El Ministerio de Agricultura de Argentina anunció que el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2016/2020 (PEA2), prevé aumentar la superficie sembrada en un 27 por ciento para el año 2020.
PEA2 es publicitado como el producto final de un proceso que convocó a varios de los actores del sector agroalimentario y agroindustrial argentino para su elaboración a partir de lo que ellos llamaron: “una visión compartida de futuro”. Esta visión que tiene el gobierno, en realidad no es una “visión para todos”, si no que es una visión para el futuro de las millonarias ganancias de los monopolios a costa del despojo y empobrecimiento de los pobladores de zonas planificadas.
Con PEA2 o sin PEA2, las cifras actuales muestran que la producción de granos, principalmente la de soja, crece a paso sostenido. Pasó de 70,8 millones de toneladas en la campaña 2002/3 a 100 millones en 2010, una suba de 41 por ciento; la productividad (el rinde) se incrementó en un 25 por ciento, de 2,9 a 3,6 toneladas por hectárea; y la superficie sembrada creció de 27,4 a 33 millones de hectáreas, aumentando en un 20 por ciento.
Para garantizar ese negocio millonario, el gobierno de los monopolios, dispondrá de todas sus instituciones. ¿De dónde va a salir el incremento de los 9 millones de hectáreas de área sembrada previstas para 2020? ¿Qué sucederá con las tierras en manos de los pueblos originarios?
Previo a este lanzamiento, la presidenta anunció la Ley de Tierras, argumentando que había que garantizar que las tierras argentinas no se extranjericen. Con esa consigna, en realidad, a lo que apunta, es al aprovechamiento de todas las tierras productivas de nuestro territorio en pos de los fabulosos negocios ligados a la producción y exportación agroindustrial.
La expansión de la frontera agrícola por que el agro-negocio viene presionando a las comunidades campesinas e indígenas mediante amenazas, desalojos violentos, desmontes, fumigaciones con agrotóxicos y persecuciones judiciales. Además de estar deteriorando los suelos productivos, contaminando el medio ambiente y enfermando a las poblaciones linderas.
En la provincia de Río Negro no se reconocen los territorios de los pueblos originarios y se transnacionalizaron los bienes comunes naturales (minerales, petróleo, gas, agua). También se realizó un acuerdo para el proyecto de inversión agroalimenticio entre la empresa estatal china Heilngjiang Beidahuang State Farm Business Trade Group CO. LTD. y el gobierno de la provincia, mediante el cual se ceden 320 mil hectáreas de valles para la producción agrícola destinada en exclusividad al consumo del país asiático.
En la provincia de Chaco, señalan que el modelo extractivo ha llevado al deterioro ambiental de los ecosistemas del que dependen las comunidades Qom y Wichi condenándolas al hambre, la desnutrición y la enfermedad; el convenio firmado por el gobierno provincial con el Grupo Al Khorayef de Arabia Saudita que otorgará 200 mil hectáreas de la zona de El Impenetrable para un proyecto agroalimentario con destino único a ese país pone en riesgo a 60 mil personas, en su mayoría pueblos originarios y criollos.
En la provincia de Formosa, los pobladores de La Florencia, denuncian que funcionarios locales y provinciales los presionan bajo amenaza de perder el beneficio de la Asignación Universal por Hijo y para embarazadas para firmar un documento de apoyo a la decisión del gobierno provincial de expropiar 30 mil hectáreas de las 90 mil habitadas por sus antiguos pobladores, con la excusa de regularizar su situación, en una maniobra de acorralamiento territorial.
En la provincia de Santiago del Estero, continúa la criminalización de los militantes sociales de organizaciones campesinas que denuncian los desalojos violentos y los ataques armados de los empresarios sojeros; el poder judicial sigue priorizando el derecho de propiedad sobre el derecho posesorio.
En estos días, a 10 meses de la represión a la comunidad Qom, la justicia del Estado capitalista imputó a dos oficiales tras la muerte, en medio de una brutal represión, de Roberto López, miembro de la comunidad aborigen Qom, tras haber trascendido el hecho mediante la movilización de la comunidad y el apoyo de la población. Pero a su vez, acusó a 24 miembros Qom por “atentado a la autoridad”, por haberse defendido del intento de despojo.
El gobierno de “los derechos humanos” muestra la hilacha cuando, por la ambición de las ganancias, que en este caso se desarrolla en el negocio de la agricultura industrial, se olvida de los derechos humanos y de la dignidad del pueblo. Esta es su “Ley de tierras”.