La política aplicada por los gobiernos nacional, provincial y municipales en la región, en función de las corporaciones petroleras y mineras, es clara: “hacer sonar el escarmiento” sobre todo el pueblo y descabezar a la nueva vanguardia que se ha forjado en la lucha a todos los trabajadores, para así garantizar la “paz social» necesaria para continuar el despojo, los salarios de hambre y la expulsión a la miseria de toda la población, que comenzó con la privatización de los recursos naturales hacia finales de los años ochenta.
El manoseo y la subestimación a la que han sido sometidos todos los trabajadores, en su búsqueda por recuperar los derechos políticos de libre agremiación, por parte del Estado y los políticos de turno, demuestran a las claras la intención de dilatar hasta abril cualquier normalización.
Mientras tanto, continúan los despidos, que ya son cotidianos, incluso aquellos que se revieron en el reciente viaje a Buenos Aires. No sólo no se respetó eso, sino que no se pagan los salarios atrasados, y pretenden mantener el salario en $5.000 hasta fines del 2012. Lo que está produciendo de hecho, una rotura de la cadena de pagos en toda la región norte de la provincia.
Esta emergencia política impone la necesidad de profundizar el camino y las prácticas de democracia directa que ya han sido efectivas, para hacer retroceder en sus aspiraciones sin límite de la burguesía. Se impone la necesidad de dar forma a la unidad de los trabajadores y todo el pueblo en un solo movimiento político que contenga las aspiraciones de toda la sociedad local.
Trabajadores, desocupados, docentes, los despedidos, los adjudicatarios de planes sociales, las cooperativas, los que luchan por el agua, TODOS los patriotas, buscando desde al llano la solución política y los métodos de lucha, para terminar con toda la explotación, la impunidad, la traición; y recuperar de hecho, la felicidad de la construcción de una nueva y necesaria democracia.