Cuando el gobierno de Macri promulgó el decreto (llamado de Necesidad y urgencia) sobre las ART, argumentó que estaba destinado a eliminar la industria del juicio.
El argumento es exactamente igual al esgrimido por todos los gobiernos anteriores sin excepción, para hacer reformas previas o preparar el terreno para hacer otras. Pero dicho argumento no se utiliza frente a los dictámenes internacionales sobre las deudas estatales (como ocurrió, sólo por citar un ejemplo, con los tenedores de bonos amparados por los dictámenes del juez estadounidense Griessa), o planteos judiciales ante rupturas de contratos (como ocurrió con Repsol, o el pago de 9.000 millones al Club de París, por ejemplo), en donde los bufetes internacionales de abogados ganaron millones de dólares que salen de las arcas del Estado al servicio de los monopolios que rápidamente transfiere dichos costos a los trabajadores y al pueblo, en forma de nuevos impuestos, tarifazos o baja generalizada del salario mediante el instrumento de la inflación.
Ahora, echemos un vistazo más específico al bendito argumento.
Los monopolios y gobiernos de turno llaman «industria del juicio» a la masividad de los presentaciones judiciales que hacen los abogados laboralistas contratados por obreros y empleados, por las injusticias que las empresas cometen contra ellos a quienes pretenden no resarcir en caso de muchas de las enfermedades profesionales derivadas de su actividad y, para los casos de accidentes, pretenden pagar cifras irrisorias como indemnización.
Un justificativo muy usual esgrimido por estos caraduras (funcionarios y empresarios) es que los abogados se llevan el grueso o gran parte de esas indemnizaciones y al trabajador siempre les dan sólo una parte de lo que el juez dictamina. ¡Qué loable preocupación la de los gobiernos y patrones! ¡Siempre velando por los intereses de los obreros y empleados!
Lo que no dicen estos cínicos es que lo que les preocupa es que el «costo laboral» presupuestado se sale de madres frente a los juicios y que luego, se les hace difícil trasladarlo a la baja del salario dada la respuesta que ello genera por parte de los obreros y empleados. También ocultan que, a pesar de los muchos abogados (cuervos inescrupulosos) que lucran con la miseria de los obreros y empleados, a través de los juicios se han logrado indemnizaciones que las empresas negaban y, de esa manera, los empleados y obreros han llevado (aunque no todo) más dinero a sus casas, y que sin los juicios, no se llevarían nada.
Pero veamos ahora lo de la masividad de los juicios.
Primero partamos de la relación entre el capital y el trabajo asalariado. Todos sabemos que un puñado de parásitos encapuchados bajo el manto de las sociedades anónimas (es decir, siendo propietarios de acciones sin denominación) ponen un capital gigantesco en manos de cientos y miles de trabajadores para producir y obtener ganancias. La propiedad privada capitalista de medios de producción establece esa lógica que se repite en todas las empresas, haciéndose más ostensible esa disparidad en las monopolistas que manejan los resortes fundamentales de la producción a lo largo y ancho del territorio nacional. Cuanto más grande es la empresa, más aguda es la relación entre el capital en pocas manos y la masividad de la mano de obra contratada, pues hay que contar no sólo la empresa llamada madre o central sino también todas las satélites que trabajan para ella o pertenecen al mismo grupo concentrado.
Qué queremos decir con esto. Muy simple: frente al capital, siempre la mano de obra es masiva. La lógica relación entre capital y el trabajo también se manifiesta en la «justicia» laboral. Los trabajadores son una masa frente al grupito de zánganos que constituyen los dueños del capital y, en consecuencia, la injusticia de un burgués genera cientos o miles de damnificados.
¿De qué se sorprenden frente a la masividad de los juicios? En realidad, no se sorprenden de nada. Lo que están cuestionando y queriendo borrar legalmente es la posibilidad de defensa de los trabajadores frente a la arbitrariedad de los monopolios y sus gobiernos, mediante la utilización de la legislación aprobada por ellos mismos. En eso radica la justicia burguesa: justicia para ellos e impunidad para someter a los trabajadores.
Simplemente, intentan sacarle a los obreros y trabajadores una herramienta que ellos mismos idearon como dique de contención frente a la prepotencia de la movilización y la lucha de años de generaciones de trabajadores contra las injusticias laborales a las que somos sometidos a diario por la burguesía, principalmente, por los grandes monopolios, y que los trabajadores empuñan, a falta de un instrumento mejor, para aminorar, aunque sea un poco, las arbitrariedades a las que son sometidos.
El decreto, está hoy en suspenso a expensas de lo que la Cámara de Diputados vote.
Otra reculada del gobierno (y van…) frente a la gran presión ejercida por la repulsa generalizada, el estado de ánimo y otros componentes de la lucha de clases que incide sobre la debilitada situación profundizando su crisis de gobernabilidad y la crisis política del poder burgués.