La explotación, expoliación y opresión por parte de la oligarquía financiera a la clase obrera y al pueblo, es la esencia del capitalismo y a su vez del Estado capitalista que le da garantía y protección. En este mismo sentido, cuando el gobierno impulsa una ley desde el Estado de los monopolios, desde ya lo que están intentando es darle un marco formal y legal a las políticas que favorezcan a los negocios y a las ganancias de los monopolios. Y por más que las disfracen de populares o soberanas, esas leyes tienen como único objetivo, darle garantías y avales legales a los negocios de los monopolios.
Así como el gobierno impulsó la ley de abastecimientos, la ley antiterrorista, o la ley de impuesto a las ganancias y otras leyes, ahora le pone acento a la nueva ley de hidrocarburos, que es nada más y nada menos que una nueva ley aberrante y descarada en favor de las petroleras y de la apropiación de los recursos naturales de nuestro país en manos de la oligarquía financiera.
La ley de hidrocarburos es un nuevo engendro del gobierno de los monopolios, que viene a acomodar los negocios petroleros a su imagen y semejanza, para aumentar sus beneficios. Así explica el jefe de gabinete Jorge Capitanich, en su discurso, donde afirma que “la ley de hidrocarburos promueve la inversión y garantiza las reglas claras”, que desde ya se refiere a las reglas de la burguesía.
En el tiempo que el gobierno impulsó la creación de YPF estatal y Enarsa, fue en un pacto siniestro con la petrolera Chevron, con el objetivo de explotar la plataforma submarina, y así legitimar y ponerle todos los avales legales del estado, para la explotación de los recursos marítimos, llamados “offshore”. Hoy la oligarquía financiera prepara otro banquete, a través de los planes de explotación del yacimiento de Vaca Muerta, que representa hasta ahora uno de los mayores yacimientos de hidrocarburos no convencionales, descubiertos en el mundo. Pero que a su vez, su explotación también representa un nuevo desastre ecológico, por el “fracking” que es el método que se necesita para su extracción.
Por lo tanto el gobierno impulsa esta ley que está basada en dar más beneficios a las petroleras con este tipo de acuerdos: pagar menos regalías al Estado ya que antes pagaban sobre lo producido y ahora le ponen un tope del 18%. Se les extienden los años de concesión, donde serán con un piso de 35 años. El Estado pondrá los fondos para obras de infraestructuras. Libre importación de insumos no producidos en el país. Y también entre otras, la libre disponibilidad de divisas. Todo en el marco de lo anunciado por el jefe de gabinete, “para atraer inversiones”.
Mientras tanto, en el sur de nuestro país los obreros petroleros, luchan por sus reivindicaciones, cortando rutas, tomando los yacimientos y parando la producción. Mientras la burguesía y su gobierno, pretenden mostrarnos una realidad espuria, sólo de negocios y acuerdos por arriba, la clase obrera golpea en el corazón de sus planes y en el mismo marco donde intentan cocinar fabulosos negocios, los conflictos obreros no les dan respiro. El paro de trabajadores de SINOPEC y de la empresa OIL, semanas atrás, como el actual conflicto en la empresa San Antonio Internacional, en Cañadón Seco, por la incorporación de cuatro delegados despedidos más un pedido de re categorización, demuestra la otra realidad de nuestro país. Y fundamentalmente que el debate que hacen la clase obrera y el pueblo, no está ni en el parlamento ni en ninguna de las instituciones del Estado, sino que está en la calle y en la lucha.