“En todos los procesos históricos del desarrollo del sistema capitalista, la burguesía en el poder ha utilizado al Estado como factor determinante en la economía y la política. Porque no hay que olvidar que cuando decimos Estado decimos órgano de dominación de una clase sobre otra. El Estado burgués es el órgano político, militar y económico de los capitalistas y es el que garantiza la dominación de la clase burguesa sobre la clase obrera y demás capas de la población. Hacemos hincapié en marcar que el Estado es de una clase (en este caso, la burguesía) pues esa es la única forma de empezar a derribar los mitos construidos alrededor de este tema de las estatizaciones /nacionalizaciones.
Desde la época de Bismarck y el imperio prusiano (ya a mediados del año 1860), con la nacionalización de los ferrocarriles, la clase dominante burguesa ha echado mano de su Estado para intervenir en la economía. Con el surgimiento de la gran industria capitalista y la libre concurrencia, la burguesía hizo uso del aparato estatal para garantizar la obligada centralización política y económica que era provocada por la centralización de los medios de producción y la concentración de la propiedad en pocas manos. De ese modo, y atento a las necesidades que cada etapa del desarrollo de las fuerzas productivas demandaba, la burguesía fue utilizando no solamente las estatizaciones y las nacionalizaciones, como así también las privatizaciones; además fue adecuando el aparato estatal a las distintas etapas del capitalismo.
En el capitalismo del libre mercado, es la clase burguesa en su conjunto la que toma las riendas del control estatal. A finales del siglo XIX y principios del XX el surgimiento de los monopolios terminan con el capitalismo de la libre concurrencia, transformándose en capitalismo monopolista; esto significó que los monopolios surgidos al calor de la concentración y centralización de enormes capitales, fueron los que marcaron el carácter del modo de producción capitalista, con la aparición de los cárteles y los trusts, hasta desembocar en el capitalismo monopolista de Estado, cuando ya son los propios monopolios que se hacen del control estatal, desplazando incluso a sectores burgueses que hasta entonces compartían ese privilegio. La oligarquía financiera, producto de la fusión entre la industria y los bancos, pasó a tomar las riendas de las decisiones estatales.
Todo el siglo XX está plagado de ejemplos en los que la burguesía hacía de su propio interés el interés nacional, por lo cual disponía del manejo de los recursos de los países alimentando nacionalizaciones que no eran más que las necesidades propias del desarrollo del sistema. El manejo del petróleo, de las telecomunicaciones, del transporte, del comercio, la industria, era parte inseparable de los procesos de la época en América latina, como lo había sido en Europa y Estados Unidos en el siglo XIX. Luego vinieron etapas en las que el Estado debía deshacerse de las ramas productivas que ya habían sido desarrolladas, por lo que se pasaba a privatizar lo que antes era estatal, para luego llegar a principios del siglo XXI, época en la que los Estados salieron al rescate de empresas que sufrieron quebrantos que solo pudieron ser salvadas con la inyección de ingentes capitales por parte de los Estados.
Como lo dijera Engels, el Estado burgués confirma así ser el “representante oficial” de la sociedad capitalista, el “Estado de los capitalistas”, por lo cual alabar las nacionalizaciones o poner expectativas en las estatizaciones, dejando de lado el carácter de clase del Estado y a qué clase beneficia, significa caer en un terreno en el que la burguesía busca intencionadamente que caigamos, ya que de esa manera no se discute ni se pone en cuestión la propiedad del Estado mismo.
En ningún caso, ni cuando se estatizaban ramas enteras de la economía, o cuando se “privatizaban” las mismas, el Estado burgués jugaba un papel neutral. En uno y otro caso, siempre el estado es de los capitalistas y entonces las decisiones acerca de sus funciones económicas estuvieron, están y estarán siempre al servicio de esa clase.”
La extensa cita con la que comienza esta nota pertenece a un artículo publicado en esta página el 18 de abril de 2012, en ocasión de la “nacionalización” de la empresa YPF (https://prtarg.com.ar/2012/04/18/ypf-capitales-transnacionales-y-estado/).
Viene a cuento para ratificar el concepto y el carácter del Estado para los marxistas, al tiempo que refuerza los conceptos de la nota publicada ayer sobre el rescate de la empresa Vicentín.
Lo que siguió al proceso mencionado con la empresa YPF ratificó en toda la línea lo expresado por aquellos años. Que el Estado argentino intervenga en la economía en la época del capitalismo monopolista de Estado no hace más que confirmar el papel de los monopolios en las decisiones estatales; papel que toma una dimensión mayor cuando esas intervenciones se dan en el marco de la trasnacionalización de la economía.
