Vicentin ¿expropiación o rescate?

El escándalo de Vicentin ocupa sin lugar a dudas la tapa de todos los diarios el día de hoy ¿qué se oculta detrás de la intervención estatal en este gran monopolio? Es que desde el oficialismo salen a vender la medida como un acto de expropiación a un gran monopolio, una medida muy sentida por nuestro pueblo, que vive en carne propia el aumento permanente en los precios de todos los productos, pero particularmente en aquellos que hacen a la canasta básica, sobre los cuales Vicentin participa. Veamos entonces algunos datos concretos, para ver si efectivamente se trata de una medida “nacional y popular” o si, por el contrario, tras ese disfraz político se esconde un nuevo proceso de expoliación sobre nuestro pueblo.

Cuando Vicentin presenta su concurso preventivo de crisis el 10 de febrero de este año denuncia tener una deuda de $ 99.345.263.086,50 contraída con 2.638 acreedores. La mayor parte de esa deuda está compuesta por deuda financiera. Para no aburrir al lector con detalles jurídicos, en la siguiente tabla se resumen los montos de las deudas contraídas, declaradas por la empresa:

 

Monto en pesos
Deuda total 99.345.263.086,50
Deuda financiera nacional
Banco Nación 18.182.297.617,70
Banco de la Provincia de Buenos Aires 1.814.311.396,16
Banco de Inversión y Comercio Exterior 313.233.794
Banco Ciudad 318.704.741,10
Banco Hipotecario 752.970.148
Banco Macro 653.343.778
Banco de Entre Ríos 508.177.600
 Banco Itaú 374.522.080
Banco de Santa Fe 372.533.424
Total deuda financiera nacional 23.290.094.578,96
% deuda financiera local a entidades públicas 21,89%
Deuda financiera extranjera
Internacional Finance Corporation 16.504.816.942,93
Netherlandese Financerings 9.228.424.363,39
NG Bank NV – Tokyo Branch 4.420.044.585,94
Total deuda financiera extranjera 30.153.285.892,26
% deuda financiera extranjera 30,35%

En rojo hemos resaltado los bancos estatales o con participación estatal. Debemos recalcar que las deudas por adquisición de granos, es decir, las deudas que Vicentin tiene con los productores agropecuarios, asciende a 26.657.000.000$, lo que significa un 26,83% de su deuda total. Como el lector podrá observar, la deuda con el Estado Argentino representa solo el 21,89% del total, siendo las corporaciones financieras extranjeras los principales acreedores, en particular, el International Finance Corporation, entidad que depende directamente del Banco Mundial. Para ser rigurosos debemos aclarar que existe un litigio extra entre el gobierno y la empresa con respecto a deuda impositiva y por liquidaciones a exportaciones no realizadas en el pasado. No obstante, si se contempla ese monto de diferencia en litigio, la deuda extranjera sigue siendo de mayor envergadura. También debemos aclarar que, a pesar de colocar a los bancos que operan en Argentina como “entidades nacionales”, estos dependen de capitales trasnacionales, es decir que diferenciar entre “deuda local” o “deuda extranjera” resulta ridículo y contradictorio.

La especulación desatada en torno al caso Vicentin comenzó a estallar desde los primeros días en que asume el nuevo gobierno. El 16 de enero se conoce el “Primer Informe sobre la situación de la firma Vicentin”[1] elaborado por el director del Banco Nación, Claudio Lozano, donde se analiza la posición económica de la firma en el mercado agroexportador argentino así como los balances contables presentados hasta la fecha. El análisis del equipo del Banco Nación demuestra algunos artilugios contables mediante los cuales el grupo comenzó a aumentar el volumen de su deuda financiera, en un contexto de alta especulación que se dio durante el gobierno de Macri. Especulación agravada luego de las PASO donde se aceleró la fuga de capitales en nuestro país, contexto en el cual Vicentin consigue adquirir préstamos del Banco Nación de forma completamente irregular. Dentro de los artilugios contables el propio Claudio Lozano reconoce que Vicentin pasa las ganancias como deudas financieras, declarando una ganancia de tan solo el 0,3% del total de sus ventas y consiguiendo además abonar tan solo el 2,4% en concepto de impuesto a las ganancias –de la ya de por sí pequeñísima ganancia declarada-. En fín, modos fraudulentos de evasión fiscal al que recurren todas las empresas monopólicas y a los que el Estado siempre hace la vista gorda cuando se trata de capitales amigos.[2]

Una de las principales conclusiones que arroja el informe es que “en determinadas actividades resulta difícil separar que pertenece al Grupo Vicentin y que pertenece al Grupo Glencore. En tanto la participación mayoritaria en la empresa Renova remite a firmas extranjeras (Glencore y Vicentin Paraguay) Renova termina siendo una empresa extranjera que sirve para distribuir utilidades dominantemente hacia Ginebra y Asunción.” Cabe destacar que Glencore es uno de los grupos económicos más importantes en la producción y compraventa de materias primas y alimentos a nivel mundial, con fuerte presencia en la minería, y con emprendimientos financiados también por el Internacional Finance Corporation (principal acreedor privado de Vicentín).

