Las prestaciones de la seguridad social vuelven a estar en la mira del Estado de los monopolios y sus planes de ajuste. Vamos a analizar por partes esta cuestión crucial, que afecta a un sector muy vulnerable de la población, y muy castigado desde hace décadas, pues los haberes mínimos han sido históricamente bajos, dejando a la mayoría de los jubilados por debajo de la línea de pobreza.
Primera cuestión: el gobierno de Macri propone que los haberes de jubilados y pensionados comiencen a actualizarse según el índice de inflación, cuando hasta ahora, si bien el sistema se mueve en la absoluta precariedad, el pago se ajusta según la evolución de la recaudación impositiva y de los salarios. Con el nuevo sistema los jubilados quedarían ubicados en una zona de más profunda precariedad. Lo que busca el gobierno con esta medida, es simplemente reducir sus erogaciones.
Segunda cuestión: se evalúa correr los límites de la edad jubilatoria. Esto está entre los planes de reforma del gobierno. La extensión de la edad jubilatoria implica que haya menos jubilados y más aportantes. Con ello, se eleva el monto de la recaudación para la Administración Nacional de la Seguridad Social, caja que históricamente ha sido asaltada por los diferentes gobiernos de turno que, como bien sabemos, responden a los dictámenes de los grupos más concentrados de la economía. El planteo es claro: seguir recaudando y disponer de más dinero para hacer sus negocios desviando esos fondos, a costillas del esfuerzo de la clase que trabaja y produce, y es despojada por la clase parasitaria y que nada produce. El dinero de la ANSES ha sido utilizado para beneficiar a los grupos económicos a través de subsidios otorgados por el Estado, regímenes de promoción industrial, o simplemente robo liso y llano, que se ha implementado en el marco de la patria contratista o de la patria prebendaria. En el caso que estamos tratando, gracias en buena parte al aporte de los trabajadores al sistema previsional. Dinero del pueblo laborioso destinado a los intereses espurios de la burguesía.
Tercera cuestión: esta se refiere al fin del sistema de moratorias. Hasta ahora, una persona que llegaba a la edad requerida para jubilarse pero no contaba con los años de aportes necesarios, podía acogerse al sistema de moratoria por medio del cual se le descontaba de su haber jubilatorio, mes a mes, una cantidad mínima hasta completar la deuda con el sistema. Ahora lo que se propone es la nueva pensión para el adulto mayor o la vejez, creada el año pasado con la ley llamada de reparación histórica. Dicha pensión se comienza a cobrar a partir de los 65 años, tanto para hombres como para mujeres, sin necesidad de contar con aportes previsionales. Esta pensión, actualmente ronda los 5.800 pesos. Es decir, menos de la mitad de lo que un adulto mayor necesitaría para sobrevivir de manera medianamente digna. Tengamos en cuenta que la jubilación mínima está actualmente en los 7.400 pesos, con lo cual el gobierno produce un ahorro «interesante» del 21,62%.
Claro recorte de gastos que van en la línea de las pretensiones de los organismos internacionales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que el dinero para la reparación histórica sale de los fondos del ANSES. Éste a su vez invierte ese dinero con los aportes de los trabajadores activos. Una parte de esas inversiones correspondían, por ejemplo, a la empresa SolvayIndupa, cuyos activos fueron vendidos a la química Unipar Carbocloro (empresa que forma parte del grupo Brasquem, el cual, a su vez, conforma Odebretch) a un precio inferior al de mercado, constituyendo una pérdida para los fondos de la ANSES en más de 1.1 millones de dólares.
La intención es clara: cae, una vez más, sobre la espalda de los trabajadores que padecieron de la informalidad laboral o el desempleo la responsabilidad de trabajar más años para sobrepasar el límite de la edad requerida para no caer en la moratoria y poder percibir, aunque sea, la jubilación mínima. Se habla de una línea de corte de 15 años de aporte, por debajo de la cual se cobraría la pensión y, si la misma es sobrepasada, se incrementaría el haber de manera proporcional a los años de aporte. Ignominiosa precariedad laboral y extorsión para el pueblo trabajador.
Todo apunta al deterioro del sistema previsional para que se les pague menos a nuestros jubilados, que en la gran mayoría de los casos ha desempeñado sus tareas en condiciones de absoluta precariedad, con bajos salarios y en condiciones de daño para su salud física y mental.
Debemos enfrentar esta iniciativa del gobierno de los monopolios, que va en concordancia con la reforma laboral en ciernes. Creemos que la movilización en las calles, el debate permanente en los lugares de trabajo y la lucha de los trabajadores constituyen el camino para ponerle un freno a un Estado burgués, que pretende extremar las condiciones de la explotación para todo el pueblo trabajador.