En el día de ayer, la presidenta Cristina Fernández realizó un nuevo acto de campaña electoral por cadena nacional, anunciando la “inauguración” de la central nuclear Atucha II, en Zárate.
La central está diseñada para operar con base de uranio y agua pesada, se gastaron en ella la friolera de 10.000 millones de pesos y será la tercera usina nuclear, luego de Atucha I (335 megavatios) y Embalse (648 megavatios).
Pero los 745 megavatios que generaría la “nueva central” no ingresarán en el sistema eléctrico hasta dentro de “un tiempo”, se habla de “que es probable” comience a operar hacia finales de 2012, pero nadie puede afirmarlo con precisión.
Es decir, el anuncio es meramente simbólico, uno más de los tantos a los que nos tiene acostumbrado el gobierno de los monopolios. No es que se está inaugurando una obra terminada; los plazos son larguísimos y aún no determinados con precisión (que superan las elecciones) para que comience con su operación comercial. Basta ver que esta obra fue incluida en el Plan Energético Nacional en 2004 y volvió a retomarse en 2006, para comprobar lo que decimos.
Esto desde el punto de vista formal, una cáscara que con apenas rascarla se desgrana estrepitosamente deja al desnudo la inconsistencia de esta y tantas otras medidas de gobierno.
Pero hay otro aspecto, de fondo, en el que hay que detenerse: ¿cuál es el objetivo de aumentar la generación energética en estos niveles? El discurso oficial en boca de la presidenta (que incluso aceptan los “opositores”), señala que esto “significará una mejor calidad de vida para los argentinos».
Pero la realidad es muy diferente a las palabras. ¿Por qué? Porque en estos últimos 8 años se está generando en el país casi un 50% más de la energía que se generaba en 2003. ¿Ha generado esto alguna mejora en el suministro de millones de argentinos que padecemos los cortes y todas sus consecuencias? ¿Hay zonas significativas en donde con tendidos nuevos se haya resuelto este problema?
Evidentemente NO. Estos planes tienen como único objetivo el de mejorar el abastecimiento de la infraestructura necesaria para las grandes empresas monopólicas radicadas en los parques industriales del país; para que continúen produciendo a full, obteniendo fabulosas ganancias, no sólo a costa de la explotación de nuestro trabajo sino contando con todos los recursos que les provee un Estado enteramente a su servicio.
Es esta la única razón. Los recursos del Estado son capitales para beneficios de las empresas monopolistas, no sólo en subsidios de impuestos o para pagar salarios, sino en servicios e infraestructura de todo tipo: redes energéticas, carreteras, puentes, transporte ferroviario y marítimo, etc., etc. Todo disfrazado –eso sí- de que “habrá patria para todos”
Su tan mentado “modelo” es continuar exprimiendo al máximo la capacidad instalada, elevando e intensificando la productividad; es decir, exigiendo al mango a los trabajadores, con cada vez más horas trabajadas y con la presión de una mayor producción, mayor explotación y salarios cada vez más achatados. Esta es “la única fórmula” que les cierra.
Ellos van y van, pero el gran problema que enfrentan es que, por abajo, lejos de encontrar a una clase trabajadora y a un pueblo dispuesto a someterse a sus mandatos, planes y presiones, encuentran una creciente disposición a la lucha y al enfrentamiento, así como también a la organización independiente de su tutela; lo que carcome sus objetivos y fortalece la construcción de un proyecto revolucionario que los cuestiona desde los intereses de clase y desde las más básicas necesidades de nuestro pueblo.