Ya nos hemos referido en varios artículos a la crisis que atraviesa la clase burguesa. Su situación es inestable y busca por todos los medios posibles equilibrar y dominar sus conflictos para perpetuar su dominación.
De este modo, apunta hoy en nuestro país a la flexibilización laboral, medida que no persigue otra cosa que empujar a la baja la masa salarial y aumentar la productividad, en desmedro del conjunto de los trabajadores, que hoy en Argentina se encuentran en una condición insostenible.
Hambre, desocupación y miseria son realidades que afectan a cientos de miles de compatriotas y los capitales, que los hay y de sobra, se concentran cada vez más en menos manos. El pueril argumento de la teoría del derrame, que promueve el enriquecimiento de los empresarios y de sus negocios para que toda esa ganancia “derrame” hacia el resto de las capas del conjunto social, se derrumba frente a la realidad cotidiana.
Por otra parte, la historia del movimiento obrero y de la lucha de clases en nuestro país es rica y combativa, y la burguesía lo sabe: por ello, busca poner a su alcance todos los medios posibles para dominar y domesticar a los trabajadores, planteando que la dirección económica asumida por el gobierno de los monopolios es “la única posible” para solucionar los problemas del país. (Lo es, desde el punto de vista del sistema capitalista).
Sin embargo, la lucha de clases se agudiza de manera directamente proporcional a cada avance que la clase dominante pretende dar en pos de sostener sus privilegios. Los conflictos se agudizan en vastos sectores de la población, en los barrios, en las fábricas. Los trabajadores cada vez más se organizan desde las bases, rebasando a los sindicatos corrompidos por el sistema capitalista, y en ese terreno cada vez se hacen escuchar más los planteos revolucionarios.
En este contexto, el gobierno de los Ceos de Cambiemos propone toda una serie de medidas en contra del pueblo: más ajuste, más tarifazos para que las empresas monopolistas sigan recaudando y engrosando sus ganancias, y la pretensión de infundir temor a la población por intermedio de la represión de las protestas sociales. En este contexto, se agrega ahora la grave cuestión institucional de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, de la cual el Estado de los monopolios es responsable.
Nos queremos referir, en el contexto político de esta nota, a un “caballito de batalla” de la actual administración burguesa: la expansión de la obra pública, panacea que, se supone, apunta a la reactivación de la economía al potenciar a uno de sus clásicos motores, la construcción. Partimos de un concepto fundamental: toda supuesta mejora, todo plan económico o medida que tomen los gobiernos de la burguesía, serán pensados e implementados con el único propósito de engrosar la cuota de ganancia de los empresarios y seguir afirmando la explotación de los trabajadores. El impulso a la obra pública no es en este sentido una excepción.
Así como en los lejanos años de fines del siglo XIX las obras de infraestructura –caminos, ferrocarriles, instalaciones portuarias- respondían a las necesidades del modelo agro exportador y a la inserción de la Argentina en el mercado mundial como productor de materias primas, hoy una buena parte de la obra pública apunta a generar y/o mejorar las condiciones materiales para el traslado de la producción a los centros de consumo, acopio y exportación. Las mejoras en los caminos, el mejor funcionamiento del transporte público de pasajeros, la construcción de puentes, el asfaltado de calles, no apuntan a otra cosa más que a disciplinar a la clase trabajadora, a optimizar los tiempos de recorrido hasta los lugares de trabajo, mejorar en apariencia las condiciones de vida del pueblo laborioso, pero con el único afán de domesticarlo para que pueda pasar más tiempo produciendo, soportando mayor exigencia y los salarios a la baja.
Pero la cosa no termina allí. Es tal la anarquía de la producción, que en la vorágine de obtención de ganancias rápidas para los monopolios “amigos” del gobierno de turno, se producen todo tipo de derroches. En el caso puntual de la promoción en logística se incentiva, por ejemplo, el traslado de mercancías en camiones en desmedro del ferrocarril, medio mucho más económico. En esa misma vorágine también se destinan millones de pesos en obras completamente improductivas, que son solo una excusa para transferir recursos del Estado a determinados grupos económicos.
Cualquier propuesta o determinación que provenga de la clase burguesa, jamás va a beneficiar a los trabajadores, por más que así lo parezca. Si realizan obras en logística, es porque lo necesitan para mejorar el flujo comercial y para poder retener al trabajador más horas en la fábrica. Por otro lado, una gran parte de la obra pública es en realidad solo una excusa para apropiarse recursos del Estado. Lo que ellos llaman “inyectar” la economía, no es otra cosa que garantizar ganancias para el gran capital con los impuestos de todo el pueblo.