Una vez más, desde nuestra página, volveremos a insistir sobre el carácter monopólico del Estado en su última fase de desarrollo capitalista. Y así será, las veces que sean necesarias en los momentos que la burguesía intente desvirtuar y tergiversar la realidad, para confundir y mentir con el objetivo de generar falsas expectativas a través de los medios de comunicación.
En estos días, el gobierno de los monopolios, anuncio a través del discurso de la presidente Cristina Kirchner, la supuesta “implementación de la ley antiterrorista a la empresa Donelley”, que sorpresivamente presentó quiebra, como otras tantas, dejando en la calle a 400 trabajadores. Y también el anuncio sobre “el tratado de una ley de abastecimiento con el supuesto objetivo, de controlar la especulación y la inflación de los precios”.
Un discurso viciado con aires de combatividad y de antimperialismo, con la intencionalidad de pretender mostrar a un Estado, “que tiene decisión política por fuera de los intereses monopólicos”, en un momento particular, donde por un lado el salario de los trabajadores argentinos se licua permanentemente, tras el galopante aumento de los precios y los servicios públicos, a través de los decretos dirigidos por las políticas de gobierno. Como también frente a una situación particular, donde se multiplican los conflictos obreros por infinidad de reivindicaciones y que en este último tiempo se intensificaron por las suspensiones y los despidos que aplicaron las patronales en muchas empresas en todo el país.
La empresa Donelley, como ya dijimos, no es más que una de las tantas empresas que han cerrado, presentando quiebra de forma impune y protegida por el Estado de los monopolios, estafando a infinidad de obreros, que cuando salieron a protestar, para lo único que intervino el Estado fue para reprimir a los trabajadores. Podríamos nombrar infinidad de casos, pero sin ir más lejos ponemos como ejemplo a las empresas EMFER y TATSA, que actualmente están en conflicto, y que sus delegados, no por casualidad, están con causas penales (véase nota de ayer).
El Estado, desde su nacimiento, fue una herramienta de opresión de una clase hacia la otra. Y a lo largo de su historia, acompañado por el desarrollo de los niveles de concentración monopólica en el mundo, la oligarquía financiera trasnacional, fue extendiendo su poderío, tras la fusión de los capitales bancarios e industriales, desplazando a las burguesías nacionales y cooptando los Estados en el mundo.
Por lo tanto, las leyes que se determinan desde el Estado, no son nada más ni nada menos que leyes promovidas por los intereses de los sectores de la oligarquía financiera a los que representa este gobierno de los monopolios, y son ellos mismos quienes así como determinan los precios de los productos, también determinan todas las políticas económicas y sociales, que les permita cuidar y controlar sus intereses y obtener aún mayores ganancias.
Por lo tanto, probablemente se aplique la ley de abastecimiento a una pequeña empresa, para controlarle sus precios, pero nunca se le aplicará a Monsanto, a Danone, o a las principales alimenticias del país, sino por el contrario, permanentemente se aprueba el aumento de precios, de sus productos.
En este mismo sentido, producto de la situación de movilización en nuestro país y en el mundo, el gobierno se ve obligado a mostrar una fachada progresista, a través de las políticas de derechos humanos, que tanto tocan de cerca nuestros sentimientos como pueblo. Políticas que son utilizadas de la forma más siniestra para ocultar el verdadero carácter fascista y explotador del estado monopólico.
Donde la represión a las protestas sociales y a los trabajadores que luchan por sus reclamos están a la orden del día, en un país donde ya hay más de 6.000 personas procesadas con causas penales, por luchar por mejores condiciones de vida. La ley antiterrorista, por más que la quieran dibujar de los colores que sean, tiene como única finalidad intentar frenar la inminente conflictividad social.
Por lo tanto, ley de abastecimiento y ley antiterrorista, no están hechas para controlar a los intereses de Monsanto, Danone, Cargill, Nestlé, VW, Ford, Chevron, Acindar, las mineras, las principales autopartistas, las petroleras, etc., etc., etc. Es decir, sería absurdo pensar que la oligarquía financiera promueva leyes, desde el Estado monopólico, para controlar a los monopolios. Son leyes, al igual que las otras que determina el Estado, para proteger los intereses de la oligarquía financiera e intentar oprimir aún más a la clase obrera y el pueblo.