Argentina como Nigeria, los monopolios marcan las políticas

10/12/2010
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En Nigeria -como en todos los países del planeta- se denunció que la petrolera  Shell infiltró gente de su empresa en todos los ministerios del gobierno para desde allí, dirigir los negocios y a la vez proteger intereses estratégicos.

En el día de ayer se lanzó el segundo “pacto social”, tripartito, gobierno empresas mineras y sindicatos. Recordemos que por las mismas horas se estaba acordando con las empresas petroleras un nuevo aumento de los combustibles y como contracara la lucha de los petroleros rompieron el  primer “pacto social” condicionando el futuro inmediato y mediato de una pacificación para realizar jugosos negocios a costa de los trabajadores.

Las empresas mineras están denunciadas en todo el mundo y en nuestro país -en particular- ya han provocado las primeras resistencias populares a sus negocios; sin embargo, al igual que en Nigeria, estos monopolios con la ley en la mano, la constitución y las fuerzas represivas legales y paralelas, intentan subordinar  la voluntad popular a viento y marea.

Con la ley 24.196 (de mayo de 1993), el sector comenzó a ganar impulso. La ley fomenta las inversiones mineras de una manera muy ventajosa para las compañías del rubro: garantiza estabilidad fiscal por treinta años y una serie de beneficios impositivos, entre los que se destacan la deducción de hasta el 100% del impuesto a las ganancias de los montos invertidos en las etapas de prospección y exploración, así como estudios, ensayos y demás trabajos destinados a determinar la factibilidad técnico-económica de los proyectos.

También contempla la libre disponibilidad de las empresas de las divisas obtenidas por sus exportaciones y se las exime del pago de derechos de importación por la introducción de bienes de capital, equipos e insumos para sus operaciones. A su vez, a través de otra norma sancionada por el Congreso en 1994, se estableció un régimen de financiamiento para el pago del IVA que permite la devolución anticipada de ese impuesto para la adquisición de bienes de capital y para inversiones en infraestructura. Según la Ley de Inversiones Mineras, las provincias que perciban regalías por esta actividad no podrán cobrar un porcentaje mayor al 3% del valor en “boca de mina” de lo extraído (precio de lingote u onza en Londres). Este valor depende de lo que declare el productor, luego de descontar costos operativos, que –vale decir– no son controlados por el Estado de manera eficiente (¿qué duda hay si somos o no como Nigeria?).

En fin, esto sigue en forma ilimitada. Lo cierto es que detrás de este pacto social, el segundo, no sólo hay naturaleza aislada perjudicada, como nos quieren hacer creer los “más críticos” (Greenpace), estamos los hombres como parte de esa naturaleza, están ese 328% de crecimiento de mano de obra, asalariados que creamos esa riqueza descomunal en beneficio de unos pocos monopolios. Ni que hablar entonces de los centenares de miles de seres humanos que nos vemos afectados por  una anarquía productiva que no puede mirar (ni quieren hacerlo) que se está empeñando el presente y el futuro de varias generaciones.

Siga usted Señora presidente, administradora como en Nigeria de las empresas monopólicas, organizando festivales “por los derechos humanos”, pero no se olvide que, a la gran mayoría del pueblo sus mentiras ya no engañan; por eso el primer “pacto” con las petroleras ya murió, y ahora los trabajadores iremos por el segundo.

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