Toma de tierras: hablemos de la propiedad privada

10/09/2020
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“Donde hay una necesidad, hay un delito”. Así ha reformulado el gobierno aquella frase de Eva Perón que finalizaba diciendo “derecho”. Y no es una reformulación retórica, solamente; la misma viene acompañada por la afirmación del derecho de la propiedad privada por sobre cualquier otro. Entonces las cosas se ponen mucho más claras.

El derecho de propiedad es la columna vertebral de la sociedad dividida en clases. En las diferentes épocas históricas que la Humanidad ha atravesado desde que existe esta división clasista, la clase dominante ha hecho de ese precepto un principio fundamental de los regímenes de explotación. Alrededor del mismo se promulgaron leyes y jurisprudencias, junto con el montaje de un aparato represor estatal que garantizara su cumplimiento.

En lo que respecta al modo de producción capitalista, la revolución francesa iniciada en 1789, con su “Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano”, pasa a ser la declaración de principios que actúa como base de los intereses de la burguesía y del sistema capitalista. Todo lo que allí se declama tiene por objeto sentar las bases jurídicas que son la esencia del sistema: la libertad es la necesaria para producir, comerciar; la propiedad privada de los medios de producción es privada porque, precisamente, priva al resto de la sociedad de los mismos; entonces la libertad y la igualdad es la que iguala a millones de seres humanos para la libre venta de la mano de obra en el mercado del trabajo.

Esto es lo que realmente expresa el concepto de la propiedad privada. Un auto, un terreno, una casa, no es la propiedad privada que el sistema de explotación refiere, sino en manos de quién o quiénes está la propiedad de los medios de producción. Y por lo tanto, cuáles son los medios de vida que cada clase tiene para subsistir como tal. La burguesía, la explotación y apropiación del trabajo ajeno; las masas laboriosas, vender su fuerza de trabajo “libremente” al burgués que la requiera.

Allí entendemos por qué el gobierno y toda la clase dominante agitan el problema de la propiedad privada cuando se refiere a las tomas. No sólo se está defendiendo la propiedad de tierras que han sido apropiadas en forma ilegítima (legal, según sus leyes). Está defendiendo fundamentalmente en manos de quién están los medios de producción (y la tierra es uno de ellos) y dejando en claro que ese derecho es sagrado, es la base en la que se asienta su poder y su dominación.

Sin irnos tan lejos en la historia, en nuestro país la burguesía monopolista echó mano del fascismo para, entre otras cosas, socializar deudas privadas de los monopolios por más de 40.000 millones de dólares. Hasta existe un fallo judicial del año 2000, producto de las serias y fundamentadas investigaciones y presentaciones de Alejandro Olmos y otros, en el que se demuestran los mecanismos y las responsabilidades de funcionarios de la época. En ese caso, la propiedad privada fue salvaguardada socializando deudas contraídas en forma fraudulenta por la que ningún responsable ha pagado pena alguna. En la actualidad se refinancian deudas que, hasta el propio gobierno agita, sirvieron para la fuga de capitales y sin embargo se comprometen a pagar con el consiguiente ajuste de los ingresos y condiciones de vida de la mayoría de la población trabajadora.

Con todo esto queremos graficar que hablar de la defensa de la propiedad privada, en particular en nuestro país, significa ya no solamente la defensa del principio aludido sino que es la fundamentación de las políticas que hoy se llevan adelante, con las que se garantizan la propiedad y las ganancias de los monopolios teniendo como contrapartida la pérdida de derechos de las mayorías.

A modo de ilustrar lo que decimos y para confirmar que la burguesía desconoce cuando le conviene sus propias “leyes” de las que tanto se vanagloria, vale la pena recordar textualmente el Artículo 14 Bis de la Constitución Nacional: “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”.

No tenemos dudas que el derecho a una vivienda digna es irrenunciable y hace al derecho de una enorme mayoría laboriosa contra una ínfima minoría explotadora.

Las tomas no serán legales para las leyes burguesas; para la clase obrera y el pueblo la legalidad es lo que se consigue con la fuerza de la lucha y la organización.

Por eso la toma de tierras y la lucha por conquistar un derecho que es negado por el Estado de los monopolios y su gobierno, tienen como estandarte la dignidad que es un patrimonio del pueblo y no de la clase parasitaria que hoy detenta el poder.

Esa dignidad no es negociable ni está sujeta a ley alguna.

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