Bebieron de su propia medicina, pero no resultan víctimas
Desde hace más de una semana, la situación de la policía de Rosario se fue calentando a partir del reclamo de aumento de ingresos, permisos sin descuentos de tratamiento sicológico y psiquiátrico, pase de los ingresos por conceptos no remunerativos a remunerativos.
Ayer de madrugada, los familiares y algunos policías sufrieron gaseadas, bastonazos y empujones de parte de las fuerzas represivas que controlaban el acceso a Unidad Regional II. Acto seguido, los policías sublevados cortaron la calle con decenas de patrulleros y motos y prendieron fuego a cubiertas bloqueando la entrada al predio de la institución y haciendo sonar sus sirenas en forma continua.
Inmediatamente cesaron su actividad de vigilantes, coimeros y hostigadores negándose a recorrer las calles y prestar servicio al Estado.
El gobierno se negó al diálogo hasta que los uniformados volvieran a sus tareas, mientras la cúpula pasaba disponibilidad a entre 20 y 40 efectivos obligándolos a entregar los chalecos blindados y el arma reglamentaria, para meter miedo al resto con el despido pretendiendo así disciplinar a la tropa.
Gran equivocación, muestra de debilidad y desconocimiento absoluto de la situación. El efecto fue inverso, ya que se plegaron a la medida los que aún no lo habían hecho y se acercaron a la protesta, “representantes” con botas negras de la ciudad de San Lorenzo, y Santa Fe, Capital.
La medida se mantuvo por todo el día, durante la noche y la madrugada y mañana de hoy.
Hace pocas horas, el Jefe de la Unidad Regional II dio marcha atrás con los despidos y salió de sus oficinas para dialogar con los insubordinados, pero estos lo empujaron, escupieron e insultaron por lo cual se vio obligado a meterse adentro en forma inmediata.
El conflicto sigue con miras de prolongarse dada la actitud de la mayoría de los efectivos. El gobierno debió recurrir al servicio penitenciario, las fuerzas especiales, la gendarmería y otras fuerzas federales para cubrir, en forma parcial y limitada, las tareas que los policías provinciales han abandonado.
Los medios masivos de comunicación y personajes políticos del oficialismo y de la oposición, incluidos algunos de los llamados “progresistas” salieron a dar sus opiniones solidarizándose con los reclamos policiales de “salarios dignos”. Los opositores, haciendo gala de su oportunismo electoralista, no perdieron la oportunidad de criticar al gobierno provincial y nacional. Al primero por la incapacidad para resolver el conflicto que corre el peligro de extenderse a otras policías provinciales, y al segundo, por reducir los recursos coparticipables con su política de ajuste.
En su vocación solidaria, oficialistas y opositores se conmueven por los bajos ingresos que tienen un piso de $1.000.000,00 con lo cual dicen “no se puede vivir”, algunos como Carlos Del Frade (diputado “progresista” cuya intención es el funcionamiento armónico del sistema capitalista), reclama la sindicalización de los policías y dice que la incorporación de muchos jóvenes de ambos sexos le ha dado a “la fuerza” una conformación auténtica que rescata en su discurso.
Pero, contrariamente a sus edulcoradas posiciones sobre la situación de los “empleados policiales”, sus injustos “salarios”, el riesgo de sus vidas al “servicio del combate contra el delito” y otras definiciones que intentan presentarlos como trabajadores al servicio de los sectores oprimidos, la realidad es que se trata de una fuerza armada, educada y adiestrada al servicio del Estado capitalista diseñado para la represión de las masas en rebelión.
Su actividad no es trabajo, su fin es disciplinar a la sociedad bajo el mandato de sus mandantes: los gobiernos de turno de la burguesía; su ingreso no es salario, es el pago a cambio de ese objetivo mercenario; la máscara del combate al delito desaparece porque se entremezcla con el delito que es el molde de la formación proporcionada por su mandante: el Estado burgués; sus reclamos de dignidad son falsos porque su vida es indigna y mercenaria; su pedido de solidaridad es vacío ya que su conducta es intentar romper la solidaridad de la clase que produce…
Todas las acciones que realizaron para que el gobierno les aumente sus ingresos tales como los cortes de calle, la quema de neumáticos, el cese de la actividad determinada por sus mandantes, los debates y “asambleas” en la calle; los ruidos y bloqueo del predio en donde se asienta la institución; etc., fueron aprendidas de la lucha de clases llevada a cabo por los proletarios y sectores oprimidos que ellos reprimen al servicio de la clase burguesa dueña del Estado al que sirven.
Realizadas por el proletariado y sectores oprimidos, esas mismas acciones fueron combatidas por ellos mismos y por sus mandantes con argumentaciones que hoy nadie de ellos esgrime contra la fuerza policial.
El actual pronunciamiento policial no es más que producto de un Estado y gobierno de turno que están en crisis como lo está todo el sistema capitalista. La lucha de clases y la contradicción propia de la burguesía que contrata esa “mano de obra” represiva, a la que pretende pagarle con la menor suma disponible, son la causante de semejante situación.
Los proletarios conscientes, no sentimos ninguna empatía por esa fuerza de choque contra los trabajadores, surgida mayoritariamente de las entrañas del lumpen, es decir de sectores marginales que no están dispuestos a trabajar y que ven en la institución uniformada la oportunidad de cierto “poder” emanado de la portación del arma y del moldeado de su preparación reaccionaria, lo cual le permite introducirse en las redes delictuales de las que sacan algún beneficio personal en desmedro de la población trabajadora.
Por el contrario, vemos el conflicto como una debilidad importante que nos dará más sólida argumentación y fuerza para avanzar por la conquista de nuestras reivindicaciones, mayores libertades políticas, destrucción del falso relato gubernamental y burgués, etc. En pocas palabras avanzar en el camino de la organización de la lucha de clases hacia nuestra emancipación.
En una conferencia de prensa brindada en la tarde noche de hoy, el gobernador Pullaro estableció un ingreso básico antes de adicionales de $1.300.000,00 para todos los policías y la medida de fuerza se levantó.