Hasta el año 1995 regía la ley 20744 de Contrato de Trabajo. Mediante esa ley la indemnización por accidente del trabajo no tenía un límite prefijado. Además, si el accidentado, o en caso de fallecimiento, sus deudos, no estaban de acuerdo con la indemnización podían iniciar juicio contra la empresa, lo cual estaba amparado por la Ley 9688, conocida como de Responsabilidad Civil patronal.
La burguesía, con la complicidad de la CGT y la diligente acción del gobierno de Menem, impulsó la creación de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) con lo cual pusieron límite a las indemnizaciones por muerte e incapacidad total y se estableció una tabulación de porcentajes para las incapacidades parciales, a la vez que se eliminaron enfermedades e incapacidades considerándolas, a partir de ese entonces, como ajenas a la responsabilidad laboral.
También intentaron eliminar la posibilidad de la vía judicial para los casos en que los trabajadores o los deudos no estuvieran de acuerdo con la indemnización recibida.
Sin embargo, por dictamen de la Corte Suprema de Justicia, esto último no prosperó y se mantuvo la posibilidad de iniciarse acciones legales para lograr una mayor indemnización.
En la reciente cena que organizó la presidenta con la Unión Industrial Argentina, Cristina Fernández de Kirchner prometió a los empresarios que promulgará una ley de accidentes del trabajo que dé fin a la posibilidad de iniciar juicios contra las empresas cuando no se esté conforme con las indemnizaciones.
Intentando engañar al pueblo argumentó que “no se puede privar a los trabajadores de la posibilidad de iniciar juicio contra la empresa”. Pero en el discurso no dijo que si la ART paga “dentro de la ley”, el trabajador no podrá iniciar juicio. Sólo podrá hacerlo si la ART no paga respetando la ley. O sea, como nos tiene acostumbrados, el cinismo de la presidenta no tiene límites ni dentro ni fuera de la “ley”.
El argumento que utilizó la presidenta para respaldar su “iniciativa” (en realidad una jugada a la defensiva) fue el mismo que esgrimió Menem y que, no casualmente, fue siempre levantado por la burguesía: “acabar con la industria del juicio”.
Para la burguesía y sus gobiernos, la acción judicial por parte de los trabajadores contra las empresas es “industria del juicio”. Esta es la famosa igualdad ante la ley que profesa el capitalismo.
Detrás de este argumento menemista-kirchnerista-monopolista está el verdadero motivo: bajar las indemnizaciones por accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y muertes. El Estado, su gobierno de turno, la CGT y los empresarios acuerdan en llevar adelante este plan.
Esto en medio de la generalización e incremento de accidentes laborales y muertes que a diario sufren los trabajadores de todo el país en las distintas ramas, a consecuencia de la superexplotación y las terribles, y cada vez perores, condiciones de trabajo.
Esta es la justicia social que tanto pregonan los partidos de la burguesía que sólo sirven al interés de los monopolios contra los intereses de la clase obrera y demás trabajadores.
Según un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (Uart), entre enero de 2002 y junio de 2012, se iniciaron 255.000 juicios por demandas por accidentes del trabajo, enfermedades profesionales o accidentes in itinere, que es la cobertura extendida al tránsito fuera de horario, en el camino hacia y desde el lugar de trabajo.
La evolución que han tenido los juicios demuestra la dimensión del problema que quiere sacarse de encima la burguesía. En 2003, se presentaron casi 3.000 demandas judiciales en el país, en 2011 fueron más de 57.000 y se estima que cuando finalice este año, habrá otros 66.000 juicios en trámite.
Dejar sin defensa judicial a los trabajadores, fijar un límite de valor muy pequeño para la vida y la salud de las personas (como si eso fuera justo y civilizado: ¡un costo para la vida de las personas!, ¡hermoso principio burgués!) que a diario generan toda la riqueza existente en el país. Ése es el objetivo a lograr por parte de ellos.
Claro que, mientras con la institución de nuevas leyes pretenden enfrentar la ofensiva de la clase obrera, en el terreno de la lucha los trabajadores y el pueblo dirimirán la verdadera contienda entre las clases cuyo avance y profundización determinará el destino de cualesquiera de las leyes que ellos quieran interponer.
Los hechos siempre han sido los que parieron los destinos de los pueblos. A la terquedad de las leyes históricas no pueden oponerse las leyes de las instituciones burguesas.