva vuelta de tuerca a la mercantilización de un insumo vital como el agua.
En vez de estar debatiendo la gratuidad y la universalidad del acceso al agua, se están reforzando las medidas para que cada vez se pague más por poder acceder a la misma. Las “bondades” del capitalismo en su máxima expresión.
Se ha mencionado que la empresa de aguas de Israel, Mekorot Israel National Water Co., sería la beneficiada por la privatización. Por estos días, Diego Berger, coordinador de proyectos especiales e internacionales de la empresa, declaró en el diario Perfil que los estatutos de la misma impiden que compre el paquete accionario de AySA. Pero en el mismo artículo afirma que Mekorot ya está trabajando en la empresa con “asesoramiento a niveles técnicos”.
La empresa de aguas israelí, denunciada por la ONU por impedir el acceso al agua a la población palestina de los territorios ocupados, es decir, uno más de los brazos ejecutores del genocidio que está realizando el Estado sionista contra aquel pueblo, no ingresó a la Argentina de la mano de Milei. Lo hizo de la mano del peronismo. Más precisamente del entonces ministro del Interior del gobierno de Alberto Fernández; Eduardo “Wado” de Pedro, que realizó un viaje a Israel con gobernadores y firmó convenios para que la empresa Mekorot participe en el diseño de los Planes Maestros de gestión del agua de las provincias de Santa Cruz, Río Negro, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Formosa. Ya en el gobierno de Milei, se sumaron a ese plan Jujuy, Chubut y Neuquén. Nótese que, excepto Formosa, las demás provincias están situadas en áreas petroleras y mineras, actividades que requieren de fabulosas cantidades de agua para explotar esos recursos.
El alineamiento del gobierno de Milei con el Estado genocida de Israel es público. Menos se sabe de las gestiones del “progesista” de Pedro para traer a la Argentina a una empresa denunciada de participar en el genocidio atroz del pueblo palestino. Así se explica que el peronismo, en ninguna de sus variantes, no alce la voz contra esas atrocidades que la Humanidad rechaza cada vez más masivamente.
Pero allí no termina la intervención del gobierno “nacional y popular” a favor de los monopolios. En línea con las intenciones de aumentar la recaudación por el cobro del uso del agua, bajo la Resolución 641/2023, la Secretaría de Obras Públicas de la Nación aprueba en fecha 7 de diciembre de 2023 (tres días antes de que Alberto Fernández dejara la presidencia de la Nación y de que Malena Galmarini, esposa de Massa, dejara la conducción de AYSA) una nueva “Guía de ejecución de instalaciones sanitarias domiciliarias y asimilables a domiciliarias” (publicada en el Boletín Oficial Nacional del 20 de febrero de 2024). En dicha resolución se incluye en carácter obligatorio que cada unidad funcional de vivienda (inclusive en edificios de propiedad horizontal) cuente con un medidor de agua propio para medir individualmente el consumo. La obligación de la medición individual siempre ha sido una exigencia de los capitales interesados en quedarse con el negocio del agua en Argentina (como lo intentaron los franceses en la privatización de los años 90 y no lo lograron del todo); así como quedarse con la posibilidad de tener una tarifa más cara para aquellos que no accedan a este requerimiento.
En resumen, esta modificación reglamentaria impulsada desde el Estado (al servicio de los grandes capitales, como siempre) es una demostración más que este era un plan de la burguesía que la administración peronista allanó; un negocio que se venía amasando desde hace rato. Queda expuesto con absoluta claridad el entramado entre los gobiernos de todos los signos y los monopolios. Con el Estado a su servicio, planean y proyectan negocios que trascienden las administraciones. Con cada una dan los pasos que pueden dar, pero teniendo muy clara la hoja de ruta.
La privatización de AySA, con la complicidad del sindicato, es una vuelta de tuerca más que los monopolios y sus gobiernos llevan a cabo contra las condiciones de vida de millones de seres humanos.
La intención de la burguesía monopolista por hacer pagar la crisis capitalista estructural a los bolsillos del pueblo, tiene en la privatización de AySA un capítulo más de esa política. Una política que apunta a que los recursos que genera el trabajo de millones de compatriotas se concentren cada vez en menos manos.
La lucha contra los efectos de la privatización de un recurso tan preciado como el agua, es un eje que se suma a la resistencia y la lucha. Lucha que debe tener como objetivo la derrota del plan del gobierno.