El hospital Emilio Burgwardt, en la localidad de Longchamps, provincia de Buenos Aires, hoy al igual que muchos centros barriales de salud, se encuentra en un estado de decadencia, producto de las políticas de estado, que solo favorecen a empresas privadas y negocios multimillonarios. Este hospital que tiene mas de 50 años en el barrio, y cuenta con sala de terapia intensiva, internación, consultorios externos y hasta se realizaron partos inclusive, hoy se encuentra en un estado calamitoso, donde la mayor parte de los días está cerrada la puerta con llave por «seguridad».
En el año 2001 se instaló una antena de Nextel sobre el techo del mismo hospital. Desde ese momento en las cercanías se han podido constatar una cantidad alarmante de casos de cáncer, tumores, ACVs, y toda otra sintomatología proveniente de esta antena cuya peligrosidad y los problemas graves de salud que acarrea estar expuesto a sus radiaciones de microondas; con el cáncer a la cabeza, está ampliamente certificada y avalada por décadas de estudios sobre sus efectos. A pesar de lo cual, y sin tener ninguna de las dos habilitaciones necesarias; (de infraestructura del municipio ni de medio ambiente de provincia), la antena continua hasta la fecha siendo un símbolo del capitalismo. Un sistema que estructuralmente tiene al negocio y la ganancia como eje.
Y en nombre del cual se puede pasar -poder económico mediante- por arriba de cualquier ley, ordenanza municipal y principio ético; sin mayores miramientos. En un sistema que no tiene al ser humano como eje, es completamente lógico que una de las tecnologías más nocivas para la salud se instale en el techo mismo de un lugar donde va nuestro pueblo cuando se encuentra más vapuleado y debilitado en su salud.
Muchas veces también producto del ritmo de vida, el mal comer y el mal dormir que el Sistema nos impone para sobrevivir día a día, mes a mes, inmersos en la penosa rueda del trabajador asalariado. Como desde los estamentos judiciales a los que desde el 2001 se les solicitó competencia no se hizo nada por quitar esa antena (ilegal en toda regla), han tenido que ser los vecinos de Longchamps los que iniciaran la lucha real contra la empresa. Han tenido que ser vecinos los que hicieran relevamientos de la cantidad de casos alarmantes de enfermedades en la zona, los que han tenido que pasarse días enteros redactando y llevando notas y pedidos a cuanta instancia burocrática tiene el Estado en sus distintos niveles.
Han tenido que juntar miles de firmas. Han tenido que convocar a los medios de prensa, han tenido que realizar acciones de propaganda en la zona para organizar más fuerza popular y solicitar la solidaridad de otros sectores sociales e invertir mucho de de su valioso tiempo de descanso en reuniones para ver como avanzar. Y gracias a la sumatoria de todo aquello están consiguiendo por ese único camino, forzar las acciones, los discursos y las medidas que políticos y gobernantes, en más de 13 años no quisieron tomar. El letrado devenido en conjuez en diciembre del año pasado: Dr. Claudio M. Vazquez, quien fuera el apoderado y responsable directo del contrato con la empresa en su momento, les ha dicho a los vecinos en el día de ayer que «no sabría precisar quien es el responsable legal del hospital hoy». El contrato no lo quiere rescindir porque no piensa ir a juicio con Nextel y exponerse a perjuicios económicos- pero si invitó a los vecinos a iniciarle cuantas demandas quisieran.- Mientras cientos de enfermos sufren las consecuencias y varios vecinos lloran sus familiares muertos, este responsable directo, miembro del Poder Judicial, propone que se confíe en su palabra de no renovar el contrato a la empresa. Como toda solución.
En lugar de legitimarse en su cargo usándolo para luchar por el desmantelamiento inmediato de una antena, que a falta total de habilitaciones es ilegal en toda regla. Ya vemos las prioridades, los valores y las preocupaciones de los que tienen que hacer justicia. Y vemos como una empresa tiene reconocimiento de su fuerza y peso legal mientras estos letrados pueden ser prepotentes y soberbios ante el pueblo con esa seguridad de saber que el peso de la ley solo recae sobre los trabajadores. Sobre los que no tenemos un fajo de verdes sobre la mesa.
Por otra parte, luego de haberse recorrido todas las instancias previas, los vecinos aguardaban la firma del gobernador Scioli para dar su visto bueno a que el hospital se incorporase a los que componen el sistema lamentable de salud pública de la provincia. Y consiga así reabrir sus puertas. Firma que se informa ahora que no se verá en el papel. Lo que podría ser un hospital en toda regla se encuentra vaciado a causa de los desmanes realizados por intereses ajenos al pueblo y apenas abierto mediante el alquiler de consultorios a médicos privados. Una vez más vemos como los intereses de la clase obrera y el pueblo, hasta el derecho más elemental del acceso a la salud y el capitalismo no son compatibles.