Habían anunciado la estatización de YPF como una medida nacional y popular, entendiendo a esto como favorable para el pueblo. Por lo tanto se supondría que el precio de las naftas bajaría, que el petróleo dejaría de exportarse, que se les aumentaría los sueldos a los trabajadores, que se regularía estrictamente la contaminación que causa la producción al medio ambiente.
Pero nada de esto sucedió. Por el contrario, en el día de ayer, el presidente de la empresa Miguel Galuccio anunció un nuevo aumento del 6% en el precio de las naftas, justificando que para que la empresa sea competitiva, deberá aumentar los precios. Este aumento resultaría ser el tercero, con un total de un 35% desde que la empresa está en manos del Estado, a sabiendas del significado que esto tiene para el proceso inflacionario, ya que cuando aumenta la nafta directamente repercute en el aumento del transporte y luego se traslada al aumento de los precios en general.
Este anuncio es uno más sumado a las seguidillas de políticas que el gobierno está aplicando a través de la YPF, en manos del Estado, las cuales todas tienen una característica en común: Favorecer los negocios de los monopolios.
Así fue cómo la semana pasada también anunciaron el inminente endeudamiento de la empresa a través de la emisión de títulos, con el objetivo de conseguir dinero para la explotación del Shale gas. Y como broche de oro al acuerdo que YPF firmó con la empresa Chevron por una inversión de 1000 millones de dólares para la explotación del yacimiento neuquino de Vaca Muerta, ahora se le suma un nuevo acuerdo de inversión por 1500 millones de dólares con la empresa Bridas, que es la controladora del 40% de Pan American Energy, segunda mayor productora de petróleo en nuestro país, detrás de YPF, con 20% del total de la extracción de crudo en la Argentina. Por lo tanto la pregunta que inmediatamente surge de tal realidad es: ¿Dónde esta lo nacional? ¿Dónde está lo popular? Y fundamentalmente: ¿Cuál sería el beneficio de la supuesta YPF estatal para la población Argentina?
Ahora bien, podrían decirnos desde el gobierno: “qué gorilas estos muchachos, que están en contra de la estatización de las empresas privadas”.
Resulta ser que en el capitalismo monopolista de Estado, el poder del Estado está en manos de la oligarquía financiera, por lo tanto ninguna de estas políticas de endeudamiento, de aumento de precios, y negociados con las principales trasnacionales del mundo, no nos sorprenden, ya que por más que intenten disfrazarse con vestiduras populares, todas las políticas emanadas del Estado son promovidas y digitadas por este sector concentrado de la burguesía, controladora de los principales negocios industriales y especulativos en nuestro país, del cual la principal función del gobierno, no es más que la de administrar sus intereses.
Éste es el tipo de “estatización” de la que nos habla el gobierno, la de utilizar al Estado para favorecer estrictamente a los intereses de los monopolios. Como ya habíamos planteado en notas anteriores, éstas son maniobras de desplazamiento de manos de empresas monopólicas a otras de mayor peso, donde muy lejos de tener intencionalidades en pos de los intereses dela clase obrera y el pueblo, tienen como finalidad la de beneficiar a otras empresas monopólicas, con las cuales el gobierno de turno tiene más afinidad en los negocios.