La entrada de capitales trasnacionales a YPF (acuerdo con Chevrón mediante que aun hoy sigue siendo secreto) fue permanente. Sin ir más lejos la unidad de negocios de YPF que manejará Vicentín, YPF Agro, está asociada con la multinacional AGCO, amén de la participación en la compañía de capitales provenientes de los fondos de inversión que administran capitales bimillonarios en dólares. Hoy mismo se conoció que el gobierno de Fernández le propondrá a la multinacional Glencore (en la que tiene una importante participación el fondo de inversión Blackrock) a seguir siendo accionistas de la empresa “nacionalizada”. Sin palabras.
Nadie en su sano juicio y con un poco de sensatez apenas puede afirmar que el gobierno de Fernández podrá intervenir en la comercialización de granos a través de la empresa Vicentín adoptando decisiones “soberanas”. Vicentín, aun con el manejo estatal, deberá competir con otros monopolios siguiendo las reglas y necesidades del capital trasnacional, como condición de seguir siendo una empresa monopólica. De lo contrario, sería absorbida por capitales con más volumen. Precisamente eso es lo que se busca con el rescate de la firma y en ello intervienen capitales trasnacionales que no realizan esa intervención para “jugar a la soberanía”, sino para seguir la rueda de la competencia intermonopolista en un proceso de concentración y centralización de capitales que es constante e imparable.
¿Que Vicentín va a fijar precios de los alimentos en beneficio del pueblo trabajador?; no resultó así con YPF, ni por asomo.
¿Que el Estado argentino podrá controlar el comercio exterior?; recordemos que son las multinacionales Cargill, Dreyfus, ADM, COFCO, Bunge, las que concentran más del 60% de la exportación desde sus propios puertos y declarando “a gusto y piacere” lo que comercializan, en un accionar de sobrefacturación y subdeclaración de exportaciones que no ha tenido freno bajo ningún gobierno.
Nuevamente las voces de los que reproducen las ilusiones que les escribe el gobierno, así como las que se alzan en defensa de la “libre empresa”, gritan cantos de esperanza o de desesperación mientras en las tertulias de la burguesía monopolista alzan las copas por los nuevos y jugosos negocios que el rescate estatal les ha servido en bandeja.
Mientras tanto, a los monotributistas se les sigue cobrando el impuesto al monotributo en medio de la pandemia; las deudas con la AFIP se siguen acumulando cuando miles de pequeños comercios han visto reducida drásticamente sus ventas; se han reducido las cargas patronales al tiempo que se solventa el 50% de la masa salarial las grandes empresas; las deudas por tarjetas de crédito siguen aumentando al ritmo de las tasas usurarias que cobran los bancos; el Banco Central ensaya intervenciones inútiles mientras sigue financiando la fuga de capitales. En ese marco se realiza el rescate de Vicentín con los fondos estatales y para el beneficio de los monopolios.
Cerramos este artículo con el mismo cierre de la nota mencionada de 2012. Porque los revolucionarios tenemos una posición de clase en todo momento histórico, sea quien sea esté en el gobierno.
“El debate de las nacionalizaciones y/o estatizaciones es falso de toda falsedad, y apunta a llevar la lucha obrera y popular detrás de tal o cual facción de la oligarquía. No nos dejemos engañar y que nos quieran confundir debatiendo sus problemas. El debate y la lucha que debemos llevar adelante los revolucionarios es que los recursos que todo el pueblo produce con su trabajo serán verdaderamente de todos cuando saquemos del medio a la burguesía monopolista, cuando el Estado esté en manos de la clase obrera y el pueblo para decidir qué se hace con esos recursos teniendo como guía la realización del ser humano y no la ganancia capitalista.
El proyecto revolucionario no va detrás de ningún proyecto de ninguna facción de la oligarquía financiera. Es el proyecto de la clase obrera y el pueblo que lucha por el poder, por la revolución social. La clase obrera no debe compartir el poder con su enemigo de clase, sino que debe luchar contra ese enemigo para ganar a las demás clases oprimidas y arrebatarles el poder, destruir su Estado, y construir una sociedad y un Estado al verdadero servicio de las mayorías.
La firmeza en esta posición determina la conducta política y, por lo tanto, debe servir también para presentar batalla a las posiciones oportunistas y reformistas que viven esperando las decisiones de la burguesía para ver cómo van detrás de las mismas.”