El gobierno nacional impulsa una nueva ley nacional de hidrocarburos, ley que, eminentemente, se pretende establecer para garantizar los negocios de las empresas petroleras en el país, aunque esto no es nada nuevo, por supuesto.
Cuando el gobierno nacional sancionó la reforma constitucional que traspasó la explotación de los recursos petroleros a las provincias y, en definitiva -en el marco de la defensa de los intereses de los negocios de los monopolios petroleros- se les generó un bache legal con el petróleo de la plataforma continental, que, claramente, no pertenece a ninguna provincia. Fue en ese marco, y no por ninguna pretensión de defensa de los “intereses nacionales” que se creó la YPF estatal y Enarsa, para legitimar la explotación de los recursos marítimos, llamados “offshore”.
El pacto Chevrón – YPF que aprobó sin ningún tipo de miramientos la Legislatura Provincial neuquina mediante Dec. 929/2013, da una vuelta de tuerca más en esta maniobra de garantizar que hagan negocios con nuestra miseria, imponiendo condiciones en las cuales, las ganancias son para las petroleras y los problemas para YPF, es decir, para el Estado y, en definitiva, para nosotros, que somos los que generamos las ganancias que ellos se reparten (el capital, siempre es trabajo acumulado, es decir, siempre sale de nuestro esfuerzo laborioso).
Ahora, el gobierno nacional, como representante de los intereses de los monopolios, pretende hacer de ese pacto una Ley Nacional de Hidrocarburos, que en definitiva garantizaría:
a) que las regalías petroleras, que antes oscilaban de acuerdo a la cantidad de extracción (al menos de la que declaraban), tenga un tope máximo del 12%;
b) que las petroleras tengan también un tope del 3% en los Ingresos Brutos provinciales;
c) que las concesiones se extiendan hasta el 2.048;
d) la exención en el pago de sellados de los contratos;
e) que la pactada suma que iban a poner las petroleras de inversión, acordada en 1000 millones de dólares se redujeran a 250 millones en tres años ;
f) el desplazamiento de las empresas petroleras provinciales de las licitaciones, con lo cual se les cae otra de las mentiras que pretendieron instalar (como si el gobierno de cualquier signo tuviera un interés propio, ajeno al interés de los grandes monopolios);
g) la exención del impuesto de transferencia de combustibles (ITC). Todas estas ventajas para las empresas extranjeras pondrían al borde de la quiebra a las pequeñas destilerías neuquinas y por último la supresión del acarreo (carry) que es un mecanismo que permite a las empresas energéticas provinciales participar de las concesiones a cambio de la seción de áreas sin invertir un dólar.
Los gobernadores de las provincias que integran la OFEPHI, en particular Jorge Sapag, pretendieron presentar el tema como una cuestión de federalismo, es decir, como un supuesto enfrentamiento entre el centralismo porteño en detrimento de los intereses de las provincias.
Pero ese enfrentamiento es inexistente, la única disputa entre el Estado nacional y los provinciales, es para dirimir quién se queda con la potestad de negociar con los monopolios petroleros y, por ende, apropiarse de los beneficios (léase coimas) de tal negociación.
Más allá de la pirotecnia verbal de Sapag que, con un discurso federalista que exalta la neuquinidad pretende encolumnar tras de sí al pueblo de Neuquén, debemos decir claramente que, las petroleras ya tomaron la decisión de asegurarse la totalidad de los beneficios de la actividad petrolera (convencional y no convencional) y, que será el Estado y el gobierno nacional a su servicio, el encargado de concretarlo mediante una Ley Nacional de Hidrocarburos.
Como dice el ingenio popular “la sangre no va a llegar al río” o “entre bueyes no hay cornadas”; esto significa que, más allá de los discursos altisonantes, las provincias y la nación van a cerrar un acuerdo que les permita a ambos obtener prebendas que satisfagan sus ambiciones y, como siempre, será el pueblo trabajador el que pague con su sacrificio, la fiesta de sus explotadores.
Al menos esa es su intención. De nosotros, la clase obrera y el pueblo explotado, depende que impidamos la continuidad de este saqueo y que, seamos los únicos beneficiarios del disfrute de las riquezas que creamos a diario con nuestro trabajo.