La página web del Ministerio de Trabajo de la Nación define de la siguiente forma al salario mínimo, vital y móvil: “De acuerdo a Ley de Contrato de Trabajo, el Salario Mínimo Vital y Móvil se define como «la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión». El valor del SMVM se determina en forma tripartita en el marco del Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil”.
En el día de ayer ese mismo ministerio, en forma unilateral y no tripartita como lo señala la ley, ya que las representaciones sindicales se retiraron ofendidas de la reunión (!!!), determinó que el salario mínimo subirá de los actuales $ 8.060 a$ 8.860 desde julio de este año, a $ 9.500 en enero y a $ 10.000 en julio de 2018.
El salario mínimo, vital y móvil determina en gran medida el salario que deben cobrar los trabajadores del llamado sector informal, es decir aquellos que trabajan en negro, sin aportes jubilatorios, sin obra social, cobrando (si es que cobran) horas extras y vacaciones en la ilegalidad absoluta. Estamos hablando de casi el 52% de la fuerza laboral en la Argentina, según un informe de la UCA presentado en diciembre de 2016. En números, significa que más de 10 millones de trabajadores están en esa situación.
Según el Ministerio de Trabajo $ 8.860 a cobrar en julio aseguran alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y
esparcimiento, vacaciones y previsión mientras la “línea de pobreza” fijada por el Indec es de $ 14.665.
Una muestra acabada de lo que venimos denunciando: la burguesía monopolista, desde el aparato del Estado a su servicio, pisotea su propia legalidad y pone el marco para que las empresas sigan ese ejemplo. Pepsico avisó a sus trabajadores con un cartel en la puerta de la planta el cierre de la misma; empresas como Wal Mart impulsan acuerdos particulares para llevar los actuales convenios a la baja; otras compañías, ante medidas de fuerza de los trabajadores, toman la decisión de considerar que esas medidas afectan su producción y, por lo tanto, las horas o días no trabajados no serán pagados en una clara represalia absolutamente fuera de la ley. El afán por recortar y por eliminar puestos de trabajo y avanzar en la productividad no conoce de fronteras legales para los monopolios y en ese camino están avalados por el respaldo político del gobierno y la complicidad de las gerencias sindicales.
Por lo tanto, la impresentable medida de llevar el salario mínimo a $ 10.000 recién en julio de 2018 es una señal más que el gobierno nacional envía a los capitalistas. El disciplinamiento político a los trabajadores se intenta no sólo con la amenaza del desempleo sino también con el chantaje de tener que salir a buscar trabajo por miserables 8.000 y pico de pesos.
Si ellos no respetan su propia legalidad, los trabajadores mucho menos debemos respetarla.
Nuestra legalidad es construir la unidad por abajo para no dejarlos gobernar, para presentar una batalla política abierta contra la política de los monopolios y su gobierno. Los trabajadores con nuestra masividad, nuestra democracia, nuestros métodos de lucha, nuestra participación en las decisiones y acciones a llevar adelante, estaremos ejerciendo la independencia política de toda tutela burguesa.
Debemos ejercer nuestro derecho a organizarnos y a luchar con las formas y los métodos que garanticen la defensa de nuestras reivindicaciones y conquistas, sin dejarnos encorsetar en los límites de una legalidad burguesa que, a las claras, no sólo ha dejado de ser ilegal por la propia acción de la clase dominante sino que, además, es absolutamente ilegítima ya que ataca la vida presente y futura de nuestras familias.
Si ellos vienen por nuestros derechos, vamos nosotros contra sus planes.