El pasado miércoles 7 de octubre un grupo de estudiantes se movilizó al Palacio Pizzurno (Secretaría de Educación) y, valiéndose del factor sorpresa, se realizó una sentada pacífica en el hall del edificio, demandando hablar con las autoridades competentes. Luego de dos horas, se amenazó a los estudiantes y se los reprimió con gases para echarlos del edificio. Gracias al alto grado de organización y la solidaridad de estudiantes que acompañaron el reclamo desde afuera, se pudo evacuar a aquellos que se encontraban adentro y la acción concluyó sin arrestos, lamentando sólo un herido leve a causa del violento accionar de un efectivo de la PFA que empujó contra un vidrio a uno de los estudiantes.
Este accionar estudiantil no sólo fue, para sorpresa de nadie, repudiado fuertemente por el gobierno, que lo trató de un acto injustificado, antidemocrático y violento, sino que también fue una medida repudiada por el rectorado de la UBA, que, más allá de justificar el reclamo, señaló la conducta de los estudiantes como violenta y delincuencial.
La postura del Rectorado no es casual, expresa un afán de contener la protesta universitaria dentro de límites que le permitan seguir manteniendo su poder dentro de la estructura interna de la política universitaria. El Rectorado bien sabe que acciones como la del Palacio Pizzurno, por más que son pequeñas, permiten al estudiantado empezar a romper con el seguidismo al CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) que viene caracterizando el desarrollo del proceso, donde el CIN impone medidas de fuerza y el resto de actores, parte del ecosistema universitario, se pliegan.
Pero algo que es necesario mencionar, pues representa el carácter más nefasto, es que mientras estudiantes universitarios estaban siendo vilmente reprimidos dentro del Palacio Pizzurno, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA las agrupaciones estaban en una comisión directiva para discutir si llamar a asamblea estudiantil.
Más allá de la estupidez de someter a un proceso burocrático el recurrir a lo que es esencialmente una consulta al poder originario del claustro de estudiantes, la medida deja en evidencia cómo las agrupaciones, sean peronistas o de izquierda, reproducen la misma lógica del Rectorado al interior de las facultades, dejando al margen a los estudiantes de un proceso que debería de serles propio, donde y supuestamente se busca convocarlos.
Asimismo, el Centro de Estudiantes luego terminó suspendiendo la comisión directiva y llamando unilateralmente a asamblea para el día antes de la marcha del 15 de Octubre. Los estudiantes deben aprovechar la medida, que por más que fue resultado de una imposición, puede ser el inicio para apropiarse de la lucha universitaria mediante acciones directas como las del Palacio Pizzurno y la organización de agrupaciones autoconvocadas que, desprovistas del oportunismo de agrupaciones que solo quieren estudiantes adeptos, y el Rectorado que busca mantener sus negociados, pueda llevar a la victoria al movimiento estudiantil, transformando consigo las universidades tanto internamente como externamente hacia el país que se busca construir, sólo alcanzable a través de un rebelión obrera que permita al pueblo (realmente, en pleno ejercicio de una democracia directa) deliberar y gobernar.