En el día de ayer, los trabajadores portuarios llevaron adelante una medida de fuerza, que obligó a parar durante 24hs los puertos de Buenos Aires y las terminales de embarque de cereales de todo el país.
Lo más destacable en esta jornada de lucha, no se publicó en ninguna noticia de los medios masivos de comunicación. Ya que si bien es cierto, que el conflicto estuvo convocado por los gremios portuarios como el SUPA (Sindicato Unidos Portuarios Argentinos) y el URGARA (Unión de Recibidores de Granos de la República Argentina), por el sentido reclamo contra impuesto al salario, la irrupción de las bases en las asambleas, fue imponiendo otros reclamos, también de carácter inmediato. Mientras que el aparato moyanista pretendía manejar a su antojo el conflicto, la presencia de los trabajadores de bases de diferentes sectores denunciaron la intentona de las principales empresas monopólicas que con el objetivo de concentrar el negocio de exportación de cereales están cerrando zonas de cargas y depósitos fiscales, provocando suspensiones y despidos de compañeros.
Parte del plan consiste en un acuerdo entre las empresas y las ART, para cumplir con las normas de seguridad en todas las plantas y zonas aduaneras a través de un «supuesto código de conducta y protección», que en realidad es utilizado luego como excusa para sancionar o despedir trabajadores. En el caso de los estibadores, la cosa es más grave ya que la mayoría de los trabajadores son tercerizados, de cooperativas, o están en negro, y si en ese caso les cierran un lugar de carga no sólo se quedan sin trabajo si no que no cobran ningún tipo de indemnización.
La realidad es que las empresas monopólicas apuntan directamente a bajar los salarios y a flexibilizar el trabajo, a partir de la utilización del trabajo precario, que promueven las políticas de gobierno para favorecer los negocios de los monopolios. Es por eso que este paro no sólo golpeó los intereses económicos de los monopolios ya que la medida impidió la carga de los buques, perjudicando la actividad de firmas como Bunge, Cargill o Louis Dreyfus, que tienen sus plantas junto a las terminales en las cercanías de Rosario,si no que también golpeó los intereses políticos tras la denuncia de los planes de las empresas monopólicas, amparadas por las políticas de gobierno que hacen la vista gorda al trabajo precarizado y la complicidad de la burocracia sindical que no representa en lo más mínimo a los intereses de los trabajadores.