En estos días, el parlamento aprobó la ley antiterrorista, con la vil excusa de pretender combatir al “terrorismo”, pero que en realidad, donde verdaderamente apunta esta ley es a darle una vuelta mas de tuerca a la política de criminalización de las luchas de la clase obrera y el pueblo. Al mejor estilo yanqui, utilizan la palabra terrorismo, para luego arremeter contra la población.
La ley incorpora como delito terrorista a: aquellas acciones que afecten el orden económico y financiero, y el que penaliza «las actividades delictivas con finalidad terrorista». Respecto al texto sobre antiterrorismo, duplica las penas para los delitos ya establecidos en el Código Penal a quienes «directa o indirectamente» financien el terrorismo y actividades afines. Pero además, sostiene que serán considerados como tales algunos de los delitos que sean «cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población» u obligue a gobierno nacional o extranjeros «a realizar un acto o abstenerse de hacerlo».
Más claro échale agua, la ley esta planteando el carácter clasista de este Estado. Es decir, la expresión directa de la oligarquía financiera, que dice que quienes atenten contra sus intereses, ya sea cortando una ruta, parando la producción en una fabrica, o cualquier tipo de movilización que golpee directamente contra las ganancias, u obligue al gobierno nacional o extranjero a dar marcha atrás a una medida política, es un terrorista.
Ellos saben bien que las medidas de ajustes que están implementando permanentemente implica echarle cada vez más leña al fuego a una situación política y social donde el horno no está para bollos. Nuevamente vuelven a mostrar una profunda debilidad política aprobando esta ley, ya que la movilización de la clase obrera y el pueblo se acrecienta en todos los rincones del país, y toda iniciativa que toman se les vuelve en contra. Ahora salió el ministro Randazzo a pretender dar explicaciones. Sin embargo la ley en realidad, está promulgada contra los derechos constitucionales, como las protestas sociales, y fue una exigencia del GAFI * (Grupo de Acción Financiera Internacional) al gobierno.
Descaradamente salen a decir que justamente quienes fomentan el terrorismo en los pueblos del mundo destrozando pueblos enteros mediante invasiones militares con la escusa del terrorismo, ahora vienen a exigir una ley a la Argentina.
Por más que pretendan amedrentar las protestas sociales, con ley o sin ley, las aspiraciones de la clase obrera y el pueblo argentino por una vida digna ya no tiene retroceso. Para ellos son terroristas quienes atenten contra sus ganancias, mientras que para nosotros, terrorista es este Estado capitalista, que pone al servicio de la oligarquía financiera a todas sus instituciones para explotar y saquear a la clase obrera y al pueblo en nuestro país.
* Según nos explican sus propios creadores: El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI) es un organismo intergubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas, en los niveles nacional e internacional, para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Fue establecido en 1989 por el G7, y en abril de 1990 dio a conocer sus Cuarenta Recomendaciones, que proveen un diseño de la acción necesaria para luchar contra el lavado de dinero. Las mismas fueron revisadas en 1996 y reformuladas sustancialmente en 2003 para reflejar los cambios en las tendencias del lavado de dinero y anticipar futuras amenazas. En 2001, se emitieron las 8 Recomendaciones Especiales para combatir el Financiamiento del Terrorismo, que fueron complementadas en octubre de 2004 con la emisión de la 9º recomendación especial referida al movimiento transfronterizo de efectivo.