Desde la promulgación, por parte del parlamento burgués, de la Ley Nº 24.635 (abril de 1996) que creó la “Instancia Obligatoria de Conciliación Laboral”, – conocida popularmente como “conciliación obligatoria” y su instrumentación por decreto en 1999 que introdujo la “obligatoriedad para la parte reclamante en un conflicto laboral de desarrollar una etapa durante la cual se intenta una conciliación”, no se establece en modo alguno la obligación de conciliar el reclamo, ni la solución a través de dictamen del Estado (Ministerio de Trabajo), del conflicto, ni la obligatoriedad por parte de la patronal del cumplimiento de los acuerdos firmados en la mesa de negociación, sino sólo somete a la mediación como etapa previa a la acción judicial.
Desde entonces esta tramposa ley, al ritmo de la lucha de clases, se ha convertido paulatinamente en una herramienta política de la burguesía para coaccionar al movimiento obrero en sus permanentes arremetidas por la recuperación salarial, el rechazo de los cambios en las condiciones de trabajo y los derechos de políticos de organización.
La experiencia de los trabajadores en las dos décadas desde la instauración de esta “institución” del Estado burgués, salvo excepciones donde la contundencia y masividad de la confrontación ha obligado a retroceder a los monopolios y a su gobierno de turno, ha producido derrotas coyunturales en las luchas de los trabajadores que inexpertamente, en razón de “la fuerza de la ley”, cayeron en la trampa de las burocracias sindicales al servicio de las empresas y de la llamada “izquierda” que permanentemente busca construir “corralitos” para contener a los trabajadores dentro de la institucionalidad del Estado de los monopolios.
Los resultados de esta “ley” están allí. Decenas y cientos de conflictos desgastados y degradados a su más mínima expresión, cientos de trabajadores en las puertas de las fábricas aun esperando que se cumpla una “ley” engañosa e inexistente que les permita reintegrarse a sus trabajos y miles de trabajadores descreídos de sus propias fuerzas por la acción de las lacras mercenarias dentro del movimiento obrero.
A los ojos de quien quiera ver está el heroico conflicto de Gestamp, en mayo de 2014, donde 9 trabajadores tomaron un puente grúa de la fábrica golpeando donde más le duele a la empresa, logrando la paralización de una gran parte de la producción automotriz nacional.
En esa oportunidad, el gobierno nacional y provincial, el ministerio de trabajo, el sindicato de SMATA, las fuerzas represivas, los medios de comunicación, etc., todos juntos, fueron contra la clase obrera. Pero sólo la farsa engañosa y tramposa de la “conciliación obligatoria” logró desmantelar el conflicto.
Esta escalada del uso político de la “conciliación obligatoria” por parte del poder ha ido desde su aplicación engañosa para terminar con conflictos hasta convertirse en una herramienta preventiva de convulsiones sociales.
En las luchas actuales de los monopolios El Tabacal, Ledesma y Tipoití la burguesía intenta, a través de esta figura jurídica, recluir a los trabajadores dentro de las cuatro paredes de las fábricas no sólo para derrotarlos en la lucha reivindicativas, sino también para evitar que la clase obrera ejerza su liderazgo en la latente unidad con el pueblo cosa necesaria para pasar a un escalón superior en la confrontación política con la burguesía monopolista.
Los luchadores obreros y revolucionarios debemos asumir como propia la experiencia de toda la clase en estos últimos años para poder afrontar políticamente la engañifa burguesa al tiempo que sostenemos el trabajo para la organización masiva, unitaria y democrática de todos los trabajadores para la lucha social, política y reivindicativa.