Una semana después de este informe Vicentin presenta un acuerdo extrajudicial a sus acreedores que no consiguió llegar a buen puerto. Días más tarde, el 10 de febrero, presenta el preventivo de crisis con la composición de deuda indicada en el cuadro anterior. Esta situación generó mayor incertidumbre en los acreedores y en el mercado, con lo cual los productores también dejaron de venderle granos. En definitiva, se disparó una nueva ola especulativa, agravada por la presentación del “Segundo Informe sobre la Situación de la Firma Vicentin”[3] el 14 de febrero, donde se presenta con mayor detalle la composición accionaria del Grupo donde se pone en evidencia que la fuga de capitales hacia el exterior se da a través de tres firmas en Uruguay[4]. El estudio concluye, nuevamente, que la verdadera composición accionaria de Vicentin no puede ser determinada con precisión. Vaya novedad…

En definitiva, resulta claro que detrás de todas estas medidas políticas se esconden dos cuestiones: en primer lugar, una interna entre grandes monopolios trasnacionales por disputarse mercados, una disputa que, de efectivizarse la “expropiación” pasará a darse bajo la órbita del fideicomiso con YPF. Esta forma de financiamiento estatal para encubrir negocios de grandes empresas trasnacionales no es ninguna novedad, basta tan solo mencionar el contrato secreto que celebró el gobierno de Cristina Kirchner con Chevron tras “nacionalizar” YPF para anular el contrato que tenía entonces Repsol.

Le recordamos al lector que días más tarde de la supuesta “nacionalización” se celebró un acuerdo con cláusulas secretas entre Chevron e YPF que permanecen hasta el día de hoy – y que, por supuesto, el gobierno opositor de Macri, ratificó-. También cabe aclarar que la tan mentada “expropiación” culminó con un pago multimillonario a Repsol.

En segundo lugar, la “intervención del Estado” además de tomar parte en una disputa intermonopólica que veremos a la luz en un futuro no muy lejano, tiene como objetivo salir a rescatar a los capitales privados que Vicentin con su fraude dejó sin abonar.

Es decir que no se trata de una expropiación, se trata de un rescate encubierto que se da, además, en un contexto de crisis económica internacional donde la imposibilidad de colocar mercancías (crisis de superproducción), el alto grado de endeudamiento con bonos basura estatales y privados que tienen las economías, la agudización de las guerras comerciales y la volatilidad especulativa que produce este combo explosivo en los mercados financieros, genera una necesidad enorme de liquidez: es decir, de dinero real, no de promesas de pago.

En ese combo explosivo nuestro país aparece a los ojos del mundo como uno de los posibles epicentros de un default que desencadene un nuevo crack mundial –producto de la incobrabilidad de deuda externa-. Es en ese contexto que, bajo la populosa palabra de “expropiación” en realidad lo que se está haciendo es estatizar deuda privada para intentar sembrar tranquilidad y previsibilidad en los mercados e inyectar liquidez. Y de paso hacer política, claro está. Nos están aumentando el volumen de deuda externa, están haciendo recaer el fraude financiero de Vicentin sobre las espaldas del pueblo argentino para evitar una agudización de la crisis económica y una cesación en la cadena de pagos.

Después, bajo la imagen del fideicomiso van a traspasar toda esa deuda privada que pago nuestro pueblo con dolor y sufrimiento hacia las manos de un puñado de grupos monopólicos y fondos de inversión. Entonces se habrá consumado un nuevo ciclo en el proceso de concentración de capitales.

Así que esto no es una expropiación. Esto es un rescate y un momento de transición hacia una nueva agudización en el proceso de concentración económica mundial.

[1]https://unidadpopular.org.ar/descargas/documentos/2020/1er.%20Informe%20sobre%20la%20Situacion%20de%20la%20firma%20Vicentin%20.pdf

[2] recordemos que, por ejemplo, Arcor presentó pérdidas en el ejercicio del 2019 aduciendo una multimillonaria deuda financiera no detallada en el balance contable de la CNV, mientras que por el otro lado del mostrador realizaba millonarias inversiones productivas extendiendo su producción hacia el continetne africano, por tan solo citar un ejemplo.

[3]https://unidadpopular.org.ar/descargas/documentos/2020/2do.%20Informe%20sobre%20la%20Situacion%20de%20la%20firma%20Vicentin%20.pdf

[4] El vecino país es utilizado por varios monopolios trasnacionales como intermediario con paraísos fiscales, como quedó evidenciado por numerosas empresas en los Panamá Papers, los tiempos políticos de esta nota no nos permiten adjuntar más detalles.

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