Ni «gatillo fácil» ni «corrupción policial», los asesinatos y el maltrato policial son políticas de Estado

15/09/2015
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Ayer, 14 de setiembre, el diario La Capital de Rosario, dio a conocer que el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal denuncia que desde diciembre de 2014 a abril de 2015, hubo 187 casos de «abusos» de las fuerzas de seguridad en la provincia. También se menciona que el 43 por ciento tiene que ver con víctimas de entre 19 y 29 años, y un 12 por ciento con chicos menores de edad.

Respecto de los autores de las agresiones, el estudio señala tanto a policías como a miembros del Servicio Penitenciario, sin embargo es la policía la que se lleva la mayor cantidad de casos. Otro de los datos que se desprende del informe sostiene que el 72 por ciento de los casos de abuso policial se dan en la vía pública, y un 18 por ciento en las comisarías siendo más frecuente entre los sectores más pobres.

Además, a los frecuentes asesinatos policiales, dos de los cuales, de gran resonancia en los últimos tiempos cometidos contra Castro y Escobar (Ver nota del 02-09-2015 en esta misma página), hay que sumar ahora, que la semana pasada la policía de la localidad de Puerto San Martín, cercana a Rosario, mató a un joven, Roberto Arrieta, trabajador de una empresa de transporte, quien fue a denunciar que una motopatrulla lo había atropellado produciéndole heridas a él y a su novia quienes viajaba en una moto. Los jóvenes habían salido a comprar comida y circulaban sin cascos, cuando vieron un operativo policial de control, dieron la vuelta y emprendieron el regreso a casa. La motopatrulla los persiguió y los chocó de atrás haciéndolos rodar.

Frente a la Comisaría a donde habían ido a hacer la denuncia acompañados de familiares y amigos, al grito de «yo te voy a enseñar lo que es respeto» un policía le disparó a quemarropa a muy corta distancia provocándole la muerte delante de todos esos testigos. Sus colegas, inmediatamente lo protegieron de la gente.

Mucho se ha hablado de «policía de gatillo fácil», «corrupción policial» y calificativos que denuncian la violencia policial. Gran parte de la población usa dichos términos con buena intención y con carácter de denuncia, pero no falta el oportunismo con la directa intención de confusión emitida desde las usinas burguesas, desde el periodismo complaciente con el sistema e intelectuales difusores de la ideología burguesa gubernamental con el objetivo de desviar el problema o circunscribirlo a determinados sectores policiales «a los que hay que sanear».

En boca de estos señores «policía de gatillo fácil» pretende acotar el tema a supuestos excesos que deberían corregirse para que la policía funcione bien. Se ha comentado que la policía debe recibir mejor preparación y educación para el uso del arma a fin de solucionar estos temas. De la misma manera, cuando estos señores hablan de «corrupción policial», inmediatamente agregan que la policía gana poco y que hay que mejorarle los sueldos a fin de que no se vean tentados a ganar dinero delinquiendo.

Pero con esto intentan tirar la pelota afuera pretendiendo confundir al pueblo al que subestiman, ya que éste pasa de la desconfianza al odio contra la policía y las fuerzas de seguridad.

Categóricamente no se trata de «gatillo fácil» ni de «corrupción policial» solamente. Se trata de una política de Estado que se ve con claridad en la provincia de Santa Fe, gobernada por el falso «socialismo» y genuino oportunismo promonopolista y sobresale en otras grandes urbes como Córdoba, en el gran Buenos Aires y Capital Federal pero que, en realidad, se aplica en todo el país.

El objetivo es que las calles estén vacías de pueblo, generar miedo e inseguridad y desconfianza entre distintos sectores de las víctimas de la opresión burguesa, además de difundir y generalizar miedo a las fuerzas de seguridad para que puedan enseñorearse con impunidad y controlar a la población.

La corrupción no es policial sino estatal. Desde el Estado se proyectan todos los brazos interconectados de los negocios espurios de los monopolios. El aparato de justicia, y los organismos de seguridad están todos enlazados con los negocios más aberrantes como la drogadicción y el narcotráfico, la trata de personas, los fraudes de las supuestas deudas que todo el pueblo debe y trabaja para pagarla a supuestos acreedores (exportación encubierta de capitales ejecutada por la oligarquía financiera internacional para beneficio propio).

La policía y todas las fuerzas de seguridad no se sanearán nunca mientras dure el capitalismo agonizante, decrépito y en descomposición. Todo huele a podrido en este sistema y sus instituciones contienen ese hedor putrefacto imposible de sanear porque sale de sus propias entrañas. Las fuerzas de seguridad burguesas deberán ser eliminadas institucionalmente junto al Estado capitalista de la que son parte.

El ocupar las calles con la movilización y la lucha por nuestros derechos hacia la revolución es la única forma de meter freno a esta impunidad. Este pueblo deberá ir incorporando a sus luchas por el logro de sus reivindicaciones económicas, políticas y sociales, las formas organizativas que incluyan la autoprotección de las políticas estatales de agresión que los monopolios ejercen a través de las «fuerzas de seguridad».

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